En la Cumbre de Seúl de noviembre de 2010, el G-20, del que Argentina es parte, asumió obligaciones ante la lucha contra la corrupción.
Los países deberán llegar a la Cumbre de este año con medidas concretas de colaboración intergubernamental para lograr formas efectivas de búsqueda, congelamiento y recuperación de activos obtenidos ilegalmente en un país y transferidos a otro. A finales de 2012, cada país deberá contar con un mecanismo eficaz de protección de denunciantes y testigos de hechos de corrupción y la conformación de una agencia anticorrupción autónoma de los poderes políticos. Por último, deberán demostrar los esfuerzos realizados para cumplir con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Argentina no se ajusta en la actualidad a ninguno de esos requisitos. Los fiscales y jueces no cuentan con capacidad técnica ni voluntad política de rastrear los fondos existentes en el exterior. Ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo han mostrado en los últimos años ninguna intención de promover mecanismos de protección de denunciantes y testigos de hechos de corrupción; y el funcionamiento actual de la Oficina Anticorrupción muestra la escasa vocación de investigar estos delitos.
Por otra parte, Argentina está siendo evaluada en el marco del proceso de seguimiento de la Convención de Naciones Unidas. Una de las deficiencias que deberá justificar es la impunidad casi absoluta en la persecución de los delitos económicos. También deberá explicar los motivos por los cuales se está produciendo un notable retroceso en el acceso a información pública por parte de la ciudadanía.
Muchos países se oponen a la permanencia de Argentina en este ámbito internacional privilegiado. Si nuestro Estado no adopta la decisión de mejorar sus políticas de transparencia y anticorrupción, les otorgará los argumentos necesarios para excluirlo y así perder una oportunidad única de ser más prominente en la escena global.
*Co-director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. (ACIJ).
