Al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, lo acaban de premiar con la cereza del postre para las elecciones de octubre próximo.
Este 28 de abril, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sentenció formalmente que el dirigente, y ahora candidato, sufrió una “violación de sus derechos políticos” cuando en abril de 2018 lo enviaron a prisión y le impidieron participar de los comicios. En esa misma decisión, el comité de la ONU determinó que hubo “parcialidad” en el juicio conducido por ex juez del Lava Jato, Sergio Moro.
No sólo representa un “triunfo moral” para el ex mandatario; también es electoral, ya que inhibe el uso de la “corrupción” como eje central de la propaganda que planea Jair Bolsonaro para derrotarlo. Más aún cuando los hijos del actual jefe de Estado , y también varios ministros y ex ministros de su gabinete, tienen procesos pendientes por uso “irregular” de dinero público. Consultado el ex juez y ex ministro Moro, todavía no adoptó ninguna posición sobre lo dicho por el organismo mundial.
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Consistente con el Comité de Derechos Humanos, ya en marzo del año pasado el Supremo Tribunal Federal (STF) optó por anular todos los juicios que gravitaban sobre el líder del PT, lo que de hecho le allanó el camino para participar en los actuales comicios.
Pero en la evaluación de las Naciones Unidas, las decisiones de la Corte no fueron suficientes para reparar los daños causados al ex-presidente. El órgano indicó que hubo “violaciones durante los procesos” y esto tornó “arbitrario” el haber prohibido a Lula concurrir a las presidenciales de octubre de 2018, en las que Bolsonaro salió triunfante.
El Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rechazó formalmente, en agosto de ese año, la postulación de Lula luego que el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre resolviera mantener a ultranza la condena del ex presidente por corrupción pasiva y lavado de dinero.
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Un miembro del Comité, Arif Bulkan, precisó hoy que aún cuando “los Estados tengan el deber de investigar y procesar los actos de corrupción, y mantener a la población debidamente informada, tales acciones deben ser conducidas de forma justa y respetando las garantías del debido proceso legal”.
El jurista y profesor de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, señaló a PERFIL que “en América Latina el sistema de Justicia se ha instituido como soberano que impone medidas de excepción. Y eso es novedoso. Así, la Justicia se instituyó en Soberano en los procesos contra Lula”.
Miembro del Grupo Prerrogativas, un espacio del que participan juristas, jueces, abogados y profesores, Serrano añadió: “Nosotros hemos dicho que los procesos contra Lula le impidieron ser candidato en la elección de 2018 y, por esa razón, le elección de ese año no fue propiamente democrática. Sencillamente la oposición a Bolsonaro, el Partido de los Trabajadores, no pudo en esa época escoger libremente quien sería su candidato. De modo que el actual presidente resultó, de hecho, electo por el Lava Jato”.
—¿Podría decirse que gracias a eso el actual presidente pudo inaugurar un gobierno autoritario?, indagó esta periodista
—En verdad él no está haciendo un gobierno de tipo totalitario porque hasta ahora no ha tenido chances.
De hecho vale recordar que intentó una suerte de Golpe de Estado en abril de 2020 para abrir paso al autoritarismo, pero le faltó el apoyo del establishment político y económico.
(*) Desde San Pablo.
