La devaluación resetea el negocio energético, especialmente el del gas. Ayer se conoció que los usuarios residenciales –al igual que comercios y PyMEs– deberán pagar en 24 cuotas mensuales a partir de enero una deuda millonaria con petroleras que se acumuló desde abril por la corrida cambiaria. Los nuevos cuadros aún no se publicaron en el Boletín Oficial, pero sí están en la página del Enargas. En rigor, debían presentarse el lunes pasado (1º de octubre), pero su publicación se postergó por dilaciones y cortocircuitos entre distribuidoras, productoras y el propio Gobierno. El ente regulador informó oficialmente que la suba promediará el 34,5%.
En la práctica, sin embargo, la suba se desagregará en dos: una parte mayoritaria en octubre y un adicional (un plus del 10%) a partir de 2019 cuando se incluyan en las tarifas las cuotas para cancelar la deuda con productores.
En una industria como la petrolera acostumbrada a pensar en dólares (la mayoría de los costos de equipos, insumos y servicios se expresa en esa moneda a nivel global), la suba del 100% del tipo de cambio en apenas cinco meses trastrocó de plano el funcionamiento del mercado. Tanto que hoy el sistema diseñado por el gobierno de Mauricio Macri para recomponer el mercado de energía tras una década de intervencionismo estatal está crujiendo.
Un alto funcionario del área energética lo puso en estos términos: “El contexto es perdidoso para todos. No es que unos ganan y otros pierden. La disputa entre las empresas es para ver quién pierde menos”, admitió. En esa clave, podría interpretarse que las petroleras salieron airosas porque recuperarán los ingresos dolarizados que dejaron de percibir en el último semestre por la brutal devaluación. Sin embargo, la realidad parece explicarse en tonos grises.
Pagos. Las licencias de concesión a las distribuidoras establecen que, cuando la apreciación del tipo de cambio supera el 20%, el Estado debe actualizar inmediatamente las tarifas residenciales de gas para respetar el precio del gas fijado en dólares entre distribuidoras y petroleras. Eso no sucedió. La Ley del Gas también marca que las diferencias diarias provocadas por la devaluación –son alrededor de $ 10 mil millones, según cálculos de las distribuidoras, entre las que se destacan Metrogas, Naturgy (ex Gas BAN), Camuzzi y EcoGas– deberían devolverse en seis cuotas y no en 24 cuotas como fijó el Gobierno. Sin embargo, para atemperar el salto se optó por cancelar la deuda en dos próximos dos años.
¿Qué dejaron en la mesa las petroleras? Como la devaluación no se trasladó totalmente a las tarifas que pagan los consumidores (hogares, comercio y pequeñas industrias), el ajuste del sistema del gas lo absorberán fundamentalmente las petroleras, con YPF, Pan American Energy (PAE), la francesa Total y la alemana Wintershall a la cabeza. Las petroleras empezarán a percibir en octubre un precio del gas que extraen desde sus yacimientos cercano a los US$ 3,70 por millón de BTU; un 20% menos que en abril de este año, cuando por contrato percibían 4,70 dólares y la proyección de los precios era alcista.
Lo más probable es que la inversión en gas caiga para el año que viene. “Por la caída del precio del gas y los cuellos de botella del sistema de transporte, hay proyectos de Vaca Muerta que hoy no son atractivos. Si la tendencia no cambia, cortaremos hasta un 50% de la inversión que teníamos prevista”, indicó a PERFIL el presidente de una petrolera.
Tensión con Bolivia
El Gobierno intenta sin éxito renegociar el contrato de importación de gas con Bolivia desde que Juan José Aranguren estaba el frente del ya extinto Ministerio de Energía. Es un contrato del gas que sirve para cubrir, en promedio, un 15% de la demanda argentina del hidrocarburo y se firmó en 2006. Para el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, es clave renegociar los términos de ese documento por dos motivos. Primero, porque considera que el precio que se paga a Bolivia es elevado. Y segundo, porque con la mayor producción de Vaca Muerta no es necesario traer tanto gas de Bolivia, al menos durante los meses de calor. Por eso, esta semana Ieasa (ex Enarsa) tomó la decisión unilateral de importar menos gas desde Bolivia. El lunes llegan a Buenos Aires funcionarios del gobierno de Evo Morales para avanzar con la negociación, que parece compleja.
