Cuando pensamos la crisis de la Justicia, a veces pecamos de reduccionistas. En efecto, hablamos de grandes vectores acerca de los que es imposible no estar de acuerdo: honestidad, autonomía, imparcialidad, credibilidad, etc. Sin embargo, pasamos por alto situaciones concretas que generan problemas que es preciso enfrentar. Una de ellas tiene que ver con los llamados casos difíciles. Me refiero a los grandes hechos de corrupción, a los delitos contra la integridad sexual y en general a hechos que encierran dilemas morales, éticos, legales y de justicia sustantiva. Se trata, en definitiva, de los sucesos que ocupan lugares privilegiados en la agenda pública.
Fácil y difícil. Para cualquier juez de la tierra hay casos fáciles y casos difíciles. En los primeros la solución suele ser obvia. Se trata de hechos que se chocan con las leyes. Por ejemplo, si una persona toma la cartera de otra en el subte, sin ejercer ningún tipo de violencia sobre la víctima, es evidente que estamos frente a un hurto. Pero la cuestión se complica cuando las fronteras no son tan claras. Allí yace una serie de condimentos que vuelven muy compleja la tarea del juez o del fiscal.
Independientemente de tópicos como la influencia política indebida o la corrupción, los casos difíciles tienen problemas muy específicos para los operadores. Lo voy a graficar con un ejemplo. Supongamos que llega a un colegio un niño con hambre. La dirección decide usar el dinero que asignó el Estado para comprar pintura y adquiere comida. ¿Se cometió el delito de malversación de caudales públicos?
La Justicia enfrenta este tipo de dilemas a diario y tiene que suministrar respuestas sólidas desde el punto de vista teórico y también desde el punto de vista simbólico, en el que se juega la credibilidad del aparato judicial.
No hay un manual específico y concreto para que los jueces y fiscales enfrenten esos desafíos. En general, la burocracia judicial adquiere herramientas en la Facultad de Derecho respectiva, pero luego en nuestro país no hay una política pública de capacitación del funcionariado judicial tendiente a dotar de insumos teóricos a los decisores para que no los sorprenda el caso difícil (que siempre llega). Y esto es dramático.
Corrientes. Las reacciones de los jueces y fiscales en general se apoyan en dos grandes corrientes de la filosofía del derecho. Unos se limitan a tratar de subsumir el caso en una norma de las vigentes. Buscan en el catálogo de posibilidades del código en qué lugar pueden “ubicar” el caso. No les interesa ni la consecuencia de la decisión para las partes y menos para los ciudadanos, aunque ambos son los destinatarios de la sentencia. Se limitan a trabajar en el marco de un rancio positivismo que suele presentarse divorciado de cualquier sensación de justicia. En el caso que usé como ejemplo, la decisión de paliar el hambre del alumno sería considerada un delito.
Se trata de una cuestión de equilibrios. Las leyes vigentes no pueden apartarse del espíritu de la Constitución. Y el sistema judicial no puede trascender los límites propios de su función. Esa es la labor más importante de quienes deben impartir justicia
Por el otro lado, aparecen los que enarbolan la bandera de los “principios”. Critican a los positvistas por ser excesivamente simplificadores de la cuestión y postulan que es necesario ser “activos” y aplicar al caso difícil el “espíritu de la Constitución”. Si los primeros efectivamente pecan de reduccionistas, los segundos corren el riesgo de convertirse en jueces o fiscales legisladores, porque amplían, retuercen y alteran las reglas que deben aplicar. Esta corriente de magistrados probablemente resolvería que en el colegio no se cometió un delito, a la par que ordenarían al ministerio del área que garantice una alimentación saludable para todos los niños escolarizados. Sin dudas, un exceso.
Verdades. ¿Quién tiene razón? Ambas corrientes tienen cimientos fuertes. El problema también de ambas es que reivindican “su” verdad a expensas del otro y probablemente la tesis correcta sea la del punto medio.
En efecto, que el derecho es un sistema de reglas que funcionan como permisos y restricciones en una sociedad es rigurosamente cierto. La racionalidad formal de la que hablaba Max Weber constituye algo incontrovertible. Pero el derecho también es un fenómeno humano; es decir, producido por humanos y dirigido a personas de carne y hueso. Por lo tanto, un fenómeno vivo y en tanto vivo, impregnado de preceptos morales, valorativos y de visiones del mundo que forman parte de la Constitución.
Se trata, entonces, de una cuestión de equilibrios. Las leyes vigentes no pueden apartarse del espíritu de la Constitución. Y el sistema judicial no puede trascender los límites propios de su función. Esa es la labor más importante de quienes deben impartir justicia. Lo que no pueden hacer es desconocer esa pareja.
Jueces y fiscales deben trabajar con la ley y con la Constitución, teniendo siempre en cuenta que el derecho, además de ser un sistema de permisos y prohibiciones, es también un modo de organizar la sociedad; esto es, tiene un componente ético más allá de la regla.
En nuestra organización del aparato judicial en sentido amplio, la cuestión de los casos difíciles carece de políticas públicas específicas. De hecho, muchos judiciales deciden individualmente adquirir herramientas para enfrentar esos desafíos. Pero no hay incentivos institucionales para hacerlo. El precio que pagamos es enorme. Cualquier observador interesado lo puede chequear mediante el seguimiento de las sentencias judiciales en este tipo de situaciones.
No tener políticas públicas para la burocracia judicial, con respecto a los casos difíciles, impacta en la calidad de los productos de la Justicia, en la percepción que los ciudadanos tienen de ella y en la calidad de nuestra vida pública porque el efecto mágico de nuestra organización política, que nos dota con un elenco de derechos desde que nacemos y que nadie puede violar, permanece bajo un cono de sombras y agobiado por la incertidumbre.
*Fiscal de la Nación.
