El Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual estará terminado antes de 2019. Así lo confirmaron a Perfil fuentes del ministerio de Justicia, a un año del anuncio por parte del Gobierno nacional para que comience a funcionar.
“Es un tiempo razonable. No se puede poner en marcha de la noche a la mañana. Acá no te podes equivocar”, aseguró el subsecretario de Asuntos Registrables del Ministerio de Justicia, Martín Borrelli.
La iniciativa, que tiene por fin la confección de bases de datos para el esclarecimiento de investigaciones judiciales vinculadas a delitos sexuales, fue impulsada por la las Madres del Dolor y sancionada en 2013. Tras años de estancamiento y luego del asesinato de Camila García en abril de 2017, el Ejecutivo anunció su impulso y finalmente fue reglamentada a través del decreto 522/2017.
Según pudo saber este sitio, hasta el momento el proceso se encuentra en la fase de acreditación de los laboratorios y el entrecruzamiento de datos para identificar a cada uno de condenados con sentencia firme que hay en el país y a quienes se les tomarán las muestras.
“Va a ser utilizado siempre que un juez o fiscal lo requiera. No es para ventilar ni estigmatizar a nadie”, detalla Isabel Yaconis, mamá de Lucila, asesinada en 2003, tras resistirse a una violación en el barrio de Nuñez.
Cifras. Según datos de la Subsecretaría de Asuntos Registrables, en la Argentina hoy son 21 mil los condenados con sentencia firme por delitos sexuales, crímenes que van desde violaciones hasta casos de exhibicionismo. De ellos, más de 5 mil se encuentran en prisión y los otros 15 mil tienen libertad condicional, anticipada o prisión domiciliaria.
Para poder tomarles muestras genéticas, la subsecretaría de Asuntos Registrables debe ubicarlos y citarlos mediante la justicia de cada provincia. “Los cinco mil que están presos ya están todos localizados. El problema son los otros 15 mil porque están distribuídos por todo el país y es gente que cuando salió de prisión dio un domicilio ante el Servicio Penitenciario, pero que tal vez se mudó tres veces”, asegura Borrelli.
“Tenemos localizados una cantidad de condenados ambulatorios y estamos ya previendo para el segundo semestre de este año empezar a obtener las muestras. Es un trabajo que lleva su tiempo”, detalla. Para esto, en la actualidad se acreditaron seis laboratorios que dependen del Ministerio Público Fiscal, Gendarmería y Prefectura en diferentes provincias.
Con esta información ua vez terminada, se comenzará con la confección de dos bases: una con los datos genéticos de las personas; y la otra con las evidencias que se obtengan de las escenas del crimen, como pelos, sangre, semen y otros flujos.
Para poder cruzar estos registros, se utilizará un software provisto por el FBI e impulsado por el Ministerio de Seguridad llamado CoDIS, que funcionará en conjunto con otro desarrollo nacional, denominado GENis e impulsado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se espera que en agosto, efectivos del FBI lleguen al país para la instalación y capacitación de los empleados.
Yaconis, por su cuenta, no pierde las esperanzas. Hasta el momento, la causa de su hija sigue abierta. El 21 de abril de 2003, Lucila caminaba a su casa en el barrio de Nuñez cuando un agresor intentó violarla y la mató a golpes. El semen de su asesino quedó en su ropa interior, pero los cotejos de ADN, más de ochenta, nunca alcanzaron para señalar a nadie.
"Acá hay un NN que podría en algún momento caer. La base de datos sería una gran fuente. Hasta ahora no hubo nada postivo pero las esperanzas no las pierdo", concluye
