La Ley de Teletrabajo obtuvo la semana pasada (jueves 25) media sanción en la Cámara de Diputados y migró hacia la cámara alta donde los senadores tendrán la facultad de hacerle modificaciones o bien convertirla en Ley. Lo que llama la atención y despierta dudas es la celeridad con que fue tratada la medida y que finalmente podría interpretarse como una "victoria" para el oficialismo que fue el impulsor del proyecto.
Con 214 votos positivos, uno negativo y 29 abstenciones, la iniciativa que modifica que modifica la ley de Contratos del Trabajo fue avalada después de apenas cuatro horas de debate y fue girada al Senado.
Las cámaras empresariales ya salieron a dar su visión del tema que dista de estar en línea con esta medida que desde distintos ángulos advierten nació "un poco de los pelos", aunque se entiende la necesidad de querer dar respuesta a encuadrar las formas del trabajo remoto, modalidad que se disparó a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
"Desde la Cámara de Comercio (CAC) entendemos que hace muchos años que se necesita una Ley que regule el teletrabajo porque hasta el momento sólo se aplica un manual de Buenas Prácticas la OIT y una resolución de 2012, pero con una norma como la que se está sacando no se está impulsando el teletrabajo", advirtió el Dr Esteban Mancuso, coordinador de asuntos laborales de la Cámara Argentina de Comercio. En la óptica de Mancuso, "la lógica del tratamiento del proyecto no sigue la realidad argentina porque se hace una norma donde ya de antemano se impone un nuevo costo sin analizar cuál es la realidad sobre la que va a impactar esta modalidad de trabajo", analizó.
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Para el abogado laboralista la idea es sencilla y cabría preguntarse por la forma en que las pymes, que son el 90% de las empresas del país, podrá adaptarse a esta nueva norma: "¿Cómo va a hacer una pyme para afrontar todos aquellos costos sobre el salario, más allá los impuestos actuales, para implementar el teletrabajo?", se preguntó.
E hizo referencia al canon locativo o compensación económica (entre 3 y 5% de la remuneración neta) que deberá brindarle la empresa al empleado en el caso que ya cuente con los instrumentos para teletrabajar (silla ergonómica, computadora e internet) los que debieran proveerse en primera instancia.
"¿Cómo hace hoy en día el empresario pyme para brindarse ese canon locativo una vez que termine la cuarentena? -se pregunta Mancuso-. A mi me genera mucha incertidumbre no sólo por la posible aplicación sino por la litigiosidad que va a traer esto el día de mañana", alertó y recordó que a su entender se está sancionando una norma que brinda más lagunas legales que certezas o posibilidades de acuerdo. "Esto luego hay que ir a negociarlo en cada mesa, sector por sector", anticipó el abogado.
Por otra parte, según Mancuso uno de los mayores errores de los legisladores es no haber prestado atención a las recomendaciones de los sectores que vienen utilizando el teletrabajo desde hace muchos años. "Hoy se puso en agenda regular el teletrabajo con esta celeridad sin atender a los sectores que ya lo estamos usando. Para el sector corporativo esta modalidad no es una novedad, deberían haber contemplado las recomendaciones", dijo y recordó que desde la Cámara plantearon dos cuestiones que se analizaron en los proyectos pero que finalmente no quedaron en el que obtuvo la media sanción.
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Un artículo incluía la posibilidad de financiamiento a muy bajo costo o incluso a tasa 0 para que las pymes pudieran instrumentar esta metología del teletrabajo y el otro abrazaba la modalidad de 30 días de preaviso para volver al trabajo presencial y que le otorgaba al empleador una posibilidad de maniobra. Para Mancuso esto de la "reversibilidad" afecta las facultades del empleador con la revocación de la modalidad de teletrabajo a presencial. "En el proyecto con media sanción, aquel que se encuentra trabajando desde su domicilio puede notificarle al empleador que quiere tener disponible su puesto de trabajo". Para el abogado esta medida va en contra del artículo 64 y 65 de la Ley de Contrato de Trabajo que refiere a las facultades de organización y dirección del empleador. "El artículo obliga al empleador a tener tantos escritorios como personal en relación de dependencia, independientemente que se use o no. Eso es eficiente en la Argentina?", se cuestionó.
Desde la CAC, otro de los temas más llamativos de esta media sanción de la que recién saldría una norma aplicable 90 días después de que finalice la pandemia es la velocidad y el apuro por definirla en un marco atípico como el de la cuarentena. "Suena que hay más una necesidad de bajar un mensaje que otra cuestión. Si bien hay que proteger los derechos de los trabajadores para que en su domicilios tengan la posibilidad de trabajar de modo seguro y saludable, para que sus jornadas de trabajo no se vean extendidas, si se saca una norma hoy, a las apuradas, sin atender las cuestiones específicas, pautando de antemano ponerla en funcionamiento en el futuro, sin saber cómo va a quedar el mercado laboral o cómo se van a instrumentar temas como la fiscalización, los costos de las alícuotas de las ART, o la limitación a la desconexión digital, entre otros temas, no tiene sentido", indicó.
Otros de los puntos sobre los que apuntó Mancuso es estar alerta con las posibilidades de que prolifere el empleo informal. "En la CAC preocupa el tema de la fiscalización del teletrabajo. Si hoy la fiscalización en las empresas es deficiente en la Argentina, imaginemos cómo será cuando aumente el número de destinos a fiscalizar. ¿Estamos sacando una norma para alentar el empleo no registrado? Los diputados destacaron que esta ley va a favorecer la generación de empleo. Pero, ¿de qué empleo?", se cuestionó el abogado laboral.
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También al referise a la fiscalización alertó: "Si no se sabe cómo van a fiscalizar y las condiciones mínimas que va a imponer la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se puede pensar que esto va a generar puestos de trabajo, pero no creo que sean de calidad. Porque si hoy la fiscalización se hace de una manera deficiente, ¿cómo van a hacerlo en una multiplicidad de hogares?", dijo.
Vale recordar que los legisladores dijeron públicamente que querían "brindar un piso mínimo de derechos para proteger a quienes están trabajando desde su domicilio, producto de la alta demanda que tiene esta modalidad en la pandemia que atraviesa el país. Mancuso cuestionó que para hacer frente a esta realidad "sacan una norma hoy que no es eficiente, para aplicar a futuro sin saber cuándo. De base esto sienta un problema al momento de tener que ir a negociarla colectivamente", anticipó.
Por lo pronto, la CAC sólo espera que alguno de los senadores recoja el guante y realice alguna de las modificaciones que proponen. "Las posibilidades que abre el teletrabajo en un país tan concentrado como la argentina nos daría la posiblidad de resolver un problema histórico para que gente de distintos puntos del país pueda trabajar en empresas centralizadas en los grandes centros urbanos. No la hagamos compleja y burocrática", pidió el coordinador de asuntos laborales de la Cámara Argentina de Comercio.
CP