El fallo de la Corte Suprema golpeó políticamente al Gobierno y agitó las aguas dentro de Cambiemos. Mauricio Macri se reunió con parte de su mesa chica para replantear la estrategia futura con la mira en las audiencias. En el encuentro participaron la vicepresidenta Gabriela Michetti; el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el secretario de Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria, Mario Quintana, y el secretario de Gabinete, Gustavo Lopetegui. Macri, a quien la decisión judicial malhumoró, les solicitó no perder de vista ningún detalle, y en el entorno de los presentes aseguraron que el Presidente “dio vuelta la página” sin rencores. Pero ¿qué sucedió realmente y cómo quedaron los ánimos dentro del Gobierno?
Lo primero que hay que resaltar es que, dentro del Gobierno, el fallo de la Corte significó un triunfo del ala política sobre el ala técnica. En el primer grupo se inscriben Rogelio Frigerio, Alfonso Prat-Gay, Emilio Monzó y algunos rescatan a Quintana, de quien aseguran: “Tiene más sentido común que su par Lopetegui”. Del otro lado, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y sus asesores, Lopetegui y la Secretaría Legal y Técnica cometieron un grueso error de apreciación y manifestaron una increíble negativa a reconocer la validez de la información que provenía de fuentes de la Corte que alertaban sobre el contenido de su fallo. Marcos Peña jugó como un engranaje conciliador entre ambos grupos, intentó hacer equilibrio, pero con una tendencia a llevar agua para el molino del ala técnica. En tanto, la vicepresidenta Gabriela Michetti buscó algo similar haciendo lo propio a favor del ala política.
“La Corte interpreta realidades políticas y el ala técnica del Gobierno tenía una visión distorsionada de la realidad. No comprendieron en ningún momento que, tal como se estaban haciendo las cosas, tenían todo para perder y nada por rescatar”, aseguró una fuente de Cambiemos de peso en el Congreso. Una vez conocido el fallo, bastó con mirar algunas caras para darse cuenta del reparto entre ganadores y marginados.
Una vez más Elisa Carrió escribió un párrafo aparte y fue blanco de las críticas internas. “Ultimamente se monta sobre los resultados. Marcó posición cuando ya llovían los amparos, y encima salió a hacer alarde de ello públicamente”, se quejaron cerca del Gobierno.
En la UCR se dibujaron varias sonrisas. Pero existe dentro del partido un malestar por su actuación institucional, como conjunto: “Más allá de cuatro o cinco individualidades que marcaron la necesidad de las audiencias públicas, hubo un silencio generalizado puertas afuera”, puntualizó un legislador que conoce lo que allí está pasando. El otro ganador es, sin dudas, Ernesto Sanz. “Cuando en los comienzos planteó un gran acuerdo partidario y parlamentario junto con el PRO, lo sacaron carpiendo. Ahora desde el Gobierno están hablando de acuerdos políticos y de un pacto federal energético”, dice entre lamentos y sonrisas una fuente de la UCR que se había anticipado a los hechos.
Dentro del ala política de Cambiemos creen sin embargo que, a pesar del revés judicial, la Corte terminó salvando la ropa del Gobierno al indicarle el camino a seguir no sólo en el tema del gas sino también de los servicios de agua y electricidad. De no ser así, esto se volvería a judicializar.
Casos K. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques consideran a los Kirchner responsables de los delitos de defraudación contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Pidieron al juez federal Julián Ercolini que cite a indagatoria a la ex presidenta y a otras 33 personas, entre las que están Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el empresario Lázaro Báez, Martín Báez, uno de sus hijos, y Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente fallecido, quien fue subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal de la Nación.
“Hubo una matriz sistemática de corrupción que beneficiaba a empresarios amigos con la adjudicación de obra pública”, aseguraron en Comodoro Py. En este caso los fiscales pusieron la lupa en Lázaro Báez y su entorno, y en la provincia de Santa Cruz como escenario. Pero hay más. Austral Construcciones realizó obras en otros puntos del país. Pero el feudo del kirchnerato bastó para probar los casos más escandalosos. A Báez se le adjudicaron contratos con fondos públicos por más de 16 mil millones de pesos, lo que significó el 80% de las obras adjudicadas en esa provincia. Recibió 11,2% del presupuesto total, lo mismo que otras ocho provincias juntas.
Para los fiscales, los alquileres de los hoteles podrían haber sido “un retorno” pagado por Báez. Pero saben que el supuesto “retorno” es materia del caso Hotesur. Según Pollicita y Mahiques, entre 2008 y 2013 Báez aportó mediante la explotación y el alquiler del hotel Alto Calafate una cifra cercana a los cuatro millones de dólares y 12 millones de pesos a las arcas de los Kirchner.
Sin dudas, Hotesur es lo que viene y hay suficientes elementos para probar que los hoteles eran parte del circuito para blanquear dinero de la corrupción. Pero es posible ir más allá. En el entorno de la fiscalía aseguran que se está trabajando en una hipótesis que sostiene que “Lázaro es Cristina, que el empresario por sí mismo no es nadie, pero que prestó su nombre voluntariamente para generar un escudo entre la propia Cristina y las maniobras con los hoteles que le permitiría a la ex presidenta y su familia blanquear mucha más plata”. Viendo cómo se formaron las empresas y los vínculos, es probable llegar a la conclusión de que Lázaro es la pantalla.
Un detalle no menor, hasta ahora desconocido, de la mecánica empleada: la cúpula eran Néstor y Cristina, De Vido y López eran ejecutores, pero los Kirchner eran tan desconfiados y tan básicos que ponían familiares a fiscalizar que todo se cumpliera. Ese era el rol de Carlos Santiago Kirchner para que no se cortaran solos De Vido y López. El primo de Néstor era subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal de la Nación y actuaba como un veedor que controlaba que todo negocio con la obra pública terminara en Báez.
La semana terminó con el impacto del caso de corrupción que involucra a quien se venía desempeñando como director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. Nombrarlo fue un craso error. Echarlo, un rotundo acierto que produjo alivio dentro y fuera del Gobierno.
Producción periodística: Santiago Serra.
