El choque de la formación 3772 del Ferrocarril Sarmiento del miércoles 22 de febrero dejó, según consta en la causa, al menos 789 heridos de distinta gravedad. Con la aparición del cuerpo de Lucas Menghini Rey, el número de muertos ascendió a 51, pero el juez Claudio Bonadio decidió cerrar la instrucción con el número final de 52.
Una de las tantas veces que recibió en su despacho del cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Py a familiares de las víctimas fatales notó que uno, parado al fondo, lo miraba con especial encono. Edwin Ojeda había perdido en la tragedia a su esposa, Tatiana, embarazada de seis meses. La cuarta hija de la pareja iba a llamarse Uma, y Edwin dejó claro en ese encuentro que sus deudos eran dos: Tatiana y Uma. Bonadio decidió entonces que Uma fuera contabilizada como otra víctima fatal del hecho. En el fallo del 29 de diciembre de 2015, el Tribunal Oral Federal 2 no contó 52 muertos como lo había hecho Bonadio: dictó sentencia por “la muerte de 51 personas, más una por nacer”.
Dicen los libros de filosofía romana que Séneca El Joven fue quien consideró que “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Sin embargo, una parte de la biblioteca judicial entiende que una de las características del derecho es que los tiempos de cada expediente pocas veces van de la mano de los tiempos de quienes querellan.
Claudio Bonadio no pertenece a esa escuela. Lo primero que decidió el juez de instrucción de la causa de Once fue que esa etapa del proceso debía ser breve. Le había tocado ver de cerca las dilaciones en las causas del atentado a la AMIA y del accidente del avión de Lapa; pensó en la frase del campeón de boxeo Oscar “Ringo” Bonavena — “La experiencia es un peine que te dan cuando te quedás pelado”— y, en menos de un año, elevó la causa a juicio oral. Tuvo sus críticas también por esa decisión, pero el juez prefirió los reclamos por acelerar los tiempos.
Los delitos en territorio de ferrocarril son federales. La primera intervención le corresponde a la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria, donde hay divisiones según cada línea. De ahí la causa pasa al juzgado federal de turno. En este caso, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, a cargo de Bonadio.
El 22 de febrero de 2012, cuando se encaminaba a Comodoro Py como todos los días, el juez escuchó en el informativo de Radio Mitre que la línea Sarmiento estaba interrumpida por un choque en Once. Parecía un dato de tránsito, aunque se hablaba de la posibilidad de que hubiera gente fallecida. Cuando eso se confirmó y empezaba a engrosarse la lista de muertos, recibió el llamado que le asignaba la causa y decidió enviar a un secretario a la estación.
Cerca de las tres de la tarde, el secretario llamó a Bonadio desde allá: “Son 49 muertos. Terminó el operativo de rescate”. La cifra ascendió a 50 cuando uno de los heridos graves murió en el hospital. Lucas Menghini todavía no había aparecido.
El juez recorrió el andén al día siguiente y subió a las oficinas de la estación para ver la filmación del choque. No pudo verla enseguida porque el responsable de abrir la sala de videos, el que tenía la llave, se había ido al banco a hacer un trámite. El magistrado empezaba a impacientarse. Cuando el empleado llegó del banco con la llave, le mostraron a Bonadio la cinta en blanco y negro del choque. Ahí empezó a considerar que estaba frente a una desidia empresarial en el Sarmiento. Luego, en cuestión de minutos, su secretario observó que el tren Chapa16 no tenía velocímetro, y fue entonces cuando Bonadio decidió iniciar la investigación con la hipótesis de que lo ocurrido pudo no haber sido un accidente y que podía haber responsables, voluntarios o involuntarios, de aquella masacre.
En la elevación a juicio, el juez concluyó que eran trenes de la década de 1960; vías de los años 50; que había un manual de uso de los trenes japoneses que decía que cada vagón debía tener un compresor y que el Chapa 16 tenía seis de ocho, uno de ellos roto y el resto a media máquina, y que por eso tardaba para llenarse al ciento por ciento.
No pudo reconstruir del todo la economía de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) pero, en un allanamiento, encontró órdenes de pago donde se registraban, por ejemplo, 10 mil dólares en joyas, algo que las autoridades de la empresa explicaron como “regalos empresariales”, que el juez consideró que era un desvío del dinero que el Estado aportaba para el mantenimiento de las formaciones.
En la instrucción, Bonadio dejó afuera al entonces ministro de Planificación Julio De Vido, quien fue incluido más tarde en el fallo de primera instancia del Tribunal 2 y condenado luego en la segunda parte del juicio.
Puertas adentro del juzgado sostienen que la decisión inicial de Bonadio de no incluirlo fue porque no habían encontrado nada que lo vinculara de manera directa, mientras que la lectura sobre los secretarios de Transporte era que tenían la obligación inmediata de controlar.
La teoría que tenía el juez era que Jaime había armado un sistema de irregularidades y que Schiavi no lo desarticuló. Algunas lecturas políticas del momento hablaban de un acuerdo de Comodoro Py con el gobierno nacional para que las acusaciones a funcionarios no alcanzaran más que a los secretarios en la escala de poder.
Bonadio había absuelto al maquinista Marcos Córdoba, al que todo el resto de los imputados –empresarios, personal jerárquico de la empresa y ex funcionarios– señalaba como el único responsable del choque, pero la Cámara de Apelaciones lo volvió a procesar.
El juez consideraba que los dos años de Córdoba como conductor de tren eléctrico y los otros dos de ayudante de diésel solo habían alcanzado para que el maquinista aprendiera los vicios de sus superiores ante la reglamentación y las deficiencias del sistema. Para el juez, los maquinistas nuevos salían con los vicios de los viejos, que eran los que les enseñaban, y que no se lo podía culpar por ello.
Además, en la instrucción el juez aceptó al Estado como querellante. A través de abogados, el Ministerio de Planificación podía tener acceso al expediente y participación en el impulso de medidas de prueba. La resolución argumenta que el Estado es el dueño del material; que debe garantizar el servicio, y que no surge ningún conflicto de intereses ya que es una “persona jurídica” y habilitarlo a impulsar la causa no impide que sean investigados funcionarios públicos.
Aquel primer juicio llevó 22 meses, 138 audiencias y más de 200 testigos. Fueron 29 los imputados –quedaron 28 al morir en 2015 Antonio Luna, ex subsecretario de Transporte Ferroviario– y 22 los condenados. Fue en ese fallo donde la Justicia ordenó investigar al ya por entonces ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y a Jorge Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), lo cual llevó a 31 la lista de imputados y a que luego fuera 23 el número total de condenados. Porque Simeonoff fue absuelto y De Vido, condenado a 5 años y 8 meses de prisión como “partícipe necesario” del delito de administración fraudulenta. (...)
Hay matices en las versiones de todos los imputados por la tragedia de Once, de las dos querellas que representan el universo de las víctimas, y de los fiscales intervinientes, aunque pueden diferenciarse dos conjuntos: quienes sostienen que el choque fue culpa del maquinista Marcos Córdoba y los que creen que fue resultado de la negligencia estatal y empresarial que incluyó el desvío de dinero que debía ser invertido en los ferrocarriles. Para la Justicia, ambas cosas son ciertas y la responsabilidad es compartida.
Lara “Lali” Menghini Rey cree que la corrupción mata. Y que eso fue lo que mató a su hermano: “Es una verdad triste. No tendría que haber corrupción. Pero esto no hubiese sido lo que fue si en vez de desviar los fondos para cosas personales los hubiesen puesto donde tenían que ir. Si los vagones hubiesen tenido el mantenimiento que tenían que tener, las vías, el parachoque, todo hubiese sido otra cosa”.
La querella con más cantidad de familiares de víctimas fatales quedó representada por Leonardo Menghini, tío de Lara y de Lucas. Hasta ese momento, y durante los últimos veinte años, Leonardo era socio de un estudio dedicado al derecho civil y comercial, además de bajista de la banda de rock Sometidos por Morgan. Su sueño era vivir de la música, como le pasaba a su joven sobrino, líder de dos bandas que todavía hoy extrañan esa mente creativa.
El choque del tren hizo que la familia confiara cada vez en menos gente y Leonardo aceptó el reto de querellar en la causa, frente a los estudios de abogados más importantes del país, a cargo de la defensa de empresarios y ex funcionarios. En ese grupo, Menghini también representó a la familia de Mónica Bottega, madre de Tatiana Pontiroli. Tatiana tenía 24 años cuando murió en la tragedia del tren Sarmiento. Su madre fue otra de las caras reconocibles del reclamo por justicia. Incluso es recordada porque, en 2017, en la parroquia Nuestra Señora de la Merced de Merlo, se acercó a la ex presidenta Fernández en una misa, la llamó “asesina”, y le reprochó que nunca hubiera rezado por los muertos de Once. Bottega falleció a mediados de 2019, tras haber recibido un riñón de José Pontiroli, su compañero de vida. La pérdida dejó desconsolado a ese grupo de familiares de víctimas, que la recuerda como la más coqueta, la más calma y la más alegre de esa lucha.
A lo largo del juicio, esa querella de familiares desistió de apuntar contra el maquinista Marcos Córdoba. Lali reflexiona: “Con Córdoba tengo una contradicción. A mí me parece que, si no era él, le pasaba al que venía atrás. Si bien tuvo su grave responsabilidad y por eso quedó condenado, también por algo tiene la condena más baja de todos. Supongo que el chabón, como laburante, no podía decir: ‘Este tren no lo manejo’. El tren debería estar preparado para que, si el maquinista se muere de un infarto o es un suicida o si es del ISIS, frene. Y eso no era así”.
La demora en el hallazgo de Lucas Menghini Rey también tuvo un recorrido judicial. Hasta el 22 de febrero de 2012, cada mañana de lunes a viernes, el joven de 20 años tomaba el Ferrocarril Sarmiento en San Antonio de Padua para trabajar de operador en un call center del microcentro porteño, porque todavía la música no le daba suficientes ingresos para mantener a su hija, Guadalupe Paz, que por esos días tenía solo 4 años.
En diciembre de 2013, el juez Ariel Lijo procesó a siete bomberos de la Policía Federal por “incumplimiento de los deberes de funcionario”, por entender que no habían atendido el protocolo de actuación dispuesto por el Plan de Acción Coordinada ante Situaciones de Emergencia y que eso contribuyó a que demoraran en encontrar el cuerpo de Lucas dentro del tren chocado.
Dos meses después de estos procesamientos, diez bomberos murieron en el incendio del depósito de la empresa Iron Mountain, en Barracas. Uno de los diez bomberos, considerados “héroes” por medios y autoridades de gobierno, era el comisario Leonardo Day, entre los siete señalados por haber demorado en encontrar el cuerpo de Chimu, como llamaban a Lucas sus seres queridos, por su banda Chimeneas y por lo mucho que fumaba.
Al requerir la elevación a juicio, el fiscal Federico Delgado hizo una cronología: “Aproximadamente a las 18, se dieron por finalizadas las tareas, dejándose el lugar del siniestro con consigna policial. Al día siguiente, en la localidad de San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires, familiares de Lucas Menghini Rey realizaron una denuncia por su desaparición […] Mientras tanto, en la estación Once de Septiembre se realizaba una nueva recorrida del lugar con la presencia del entonces juez instructor, Claudio Bonadio. En esa misma oportunidad, personal de la Superintendencia de Bomberos solicitó al magistrado autorización para inspeccionar el lugar utilizando una sonda a efectos de establecer si se encontraban aún restos cadavéricos, petición que fue rechazada”. En el mismo escrito, Delgado repasa que “al mediodía del 24 de febrero […] se solicitó a la Dirección de Observaciones Judiciales que informara la ubicación de su teléfono celular y se requirió a la División Perros el rastrillaje de la formación, para lo cual se pidió vestimenta de uso de Menghini Rey a sus familiares. Los últimos […] habían sido convocados al Centro de Monitoreo a fin de observar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad […] Minutos después, en la estación Once de Septiembre, se daba inicio al recorrido con personal de la División Canes, los que marcaron la zona de unión de los vagones números 1040 y 2108. Para esa altura, además, se contaba con un informe que daba cuenta de que algunas personas que circulaban por el lugar habían percibido olores cadavéricos provenientes de la formación siniestrada. Finalmente, poco después de las 18 se constató la presencia del cuerpo sin vida de Lucas Menghini Rey y se efectuaron las tareas necesarias para su extracción”.
En sus argumentos, el fiscal escribió que “la posibilidad de advertir la presencia de una persona en ese lugar con la simple acción de asomarse a la ventana no se encuentra discutida. Más aún cuando se cuenta con un plus en comparación al observador común. En otras palabras, una mirada técnica en razón de la específica y especializada función de los imputados”.
El juicio no fue a siete bomberos sino a tres: el 12 de septiembre de 2017, esta vez sin proceso récord, empezó el juicio a Carlos Medina, Omar Vacca y Raúl Abuin. En abril de 2018, una hora y cuarto después de que terminaran los alegatos, la jueza María Romilda Servini absolvió a los tres bomberos por el “beneficio de la duda”.
A fines de 2018, con el voto unipersonal del juez Juan Carlos Gemignani, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo de Servini y le ordenó a la jueza que dicte una nueva sentencia que condene a los comisarios investigados, porque “han actuado con dolo en la falta de búsqueda de sobrevivientes y deberán ser condenados”, según dice el fallo.
“No nos pueden comprar,/ no deben corrompernos,/ informaciones falsas/ que empañan la visión,/ madera noble, roble es mi corazón”, decía Chimu en una canción de su autoría que se viralizó después de la tragedia.
Desde 2016, su hermana Lara cumple más años de los que tenía su hermano mayor al morir. “Eso me flasheó. Y me flashea que era un nene. Para mí va a ser siempre mi hermano mayor. Ahora pienso cómo le voy a poner los límites a mi hija y pienso: “Loco, mi hermano tenía 16 cuando nació mi sobrina y la piba es una grosa. También Lucas tenía eso: era un ser medio iluminado”, cuenta Lara.
En septiembre de 2018 nació Charo, esa nena a la que Lara no sabe cómo ponerle límites. Para la sentencia a De Vido, Charo fue a upa a Comodoro Py, vistiendo una remera con la cara del tío al que no pudo conocer (...).
Quien también tuvo una hija durante el proceso judicial fue Marcos Antonio Córdoba, el único condenado que fue apuntado por todo el resto de los imputados (...).
“Hijo, ¿sos feliz?”, le pregunta cada tanto Elizabeth, que cree que ese Marcos al que vio crecer murió en la tragedia. La respuesta: “Por momentos, ma. La única que me da felicidad es mi hija”. La niña se llama Melani Ailem.
En la adolescencia, Córdoba no quería saber nada con trabajar en los trenes. Su sueño era ser policía. “Me lo van a matar”, se desesperaba Eli. Por esos días surgió una vacante en el Sarmiento, donde trabajaba su padrastro. “¿Querés probar?”, invitó el esposo de la madre. Así empezó su recorrido: probó y le gustó. Hoy sigue trabajando en la línea pero solo en los talleres, ya no dentro del tren.
Desde la tragedia, que ocurrió cuando él tenía 26 años, Córdoba no volvió a subirse a una formación. Se angustia apenas se acerca a una estación. Tiene miedo de cómo pueden reaccionar los pasajeros. Marcos es el mayor de tres hermanos. Dos hermanas, en rigor. A una le lleva siete años y a la más chica, trece. Zaira quiere ser maquinista cuando sea grande, igual que la hija de Maturano, pero el líder ferroviario objeta la incorporación de mujeres para esa tarea. Dice que “habría que armar vestuarios aparte” y que no es momento. Del choque del tren, Córdoba casi no tiene secuelas físicas. A veces le duelen las rodillas o el empeine y tiene una pequeña cicatriz en la cara. Pero se acuerda todo de aquel 22 de febrero. Dice, por ejemplo, que tiene muy presente cómo lo maltrató el personal del sanatorio Fitz Roy, adonde fue trasladado desde la estación. Nunca perdió el conocimiento pero, hasta que lo llevaron ante Bonadio, tampoco sabía la magnitud del hecho, desconocía la cantidad de muertos. Un policía se paró frente a él en la sala de terapia intensiva, lo esposó, y le informó que quedaba incomunicado. “Pasaban las enfermeras y me cantaban: ‘¡A paraaaar a la comisaría!’. Y yo tragaba saliva”, recuerda. Tres días después le levantaron la incomunicación y lo trasladaron a los tribunales de Comodoro Py para declarar. Allí conoció a la abogada. “Soy Valeria Corbacho. Me mandan del gremio, me manda Maturano”, repasa Córdoba que se presentó su defensora. “Me quedé tranquilo. Por lo menos alguien conocido”. La mamá de Córdoba confía en La Fraternidad: “Por el gremio pongo las manos en el fuego. No porque estén cuidando a mi hijo, sino porque vengo de familia ferroviaria. El es la tercera generación. Hemos sufrido paros, hemos pasado hambre, y el gremio siempre respondió”.
Antes de empezar la primera declaración, Bonadio le contó a Marcos la cantidad de muertos que había. “Me quedé helado porque pensé que, como mucho, había heridos”, dice el ex maquinista. También recuerda que el juez le dijo: “Yo te daría la libertad pero el que no te quiere dar la libertad es el fiscal Delgado. No te da la libertad por lo que pasó con Lucas”. Al final lo liberaron, pero debía presentarse a firmar cada semana en el juzgado.
En 2018 quedó preso en el Complejo Penitenciario Federal Nº 2 de Marcos Paz tras la confirmación de su condena, aunque se la redujeron de tres años y medio a tres años y tres meses, con siete años de inhabilitación.
Antes de ir preso, respondió sobre las sospechas de algunos ex funcionarios de que el choque pudo haberse tratado de un atentado: “¿Yo voy a poner mi vida en riesgo y me voy a perder estar con mi familia? Tengo a mi madre, gracias a Dios, mi papá [dice sobre su padrastro], mis hermanas. Jamás me drogué, jamás me alcoholicé. Si me hubiese querido matar, me mataba de otra manera”.
Para Elizabeth, Marcos “es la voz de todos esos muertos porque, si él moría, era círculo cerrado: le echaban la culpa y listo”. En la casa de Marcos Córdoba también creen que la corrupción mata. “Es más que obvia la falta de mantenimiento. Falta de inversión. ¿Vos te pensás que Cirigliano, Jaime o quien sea, se pone cinco minutos a pensar, como yo me pongo a pensar en ellos? ¿Vos te pensás que ellos se calientan en pensar: “Uh, mirá la mochila que tengo”? Yo sí. Yo llevo esa mochila”, dice Marcos. Su madre refuerza: “La corrupción es la mezquindad del que más tiene. Porque denigra al trabajador, le importa un carajo el usuario, le importa un carajo todo. ¿Tanta guita tienen? No les va a alcanzar la vida para gastársela. Por corrupción, por avaricia, no están invirtiendo, matan gente. La concesión se la dan a los Cirigliano. ¿Quién tenía que revisar que las cosas se hicieran? El gobierno. Preguntate por qué no lo hacía. Porque muchas veces esto es pasar un sobre y listo, miro para otro lado. Yo lo viví cuando los Cirigliano querían en los baños comprar o callar testigos”. Marcos dice que “sí, la corrupción mata”, y Elizabeth agrega: “Mata y condena”.
☛ Título: ¿La corrupción mata?
☛ Autor: Florencia Halfon Laksman
☛ Editorial: Planeta
Datos sobre la autora
Es periodista especializada en temas de información general como salud, educación y derechos sociales.
Integró la redacción de los diarios Crítica y Tiempo Argentino. En los últimos años colaboró con La Nación, Anfibia y Veintitrés.
Condujo por años las madrugadas de Radio Metro y fue columnista de las mañanas. Hoy conduce la primera mañana de Futurock.
