Hoy, 23 años después, sólo dos cosas sabemos con certeza: que el 18 de julio de 1994 volaron la AMIA causando 85 muertos y centenares de heridos, y que desde los más altos estamentos del Estado se propició una actividad sistemática de encubrimiento de la mecánica de los hechos.
La causa del atentado a la AMIA es, desde la foja 1, el más increíble muestrario de la actividad delictiva de funcionarios y personajes influyentes, encaminada a limpiar las huellas y evidencias, y a construir una historia falsa para cerrar el expediente y dar una “explicación” a la sociedad. En ese camino, se tiraron los restos de la explosión al borde del Río de la Plata; se omitió preservar la zona del desastre; se plantaron pistas falsas; se perdieron pruebas; se borraron grabaciones telefónicas a sospechosos, mientras además se “extraviaron” las transcripciones -por duplicado- obrantes tanto en la SIDE como en la Policía Federal (algunas realizadas a sospechosos iraníes antes y después del atentado). Se quemaron cintas de filmaciones. Se suspendieron escuchas judiciales y allanamientos, sin dar razón. Se coaccionó a testigos para que callaran y a otros para que mintieran y, a uno de ellos, el entonces preso Carlos Telleldín, se le compró una declaración falsa por casi medio millón de dólares.
Todo ese coherente accionar no puede sino obedecer a una lógica superior, impuesta por necesidades ajenas a la verdad. Una verdad que puede resultar intolerable para el público, y a la vez afectar la diplomacia secreta de varios países.
Se persiste en tratar el atentado a la AMIA como un evento a-histórico, desconectado de lo que por aquellos años ocurría en nuestro país, y de los otros dos tremendos atentados perpetrados en los ´90 (Embajada de Israel y Rio Tercero).
Lo cierto es que desde unos meses antes del atentado a la Embajada, en marzo de 1992, y hasta unos meses después del atentado contra la AMIA, en julio de 1994, un gigantesco operativo clandestino de transferencia de armamento se desarrolló desde el puerto de Buenos Aires hacia los Balcanes, bajo directivas de Carlos Menem. El presidente peronista, reconvertido al neoliberalismo y bajo una política de sumisión al gobierno norteamericano, realizaba el trabajo sucio que los Estados Unidos no podían asumir: el contrabando de armas y explosivos para Croacia y los musulmanes bosnios apoyados y financiados por Irán, operativo que violaba el embargo dispuesto por la ONU para la región.
Se acusa a Irán de haber puesto la bomba, pero se prohíbe investigar los negocios de armas con los iraníes realizados en la misma época.
Triangulaciones de armas israelíes y norteamericanas para Irán se llevaban a cabo con participación argentina desde la década anterior, en el marco de la guerra que enfrentó a Irak e Irán entre 1980 y 1988. Así fue que otro 18 de julio, pero de 1981, fue derribado por cazas soviéticos un avión de carga de Transporte Aéreo Rioplatense (TAR) piloteado por el capitán argentino Héctor Cordero. Era uno de los vuelos de la TAR, cargados de armas israelíes para Teherán. Luego, unos años antes de los atentados, fueron los propios norteamericanos quienes -a cambio de liberación de rehenes y de dinero negro para la “contra”- enviaron armas a los iraníes. El 3 de noviembre de 1986, el periódico libanés Ash-Shiraa reveló el tráfico clandestino de armas entre los Estados Unidos e Irán, dando comienzo al escándalo conocido como “Irán-contras” o “Irangate”.
En 1992 el presidente George Bush -ex jefe de la CIA- indultó a los funcionarios que habían sido condenados por el “Irangate”. Y no dejó de mostrarse sonriente con su “gran amigo”, el presidente argentino Carlos Menem. Todo volvía a comenzar.
*Abogado, escritor y periodista. Autor de Brindando sobre los Escombros-La dirigencia judía y los atentados: entre la denuncia y el encubrimiento, y La Explosión (Sudamericana).
Amia: la trama de las armas
