A más de treinta años de gobiernos constitucionales, desde Plataforma 2012 creemos que es necesario debatir la situación actual de la democracia y la sociedad argentinas. Asimismo, consideramos imprescindible colocar en discusión, más allá de las coyunturas electorales, los contenidos de proyectos colectivos que se planteen ideales trascendentes para el conjunto del pueblo argentino.
Desde hace años el debate político en el país viene empobreciéndose, sostenido dominantemente en esquemas binarios que no representan ni la pluralidad ni la complejidad social. En este contexto, el actual gobierno va a finalizar su mandato sin resolver los problemas más urgentes en relación con las condiciones materiales y sociales de existencia de nuestro pueblo. Las circunstanciales mejoras en el bienestar de los más postergados que se habían logrado como derivado del crecimiento económico de algunos años se van esfumando. En contraste, hay una acumulación de riqueza sin precedentes en manos de un grupo reducido de personas y corporaciones, lo cual no es sólo resultado de las políticas económicas y sociales aplicadas, sino también resultado de la corrupción, la impunidad, la falta de controles horizontales y verticales y la ausencia de independencia de las instituciones del Estado.
En los últimos años se ha profundizado la dependencia de nuestro país con respecto a los grandes poderes internacionales. A la extraterritorialidad de las corporaciones mineras, a los acuerdos con multinacionales como Chevron, posteriores a la estatización parcial de YPF, se agregan nuevos enclaves económicos resultantes de acuerdos celebrados de forma secreta con otros países (como en el caso de China y Rusia). Estos y otros hechos de similar contenido revelan una política exterior cuyos resultados implican una evidente renuncia a cuestiones sensibles de la soberanía nacional que comprometen el futuro del país por décadas.
Todo esto ocurrió pese al cuestionamiento y la oposición, en mayor o en menor medida, de diversos movimientos sociales y actores políticos. A lo largo de estos treinta años, luchas y acciones políticas de sectores democráticos comprometidos contra la impunidad de los crímenes de la dictadura lograron la sanción social y la realización de los juicios a los genocidas.
Asimismo, han sido los movimientos sociales los que, por un lado, han denunciado las prácticas represivas y antidemocráticas de los diferentes gobiernos y, por otro lado, han abierto la agenda a nuevas demandas de derechos. Por ejemplo, los familiares de las víctimas de las tragedias de Cromañón y Once desnudaron las tramas de corrupción del Estado y sus asociaciones con grupos empresariales. De manera incansable, en la figura de Luciano Arruga y su repercusión en algunos medios de prensa se visibilizó el accionar policial y la situación de indefensión de tantos jóvenes de las barriadas más pobres.
Decenas de huelgas y movimientos de protesta de trabajadores denunciaron las condiciones de trabajo y los ajustes inflacionarios. Los movimientos de trabajadores desocupados exigieron trabajo genuino. En condiciones muy adversas, en diferentes provincias, poblaciones enteras se pronunciaron contra la contaminación de la megaminería y, de modo más reciente, contra el avance del fracking. Los pueblos originarios amenazados por la extensión de la frontera sojera y el acaparamiento de tierras hacen públicas sus demandas en defensa de sus tierras ancestrales. Estas son algunas de las expresiones de resistencia, de demanda de derechos, que Plataforma 2012 ha acompañado de diversas maneras, y que intentan abrir otra agenda de discusión. Estos son temas que nos interpelan con relación al debate de los grandes problemas de la Argentina.
Teniendo presentes estos y otros elementos que caracterizan las tres décadas de democracia representativa en el país, y frente al pronto recambio político, desde Plataforma 2012 creemos que es necesario denunciar la continuidad de problemas que perduran y que están fuera de la agenda de discusión de la mayoría de los candidatos en las elecciones que están transcurriendo. Así, los acuerdos políticos tejidos desde el oficialismo están orientados a garantizar la continuidad de los peores rasgos del “ciclo kirchnerista” y la oposición que aparece como alternativa electoral (y que tiene responsabilidades en gobiernos locales y provinciales) tampoco garantiza cambios sustantivos. Por el contrario, expulsa e invisibiliza problemáticas acuciantes que deberían estar en la agenda política e impulsa la continuidad de la situación que desde aquí denunciamos.
Por estos y otros motivos, creemos que es necesario debatir críticamente la actual situación de la democracia representativa en el país repensando su relación con la problemática de la igualdad/desigualdad persistente. En lo que sigue, proponemos algunos cuestionamientos sobre estos núcleos problemáticos con el objetivo de abrir la discusión a la construcción de un ámbito público en el cual debatir de forma plural el presente y el futuro de la vida colectiva en el país.
Desigualdades. En los últimos doce años se ha dejado de lado el debate sobre la igualdad, reemplazándolo por una confusa retórica acerca de la “inclusión” mediante programas focalizados y otras políticas que apuntan al aumento circunstancial del consumo como único horizonte de la población más postergada. La discusión sobre las desigualdades tiende a quedar atrapada en una retórica de corto plazo referida a políticas y programas del gobierno nacional y de los gobiernos locales cuya evaluación es cada vez más difícil por la falta de información confiable y apropiada. La destrucción del sistema estadístico oficial desde la intervención del Indec en el año 2007 es una evidencia clara de la degradación de la práctica política del kirchnerismo y del recorte de derechos de la ciudadanía que no tiene elementos para evaluar la situación y evolución social.
Las desigualdades no se limitan a un solo aspecto de la sociedad, sino que alcanzan múltiples dimensiones. Así, además de las desigualdades en la percepción de ingresos y la distribución de riquezas, están las desigualdades en la esperanza de vida, en el acceso a la educación, la salud, la vivienda, los servicios públicos, etc. A esto se suman desigualdades territoriales, de raza, de género y relaciones de poder y dominación de todo tipo.
Así, en los últimos años continuó la concentración económica y la desnacionalización de empresas. Asimismo, se observa una profundización de las desigualdades territoriales, ambientales y sociosanitarias, que afectan a pequeñas y medianas localidades de las provincias, así como a los pueblos originarios, a través de la expansión de la frontera extractiva (megaminería, fracking, soja, entre otros).
La creciente presión tributaria sigue sostenida mayormente en impuestos indirectos y regresivos, pese a lo cual hoy se registra un alto déficit fiscal, a lo que se suma el regresivo “impuesto inflacionario”. El nivel recaudado en los impuestos sobre ingresos y rentas sigue siendo muy bajo. El aumento de la recaudación del impuesto a los ingresos (Ganancias) se debe en mucho a la falta de ajuste de los pisos contributivos, erosionados por la alta inflación, que hace que éste se haya extendido a un sector de trabajadores, docentes, médicos de los hospitales públicos, investigadores del Conicet, etc. Al mismo tiempo que las múltiples exenciones a los ingresos del capital (rentas financieras, ganancias de capital, juego, minería, etc.), junto con cuestionables créditos fiscales, desvirtúan el carácter progresivo del impuesto. Los impuestos sobre la propiedad recaudan muy poco, pese al aumento de la concentración de la riqueza que se registró en los últimos años. En este contexto tributario regresivo, el actual gobierno ha continuado con blanqueos para el capital de los más ricos.
La imagen de un crecimiento económico sostenido durante los sucesivos gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner es falsa. En realidad, hace tiempo que el país no crece y que la mayoría de los indicadores económicos y sociales muestran retrocesos. Prueba de ello es que continúa la alta heterogeneidad salarial de los trabajadores y que la precariedad laboral ha revertido las mejoras experimentadas en los primeros años de la posconvertibilidad. Incluso los propios indicadores que difunde el Gobierno, manipulados e inconsistentes entre sí, registran aumentos de la informalidad y la precariedad laboral al punto que ya se registran niveles similares a los de comienzos de los años 90. Hace casi cinco años que no crece el empleo privado y que el empleo público es el responsable de sostener la ocupación, crece la desocupación oculta por retiro de oferta laboral y el número de jóvenes que no estudian ni trabajan. Las cifras de pobreza e indigencia que difunde el Gobierno son motivo de burla en ámbitos académicos y en foros internacionales. Todas las mediciones alternativas de la pobreza por ingresos coinciden en que en este indicador el país está también en un nivel cercano a 30%, con tendencia incremental y persistencia de la “infantilización de la pobreza” pese a políticas como la Asignación Universal por Hijo. En breve, los últimos años son testigos de la reemergencia de problemas estructurales de la desigualdad económica y social, más allá de los programas asistenciales que ayudan a paliar las necesidades de grandes contingentes de la población pero que la tiene atrapada en la pobreza y la informalidad.
Al mismo tiempo, se ha consolidado un polo marginal, visible en el crecimiento exponencial de la población en villas y en los graves problemas de acceso a la tierra y a la vivienda; hechos asociados al proceso de acaparamiento de tierras y la expulsión de poblaciones del ámbito rural, así como a la especulación inmobiliaria en las grandes ciudades. A esto hay que agregar que la sanción del nuevo Código Civil significó una oportunidad perdida, en la medida en que incorporó como nuevos derechos reales figuras urbanas vinculadas a los sectores privilegiados (countries y cementerios privados), rehuyendo en contrapartida considerar nuevos mecanismos de regularización para las formas de hábitat más precarias (villas y asentamientos). En línea con esto, tampoco se incorporó la figura de la función social de la propiedad, que hubiera permitido concertar los derechos de propiedad privada con el interés social y acotar los márgenes para la especulación inmobiliaria. Asimismo, el perfil antipopular del Código aparece reforzado por los claros guiños que hace a la tercerización y precarización laborales y la nueva normativa a la que abrió lugar para limitar la responsabilidad de los funcionarios públicos.
El Estado se ha desentendido cada vez más de garantizar el derecho a la educación y la salud. El deterioro en salud incluye tanto las condiciones de trabajo de los profesionales y trabajadores como la infraestructura, la carencia de medios técnicos y las políticas de medicamentos. Han reaparecido enfermedades que se consideraban desterradas. En materia de educación, el aumento generalizado de la matrícula y del gasto contrasta con el notable incremento de la matrícula privada y la deserción escolar, al tiempo que muchos indicadores registran una preocupante pérdida de calidad educativa y rendimientos.
Lo cierto es que, más allá de mejoras en algunos aspectos del bienestar económico durante los pasados años del crecimiento económico, los últimos años han sido testigos de una reversión en esas tendencias y han puesto de manifiesto que las mejoras están sostenidas en bases muy endebles y dependientes de un creciente gasto público cada vez más difícil de financiar. El conjunto de la economía argentina ya hace tiempo registra una situación crítica, con casi dos años de recesión, fuertes desbalances macroeconómicos, creciente déficit fiscal, agotamiento de los superávit en las cuentas externas, caída de ingresos laborales, crecientes problemas de empleo y pérdida de valor real de los subsidios sociales.
Democracia. Existe una relación fuerte entre desigualdad social, por un lado, y debilidad de las instituciones democráticas y participación ciudadana, por el otro. Por lo tanto, no debe extrañar que la política argentina se haya empobrecido y banalizado en los últimos años, quedando sometida a los intereses de los grupos de poder hegemónicos, al bastardeo de la mirada cortoplacista, a las estrategias mediáticas y a prácticas clientelares donde lo que se dirimen no son proyectos de organización colectiva sino liderazgos que apuntan a la apropiación de recursos y a la obtención de ventajas políticas.
Esto es muy preocupante porque, desde los años fundacionales de nuestra vida constitucional hasta la actualidad, la brecha entre la sociedad y el sistema político institucional se ha tornado más compleja. En efecto, nuestro sistema institucional, como el de tantos países, se encuentra fundado en abrir las puertas a la ciudadanía sólo para intervenciones limitadas, típicamente a través del voto periódico (recuérdese la idea, central en nuestra Constitución originaria, según la cual “el pueblo no delibera ni gobierna sino por intermedio de sus representantes”). La degradación de los partidos políticos hegemónicos confunde y distancia aún más, a la vez que la ciudadanía no encuentra canales institucionales de expresión para debatir los temas colectivos, sino más bien meras convocatorias a transferir poder a ciertas personas para que decidan discrecionalmente sobre los mismos. En tal sentido, nuestras instituciones representativas aparecen orientadas a separar, antes que a vincular a los representantes con el pueblo.
A esto se agregan los múltiples mecanismos represivos y de control, que este gobierno ha profundizado: la criminalización de la protesta, la ley antiterrorista, los asesinatos en ocasión de la protesta social, la persecución de los pueblos originarios, la infiltración y el expresamente prohibido espionaje interno, las operaciones de prensa contra opositores políticos, etc.
Pese a los cuestionamientos que desencadenaron las intensas movilizaciones sociales de fines de 2001 y 2002, se ha acentuado el deterioro del sistema institucional. Esto se expresa también en el empobrecimiento del debate parlamentario y los mecanismos de aprobación automática de leyes, a libro cerrado, propiciados por el oficialismo; en la destrucción de los canales de la participación política institucional (por ejemplo, la manipulación de las audiencias públicas en el Congreso) en el socavamiento de las oportunidades para el diálogo democrático. En este contexto, adquiere aún más importancia la movilización colectiva extrainstitucional de la sociedad civil para expresar intereses y demandas populares.
Por ejemplo, la Ley 24.747, de noviembre de 1996, que reglamentó el artículo constitucional sobre iniciativas populares (art. 39), se dirigió a obstaculizar, más que a favorecer, las posibilidades (también limitadas) de la participación popular reconocidas por la Constitución (estableciendo trabas burocráticas que obligan a la ciudadanía a reunir el 1,5% de firmas del padrón electoral, repartidos en al menos seis provincias; dificultando el acceso al financiamiento por parte de los ciudadanos que quieren impulsar una iniciativa de consulta; o fijando normas laxas que no conllevan consecuencias gravosas para el Congreso, en caso de –simplemente– no querer dar tratamiento al proyecto de iniciativa popular. Algo similar ocurrió con la reglamentación del art. 40 de la Constitución –referido a las consultas populares– (Ley 25.432 de 2001). Dicha reglamentación determinó que la consulta no puede ser realizada en la misma fecha en que se lleva a cabo otro acto eleccionario, con lo cual incrementó sustancial e innecesariamente los costos de las consultas, tornándolas virtualmente inviables en la práctica.
Tampoco son consultados los pueblos originarios, tal como lo establece el convenio 169 de la OIT, incorporado en la Constitución Nacional y en todas las constituciones provinciales, a la hora de implementar megaproyectos extractivos en sus territorios ancestrales. Lejos de ello, la nueva Ley de Hidrocarburos, sancionada el pasado año, que favorece la expansión del fracking y otorga enormes beneficios a las corporaciones petroleras trasnacionales, ni siquiera contempla la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios.
Por otro lado, también sucede que cuando finalmente son activados los dispositivos institucionales, éstos no escapan a la manipulación por parte de los oficialismos de turno, evidenciando con ello las relaciones cada vez más explícitas entre poder político y grandes compañías transnacionales. Un ejemplo es lo ocurrido en Chubut, a fines de 2014, donde la ciudadanía recolectó firmas e impulsó un proyecto de ley de iniciativa popular para prohibir la megaminería en todas sus etapas, que contaba con el aval del 3% del padrón electoral. El caso es que el oficialismo provincial (FpV y sus aliados) no sólo no trató dicha iniciativa, sino que utilizó la mayoría legislativa para sancionar una ley que usaba el mismo nombre de la iniciativa popular, pero adoptaba un sentido exactamente contrario al que impulsaba la ciudadanía. Esto es, burlándose de la propuesta presentada por la sociedad civil, el oficialismo terminó sancionando una ley que abrió paso a la megaminería en la provincia.
Inscriptos en esta situación, podemos mencionar algunos ejemplos característicos de esta época, que nos hablan de las mayores dificultades que enfrenta la participación democrática de la sociedad civil: la ley electoral vigente tiene, de hecho, un carácter proscriptivo al exigir el 1,5% del padrón o de los votantes para poder pasar las PASO. Esto afecta obviamente a las expresiones políticas que no cuentan con medios económicos, entre las diferentes formas que asume la creciente importancia del dinero como condición para llegar a posiciones de poder político, o para acceder a los medios de comunicación masivos. Otro ejemplo que ilustra las dificultades de la sociedad civil para ganar poder de decisión y control sobre sus propios asuntos está dado por los niveles, cada vez mayores, de concentración de poder, como se expresa en el uso sistemático de los decretos de necesidad y urgencia. Un tercer ejemplo, también distintivo de esta época, es el del desmantelamiento de los organismos de control sobre el poder. El descabezamiento de la Defensoría del Pueblo, el sometimiento de la Oficina Anticorrupción y los obstáculos levantados frente a la Auditoría General de la Nación sólo agregan dificultades a las posibilidades del pueblo para impedir la conformación de elites u oligarquías políticas actuando en su propio beneficio.
Asimismo, el avance de las mafias asociadas al Estado da cuenta de la emergencia de una creciente matriz criminal en la Argentina: narcotráfico, trata, trabajo esclavo y otros negocios ilícitos que producen sumas masivas de capital no declarado ilustran un creciente fenómeno de colonización del Estado y la sociedad, que afecta fundamentalmente a los sectores más vulnerables. A esto hay que sumar el rol de los servicios de inteligencia –en todo el aparato del Estado– dedicados a vigilar y criminalizar la protesta social e incluso a la oposición intelectual y política. El papel de los servicios de infiltración, espionaje y represión encuentra su emblema en la figura del recientemente renunciado jefe del Ejército, César Milani, quien enlaza este bochornoso presente a su pasado cómplice con el genocidio perpetrado por la última dictadura militar.
La corrupción política y la impunidad frente a este tipo de crímenes se han convertido en una cuestión estructural de la política argentina que aparecen banalizadas. Desde Plataforma 2012 consideramos imprescindible debatir estas cuestiones como elementos centrales de la consolidación de una oligarquía no sólo económica, sino también política, que busca su perpetuación en el manejo de los asuntos del Estado y con ello la profundización del control de una sociedad profundamente desigual.
Necesidad de un gran debate público. Desde este trasfondo de desigualdades cada vez más estructurales, desde Plataforma 2012 nos interrogamos sobre las transformaciones de las formas de poder en tiempos de democracia y sobre la necesidad de generar otras –nuevas– herramientas democráticas para pensar nuestra sociedad desde un horizonte de igualdad. En razón de ello, consideramos que la recreación de espacios políticos incluye la necesidad de un gran debate público acerca de los mecanismos e instituciones que permitan evitar la concentración del poder político y posibiliten la democratización de las decisiones en la vida política. Asimismo, es necesario pensar en políticas universales e incondicionales que promuevan la independencia económica, en contraste con las actuales políticas.
Esto es sólo una propuesta de comienzo. Necesitamos generar nuevos instrumentos políticos institucionales en la búsqueda de lograr mejores condiciones materiales y sociales de vida para las mayorías, para el acceso de una ciudadanía plena y para una efectiva democratización de la sociedad.
Primeras firmas:
Osvaldo Acerbo, Julio Aguirre, Mirta Antonelli, Jonatan Baldiviezo, Héctor Bidonde, Jorge Brega, José Emilio Burucúa, Diana Dowek, Lucila Edelman, Roberto Gargarella, Adriana Genta, Adrián Gorelik, Alejandro Katz, Diana Kordon, Darío Lagos, Alicia Lissidini, Rubén Lo Vuolo, Gabriela Massuh, José Miguel Onaindia, Patricia Pintos, Marcelo Plana, Daniel Rodríguez, Ana Sarchione, Beatriz Sarlo, Maristella Svampa, Rubén Szuchmacher, Nicolás Tauber Sanz, Jaco Tieffenberg, Enrique Viale, Patricia Zangaro.
