Desde Nueva York
La Argentina recibió ayer un revés en la causa que mantiene contra los holdouts en los tribunales de Nueva York, en la que se pone en juego el pago de cerca de US$ 1.500 millones –sumados capital e intereses–, por la deuda en default en manos de inversores que no aceptaron las negociaciones de 2005 y 2010.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de esa ciudad avaló que el Estado nacional pague el 100% de lo reclamado por los fondos demandantes, ratificando la determinación en primera instancia del juez Thomas Griesa.
Sin embargo, la dura decisión de los jueces Rosemary Pooler, Barrington Parker y Reena Raggi que dieron lugar a las presentaciones de todos los actores implicados y los que se sumaron voluntariamente, dejó al menos un alivio: mantuvo en suspenso el fallo de primera instancia –recurso conocido como “stay”– evitando así la caída en default técnico del país, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos comunique si aceptará o no tomar el caso, determinación que podría demorar hasta 12 semanas, explicó Eugenio Bruno, abogado del estudio Garrido.
En el escrito, Parker apuntó contra el Gobierno por desconocer que cumple los pagos de un grupo de inversores y no de otros y por no efecturar propuestas “productivas” que puedan ser entendidas como un trato igualitario.
Con respecto a la vigencia de la Ley Cerrojo –sancionada después de la segunda oferta de pago y que establece que no se pueden brindar nuevas propuestas a los inversores que no entraron al canje–, el magistrado destacó que “al continuar pagando los intereses de los bonos reestructurados, la Argentina transgredió su promesa de tratamiento igualitario”. Además, el tribunal trató al país como un “deudor singularmente reacio”.
Luego de conocerse el fallo, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, se excusaron de hacer comentarios “hasta no leer el fallo con detenimiento, hablar con los abogados internacionales y reunirse con la Presidenta”.
En el mercado local, la mala noticia no generó una caída de los activos locales. De hecho, el Merval cerró 1,2% abajo, pero afectado por acciones petroleras y energéticas. Claudio Zuchovicki, gerente de la Bolsa de Comercio, comentó que “era un escenario previsto por los inversores locales”. Analistas consultados destacaron no se registraron fuertes bajas porque se dejó en suspenso la entrada en un default técnico.
Voz buitre. En tanto, el abogado Theodore B. Olson, del fondo demandante NML Capital manifestó a PERFIL que “la decisión es unánime, muy razonable, condena apropiadamente la persistente violación por parte de Argentina de sus obligaciones y su gran desafío de las leyes de Estados Unidos y las órdenes de los tribunales estadounidenses”. Además, añadieron en declaraciones exclusivas a este medio: “Esto confirma que Argentina no está por encima de la ley”.
Una reacción contraria surgió del abogado Sean O’Shea, de la firma O’Shea Partners que representa a un grupo de bonistas que sí participaron en los canjes y respaldan al país: “El anuncio desafortunadamente pasa por alto el injusto impacto del fallo sobre los derechos constitucionalmente protegidos de los bonistas que participaron en las reestructuraciones”.
O’Shean agregó a este medio que el hecho de que la Corte haya decido mantener en suspenso la aplicación del fallo mientras la Corte Suprema de Estados Unidos decide si escucha o no el caso refleja “su entendimiento de lo pesado y complejo que son los asuntos en disputa” y adelantó que esperan “la oportunidad para presentar la postura de los bonistas que reestructuraron su deuda ante el máximo tribunal”.
En tanto, analistas locales pusieron énfasis en otros aspectos del fallo. Marcelo Etchebarne, titular del estudio que lleva su nombre, destacó que según el tribunal “lo que le sucedió a la Argentina no tiene por qué pasarle a nadie más” y por lo tanto se entiende que esto no tiene motivos para afectar a otras naciones, tal como argumentó la defensa”.
Para Etchebarne, los ahora US$ 1.500 millones que la Justicia pide que se paguen no son el problema, “sino los cerca de US$ 14 mil millones que en la actualidad contabilizamos sobre el capital y los intereses de todas las causas”.
Otras fuentes consultadas recordaron que esos US$ 14 mil millones “representan más del 37% de las reservas del BCRA.
