Condenaron por corrupción al intendente de Rufino, alineado al PRO, después de ganar las PASO
Natalio Lattanzi recibió dos años de condicional. También lo inhabilitaron para ejercer cargos. "Apelaremos en todas las instancias", avisó al insistir con su inocencia.
Natalio Lattanzi, intendente de Rufino. |
Twitter @LattanziNatalio
Natalio Lattanzi viene de tener una buena noticia en el plano político después de haber ganado las PASO de Juntos por el Cambio y consagrarse como candidato opositor para la reelección en Rufino, Santa Fe. Pero mientras está de campaña rumbo a las generales acaba de recibir una mala noticia en el plano judicial: la Justicia lo condenó en una causa por "negociaciones incompatibles" en torno a una licitación en la que está involucrada una empresa familiar.
Lattanzi, hombre del PRO en la ciudad, que banca la candidatura de Patricia Bullrich, está en la mira de la Justicia provincial desde 2016, cuando una denuncia realizada en el Concejo Deliberante de su ciudad alertó sobre una maniobra sospechosa. Lo que advertían, por aquel entonces, era que la pareja de Lattanzi, Marisol Raspo, se había presentado con la empresa familiar "Transporte La Rubia" a una licitación pública municipal para la adquisición y traslado de 7.500 toneladas de piedra dolomítica en el marco de una obra de consolidación de calles.
El monto de esa licitación se había fijado entonces en $2.976.600. La firma familiar estaba integrada, en ese entonces, por la propia Raspo como socia gerente, y Natalio Adelio Lattanzi, hijo del intendente, y su madre Emilia Romacho.
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El episodio se investigó durante unos años hasta que la causa fue elevada a juicio en 2019. El proceso, en tanto, se inició el 12 de junio pasado: en poco más de un mes, el juez Aldo Baravalle logró comprobar un grado de culpabilidad del dirigente político y lo condenó el pasado 31 de julio a dos años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Raspo, su pareja, recibió un año y tres meses de pena, ya que para el juez intervino en calidad de partícipe necesaria.
Asimismo, fue absuelto en el marco de una acusación por fraude en perjuicio de la administración pública y violación de deberes de funcionario público, puesto que no se concretó la contratación y tampoco se pudo avanzar en una acusación paralela por omisión maliciosa de datos en la presentación de sus declaraciones juradas como intendente.
El propio Lattanzi le dijo a PERFIL que se trata de una acusación política empujada por la oposición, aunque reconoció que tuvo un 5% de acciones de la empresa de transportes familiar que se presentó en la licitación pública, cuya socia gerente es su mujer. "Fue una oferta, no hubo adjudicación ni contratación. Las ofertas eran abiertas y todo el mundo se podía presentar, y en ese caso se rechazó la oferta de la empresa familiar por una cuestión de la Ley de Ética, a pesar de que era la más barata, y otras que no cumplían con los requisitos formales", le dijo Lattanzi a PERFIL.
Los planteos de la acusación y la defensa
El Ministerio Público de la Acusación, representado por el fiscal Mauro Menéndez, sostuvo que Lattanzi se interesó como intendente en la adjudicación de dicha licitación, en la que habría intervenido como presidente de la Comisión Evaluadora y de Adjudicación. Según el fallo al que accedió PERFIL, la maniobra fue "frustrada por la oposición de integrantes de la Comisión evaluadora, por ser una empresa familiar, evitando la adjudicación y posterior pago del monto de la licitación".
Natalio Lattanzi, intendente de Rufino.
Ante eso, el fiscal lo acusó junto a su mujer y socia de la SRL familiar. Además, incorporó otro señalamiento al sostener que si bien Lattanzi cedió las cuotas sociales de la empresa "omitió mencionar las mismas en las declaraciones juradas de los años 2016 a 2019 manteniendo la ficción de que las mismas salieron de su patrimonio y junto con su esposa presentan a la empresa de transporte en la licitación mencionada".
Después, la defensa, encabezada por el abogado Diego McNeill, planteó ante la Justicia que se trataba de un caso de persecución política "aunque no sea un caso de Lawfare", y relacionó al fiscal con el senador provincial Lisandro Enrico. Sobre la licitación en cuestión aseguró que "no hubo connivencia dolosa" y que "el régimen legal no le impedía presentarse ni se sabía quienes cobraban el pliego ni quienes se presentaron como oferentes".
"Si Lattanzi no es autor, por lo tanto, Raspo no es partícipe, no hubo acto de corrupción", reza un escrito judicial al que accedió este medio.
Los argumentos del juez
En el fallo condenatorio, el juez plasmó que se pudo comprobar durante el juicio que Transporte La Rubia SRL se presentó en el proceso licitatorio y que Lattanzi y Raspo "convivían y conviven aún", y situó a la pareja del intendente como la "titular de la mitad de las cuotas sociales y la que tiene la representación y poder de dirigir la voluntad y el interés de la persona jurídica".
A su vez, describió la acción típica de Lattanzi como la de "interesarse", es decir, "tener un interés el funcionario más allá del de la administración", debido a que "la empresa estaba íntimamente vinculada al Intendente, él había sido integrante de la misma, socio gerente, y los integrantes a la fecha de la licitación eran todos familiares directos suyos".
Uno de los puntos en los que indagó el juicio tiene que ver con el hecho de que la empresa familiar decidió presentarse a una licitación pública sin evaluar que ese hecho podría traer consigo, de mínima, un escenario de conflicto de intereses. Raspo, pareja y socia gerente de la firma de transportes, declaró que "le comenté (a Lattanzi) que me iba a presentar, no veía algo anormal, me parecía ético presentarme". Y cuando le preguntaron qué le dijo su marido, respondió: "No, no me respondió nada. Yo le comenté que había decidido presentarme a la licitación".
Baravalle sostuvo que "el conocimiento de la situación de dualidad existía ab initio (NdR: desde el principio), y lo que hubiere correspondido es que la empresa no se presentara en la licitación en la cual existe un interesado directo, que amén de la familiaridad, tiene un interés económico, aunque sea a través de la sociedad conyugal por el carácter ganancial de las cuotas con Raspo".
Cuando PERFIL le consultó al jefe comunal condenado respecto de este punto, respondió: "Cuando me desvinculé no participé de la empresa, dejé todo librado a la Dirección. Rufino es un pueblo chico y somos todos conocidos: se presenta un amigo, un pariente o conocidos. Hay muchísimas relaciones todos los días y no soy quién para decirle a uno u otro que no se presente".
El ingreso a Rufino, en Santa Fe.
Y añadió: "El daño hubiera sido que se presenten con un sobreprecio y les adjudiquen, y en este caso si hubiese contratado igual. La gravedad hubiera sido esa".
Así, tras siete años de proceso judicial, el magistrado condenó a dos años de prisión de ejecución condicional al intendente Lattanzi, junto con la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos. A su pareja, en tanto, le dio un año y tres meses de prisión de ejecución condicional junto con la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.
"Vamos a apelar todas en todas las instancias, incluso si es necesario recurriremos a Tribunales internacionales", sostuvo el dirigente del PRO rufinense, al insistir con su inocencia. "El daño es más político que penal", agregó.
Condenado y en campaña
Con el factor judicial de por medio, Lattanzi sigue su carrera para ser reelecto por segunda vez y lograr su tercer mandato al frente de la localidad de casi 20 mil habitantes ubicada en uno de los extremos de la provincia de Santa Fe.
Como se mencionó antes, viene de ganar la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, la versión provincial de Juntos por el Cambio. Terminó con el 52,6% de los votos mientras que Federico Carballeira, concejal del espacio Creo, obtuvo el 47,1%. Como no hay candidatos de otras fuerzas, se espera que el 10 de diciembre próximo reasuma en el Municipio tras la confirmación en las generales de septiembre.
Entre medio, sus abogados preparan la apelación que será presentada ante la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto. Si el fallo no es favorable a su pretensión irán a la Corte Suprema provincial. Los plazos hasta que haya una decisión firme dan para que alcance a asumir pese al pedido de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
