En las últimas horas se realizó la primera jura de un defensor público de las víctimas, un hecho considerado histórico para la justicia federal. Se trata Carlos Nicolás Escándar, que trabajará en la provincia de Salta, quien juró, de manera virtual, frente a la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.
Escándar y los próximos defensores de víctimas que asuman las mismas funciones, constituirán un total de 24, uno por cada provincia y otro por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Las juras tendrán lugar a medida que el Senado de la Nación apruebe los pliegos y el Poder Ejecutivo dicte los decretos de designación.
La función de estos nuevos defensores apunta a un rol jurídico y social de relevancia, al garantizar el acceso a la justicia de aquellas personas que sean víctimas de delito y se vean limitadas de ejercer sus derechos, en razón de su carencia de medios o por poseer alguna otra condición de vulnerabilidad. La Defensoría de víctimas dependerá de la Defensoría General de la Nación.
En su discurso previo a la toma del juramento, la defensora general de la Nación sostuvo que "este es un día histórico para el Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) y para el país porque asistimos a la jura del primer defensor público de víctimas. Esta es una figura pionera que no existe en los sistemas de justicia de ninguna provincia ni en ningún otro lugar de Hispanoamérica."
La defensora agregó que "desde hace tiempo se reclamó la presencia activa de las víctimas en los procesos penales, a quienes por mucho tiempo se les asignó un rol de objetos de prueba; las víctimas más vulnerables que no podían pagar un abogado normalmente no eran escuchadas, eran ignoradas, no se las tenía en cuenta. Esta nueva figura tiene una misión fundacional en la ampliación de los derechos de las víctimas y en favorecer su acceso a la justicia".
Cómo nació el cargo
La figura de los defensores públicos de las víctimas surgió en 2017, con la aprobación de la ley 27.372 de los Derechos y Garantías de las Víctimas de Delito. Allí se estableció que las personas que sufren un delito tienen derecho a ser asesoradas, acceder a la justicia, recibir protección y a ser escuchadas durante el proceso penal y en la etapa de ejecución de la pena. Para eso, los legisladores previeron que las víctimas que no tengan medios económicos o que por algún otro motivo sean vulnerables cuenten con asistencia jurídica gratuita, que incluye los servicios de un abogado para defender sus derechos y para ser querellantes.
La ley no sólo contempló la creación de los cargos de defensor público de la víctima dentro del MPD sino que también previó que los magistrados reciban la colaboración de los defensores públicos coadyuvantes del organismo, para asegurar una efectiva prestación del servicio.
En agosto de 2017, poco después de la sanción de la ley, desde la Defensoría General se realizó la primera convocatoria a los concursos para designar a los defensores oficial de las víctimas. En tanto que al año siguiente Martínez estableció los criterios de intervención del MPD para el ejercicio de esa función. Así, para dar cumplimiento a la ley, se fijó que cada solicitud de patrocinio sería evaluada teniendo en cuenta la limitación de los recursos económicos o vulnerabilidad de la persona peticionante y la especial gravedad institucional de los hechos denunciados.
No es la primera vez que la Defensoría General se ocupa de las víctimas. Antes de la existencia de la ley 27.372 y en cumplimiento de recomendaciones de distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, desde 1999 la Defensoría General de la Nación ya contaba con el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos a través del cual el organismo vino garantizando hasta el día de hoy la representación legal de víctimas de delitos. Sobre eso expuso también Martínez al momento de finalizar su exposición, cuando detalló que "ya en la Defensoría General de la Nación hace muchos años que tenemos patrocino para víctimas de ciertos delitos. Pero la figura del defensor de víctimas es mucho más fuerte, habrá una experticia mayor en el tema; deberán formar una jurisprudencia y una práctica que aún no existe, porque no teníamos defensores especializados en la temática. Por eso hoy es un día tan especial para las víctimas, para el Ministerio Público de la Defensa como institución, y para el país".
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