*Miembro del Consejo de Gobierno de Unesco-Iesalc.
La educación y la universidad necesitan reformas; de eso no caben dudas. El contenido y las formas para esas transformaciones deben ser una construcción que facilite consensos que cambien no solo aspectos formales, sino también la realidad.
En un país en el que, durante 2023, se dictaron casi doscientos DNU, es bueno que el Parlamento trabaje y discuta un proyecto de ley, independientemente de sus particularidades. La ley ómnibus incorpora modificaciones al sistema educativo en su conjunto y en particular al sistema universitario, lo hace con errores, refiriéndose a universidades privadas cuando se trata de instituciones estatales, pero al margen de eso, lo cierto es que se pretende modificar aspectos relevantes, como por ejemplo: políticas de ingreso, arancelamiento a estudiantes extranjeros no residentes, convenios internacionales, evaluación institucional, distribución presupuestaria, privatización de emisoras universitarias.
Claramente estas propuestas afectan principios constitucionales como los de igualdad de trato y oportunidades, trato nacional, autonomía, autarquía y gratuidad.
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Del proyecto se observan consignas que no son novedosas, y aquellas que lo son no son buenas o, por lo menos, no apuntan a resolver los problemas centrales de la educación superior en la Argentina: falta de articulación con el resto del sistema, deserción, baja graduación, en especial en carreras estratégicas, mejoras en el aseguramiento de la calidad, deficiente financiamiento, poca internacionalización, entre otros.
Por ejemplo, la posibilidad de la incorporación del arancel a extranjeros. No se puede desconocer que nuestro marco constitucional fomenta la inmigración y garantiza el trato igualitario entre quienes nacimos aquí y quienes no, sin exigencia de reciprocidad. De allí que, si la Constitución Nacional no discrimina en la incorporación del principio de gratuidad de la educación estatal, una ley tampoco puede hacerlo.
El principio de trato nacional establece que se le debe al extranjero similares derechos que a los nacionales, sin privilegios ni discriminación alguna. Esto constituye la base del derecho a la igualdad de trato y oportunidades en el plano internacional. Así lo fijan nuestra Constitución y los compromisos asumidos por el Estado argentino “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
Dato mata relato. Según las últimas estadísticas oficiales, solo el 3,7% de todo el sistema universitario son estudiantes extranjeros de pregrado y grado. El grueso de estos estudiantes cumple con la residencia permanente, ya que el cursado de las carreras de grado (que tienen como mínimo cuatro años de duración) así lo exige, por lo que no sería aplicable prácticamente a nadie.
Hoy las migraciones académicas y profesionales son vistas favorablemente, de allí que el avance hacia la gratuidad es global. Los países desarrollados, además, se esfuerzan con becas en captar talento ajeno. Aquí vienen a estudiar, pero a su vez traen dinero, pagan impuestos, alquilan, compran; de hecho, estudios realizados por la UBA marcan que en CABA los migrantes académicos contribuyen económicamente más de lo que el Estado aporta en su educación. Esto, en general, se observa en todo el mundo.
Ante posiciones que consideran positivo que los extranjeros paguen su educación, hay que recordar siempre el cuidado del orden constitucional y que, en base a ello, se dictó la Ley 1.420, de educación primaria común, gratuita, laica y obligatoria, que no distinguía entre extranjeros y nacionales. Es paradójico que hijos y nietos de inmigrantes vean con malos ojos a un segmento migratorio que evidentemente genera contribuciones.
Sería más inteligente que el sistema universitario acuerde pautas de responsabilidad social a toda persona que egrese de la universidad pública para que pueda aportar con sus conocimientos al desarrollo. Eso sería equitativo y tendría más impacto social.
* Miembro del Consejo de Gobierno de Unesco-Iesalc.
