El salvataje de Correo Argentino SA promete ser un proceso espinoso para la familia del ex presidente Mauricio Macri. El primer informe de la interventora de la compañía, presentado ante la jueza Marta Cirulli, del fuero comercial, volvió a complicar a los ex administradores que responden a los Macri, desplazados por orden judicial en marzo último.
La interventora señaló que Correo sufre “impotencia patrimonial crónica” y que sus ex administradores no pudieron supuestamente justificar la totalidad de los pagos a proveedores. Los representantes de los Macri son investigados por el supuesto desvío de fondos de Correo a otras empresas de la familia, acusación que niegan.
Además, la interventora sostuvo que la empresa no cuenta con fondos propios ni para pagar los salarios de tres empleados; y que los balances comerciales deberán ser auditados para poder avanzar con el salvataje de Correo, según consta en el expediente.
Socma apunta a la jueza del caso Correo para cesar la intervención
El salvataje o cramdown implica que la empresa deberá ser adquirida por terceros, que además deberán solventar las deudas con el Estado y el resto de los acreedores. El cálculo del Ministerio Público Fiscal estableció que, en 2017, que la deuda de Correo ya superaba los $ 4 mil millones.
La jueza del caso ordenó este viernes abrir un registro para que todo aquel interesado en adquirir la compañía. Pueden inscribirse incluso otras compañías de los Macri para adquirir las acciones, algo que en los tribunales no descartan que suceda, según explicó una fuente del caso.
Correo está en desacuerdo con la intervención de la compañía y el desplazamiento consecuente de sus administradores, y apeló la designación por sorteo de la actual interventora. Además, reclama judicialmente supuestas deudas del Estado con la compañía por la estatización del servicio postal en 2003.
Vuelven a reclamar a la Justicia que apure la resolución en la causa Correo
Para poder proceder con el salvataje y dar una resolución al caso -que lleva 18 años-, la intervención debe fijar el valor actual de las acciones de Correo, que en su mayoría están en poder de Socma (Sociedades Macri), según el escrito al que accedió PERFIL. Para valuar la compañía, la interventora solicitó que se auditen los balances de Correo, declarados por la Inspección General de Justicia (IGJ) como “irregulares e ineficaces”, y así se pueda determinar cuánto deberán desembolsar los nuevos dueños de la empresa.
Otro punto es analizar cómo los ex administradores manejaron los fondos de Correo, que debían reservarse para el pago de sus deudas. Según la interventora, los documentos entregados por la empresa para analizar sus gastos son “insuficientes” y no le permitieron “justificar su causa ni valorar la contraprestación” de algunos de los proveedores informados por los ex administradores, incluyendo el pago de honorarios a 15 personas.
Por eso, la jueza Cirulli intimó a los representantes de los Macri para que entreguen la totalidad de los respaldos contables, contratos y facturas que permitan entender si los gastos realizados por los representantes de los Macri están justificados o encuadran en un posible vaciamiento de la empresa. Los ex administradores de Correo niegan haber cometido delitos o haber desviado fondos de la compañía.
