La semana que finaliza desnudó por fin ante los argentinos la verdadera situación en que se encuentra el sector energético, cuando han transcurrido 90 días desde la asunción de Javier Milei a la presidencia de la Nación.
El estado de situación es exactamente el que describió el grupo de exsecretarios en innumerables documentos entre 2009 y 2015 que fueron reproducidos por la prensa nacional oral y escrita. El rumbo de desastre era nítido y ahora estamos en las vísperas. Los problemas son estructurales y están descritos en sus detalles. Ese crudo diagnóstico se plasmó en el libro Consensos energéticos 2015. La política para salir de la crisis energética.
Lamentablemente los gobiernos que se sucedieron desde la publicación del texto citado no quisieron, no pudieron o no supieron aplicar las recomendaciones para resolver los problemas diagnosticados. Los problemas descritos en el libro se agravaron por errores en la implementación de las soluciones o simplemente por no estar del todo de acuerdo con esas recomendaciones. El gobierno de Mauricio Macri fracasó después de algún intento fallido de corrección con ideas simples para problemas complejos. En cuanto al gobierno de Alberto Fernández, solo cabe decir que era simplemente una utopía pensar que Cristina Kirchner pudiera haber tolerado contemplar la demolición del sistema creado la política irracional del propio kirchnerismo.
La situación energética a comienzos de marzo de 2024 empeora respecto de diciembre y no ha resuelto ni encarado ninguno de los problemas de fondo. Al secretario de Energía todavía no le conocemos la voz.
Según los informes de tendencias energéticas del IAE Mosconi de enero y febrero de 2024 publicado esta semana, hay datos energéticos preocupantes: la producción de gas está prácticamente estacada, la producción petrolera convencional decrece en todas las cuencas y el ritmo de producción de Vaca Muerta –única cuenca en expansión– tiende a decrecer respecto de meses anteriores. La Energía en Argentina es cara de producir y no luce competitiva todavía a nivel internacional. Las empresas bregan por tener regímenes de protección.
Los resultados de YPF presentados a la Comisión Nacional de Valores dan cuenta de una pérdida de 1.277 millones de dólares y una deuda que asciende 6.800 millones de dólares en el último ejercicio. El valor de la compañía es muy pequeño frente a las grandes petroleras internacionales. El juicio de YPF en EE.UU. condena al país al pago de US$ 16 mil, y ese valor impagable duplica el valor de la compañía, que se ubica en unos 8.600 millones de dólares.
La empresa de transporte en extra alta tensión Transener –que es la columna vertebral del sistema eléctrico– ha informado a la Comisión Nacional de Valores que no puede pagar los sueldos a sus empleados porque Cammesa no le ha transferido los fondos correspondientes para cubrir sus operaciones (subsidios al trasporte). El Estado, en este caso aplicando motosierra, puso al sistema eléctrico nacional al borde del colapso. Un hecho demagógico y peligroso.
Los informes del IAE Mosconi muestran que los subsidios transferidos a Cammesa en 2024 fueron similares en monto a los de 2023 del mismo período, con una inflación sideral de costos del 315% en el año. Eso significa que el Gobierno mintió cuando afirmó que se había alcanzado el superávit fiscal en el primer bimestre.
La empresa Cammesa es el nido de la serpiente; se trata de una empresa mixta de la cual el Estado posee solo el 20% de las acciones y el 80% pertenece a las empresas privadas. La empresa no cumple con sus fines estatutarios, y los accionistas privados son cómplices –por pereza o por temor– de un Estado cooptado por la política que no cumple con sus funciones. Sus fines estatutarios originales son el despacho de cargas y la liquidación de transacciones entre generadores y distribuidores. El Gobierno debe intervenir Cammesa, informar el estado de situación y normalizarla en el tiempo más corto posible.
El panorama político tiende a desordenarse en un contexto de caos económico y político. El Presidente sorprendió hace apenas ocho días con su mensaje inaugural ante la Asamblea Legislativa del 1° de marzo. Un discurso leído de más de una hora es una base sólida para el análisis sobre los temas más importantes. Sin duda, algunos anuncios son espectaculares y dan para el comentario.
No hubo declaraciones del envío de nuevos proyectos de ley del Poder Ejecutivo, un hecho muy raro en una inauguración legislativa. El Presidente anticipó la suspensión del financiamiento a los partidos políticos por parte de Estado nacional: “Eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos; cada partido tendrá que financiarse con aporte voluntario de afiliados propios”. Ese anuncio provocó un caluroso aplauso de la barra de invitados y de los legisladores libertarios. Con ello el Presidente dejó en evidencia su desconocimiento del texto constitucional de 1994, que en su artículo 38 establece: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos... El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus dirigentes…”. Nadie se percató de eso.
El mensaje presidencial convocó a los gobernadores a la firma en Córdoba del pacto del 25 de mayo, un acuerdo de diez puntos muy sintéticos. Una especie de “pacto fundacional” con una serie de premisas sin ningún texto que justifique las propuestas.
Algunas de esas propuestas muestran improvisación y contradicciones. Por ejemplo, la N° 3 dice: “La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno”. Esto impacta; sin embargo, la pregunta que cabría hacer es: ¿por qué el presidente Milei, si la tiene tan clara, no anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley de presupuesto 2024, del cual su gobierno carece, con un nivel de gasto público del 25%?
Sobre este mismo punto el diputado José Luis Espert declaró insólitamente en el programa televisivo de LN+ del día siguiente ante un panel periodístico que el nivel de gasto público en torno al 25% del PBI era el que Argentina poseía en las décadas del 80 y del 90 del siglo XX, y que, sin embargo, ese porcentaje no evitó las crisis económicas de esos años. ¡Atención con esto!
Dentro de las diez propuestas del Presidente las hay muy ambiguas, y hasta algunas infantiles; por ejemplo, la N° 4: “Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida del argentinos y promueva el comercio”; en este caso, ¿qué argentino se rehusaría a una propuesta tan generosa y tan ventajosa? Pero ya se sabe, “ojo que el diablo se esconde en los detalles”
Otras, en cambio, como la N° 6, parecen tener un texto liviano, pero pueden ser peligrosísimas para nuestro futuro personal y también para el futuro de nuestros hijos y nietos. Por lo tanto, deberían ser analizadas con más detalle, y en todo caso provincia por provincia en sus respectivas legislaturas en función de lo que establece la Constitución en su artículo 124. La propuesta dice: “Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. Si bien es interesante, debe tenerse presente que el presidente Milei es un negacionista de las causas antropogénicas del cambio climático; por lo tanto, se trataría de una persona potencialmente muy tolerante con cierto tipo de decisiones que podrían ser tomadas de la explotación no controlada de los recursos naturales que podrían ser contraproducentes.
Hay que tener en cuenta que los recursos naturales abarcan, entre otros los acuíferos, los glaciares, los ríos, los humedales, los bosques nativos, la flora y la fauna marina, etcétera. Su explotación no racional ni controlada podría interferir, por ejemplo, con la mitigación y el control del cambio climático, y la transición energética.
* Exsecretario de Energía. Presidente del IAE Mosconi.
