Carla Carrizo opina que el Gobierno está tomando con negligencia el problema del dengue, y solicitó que el ministro de Salud dé explicaciones ante la comisión de Salud del Parlamento. “El ministro no entiende que su obligación no es solamente coordinar nacionalmente y no hacer, es coordinar haciendo, tomando decisiones, e informar”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).
Carla Carrizo es diputada nacional de la UCR y una de las dirigentes que se sumó al pedido de incluir mujeres en la Corte Suprema de Justicia.
¿Van a ser todos hombres en la Corte?
Esperemos que no, vamos a trabajar para que eso no sea así. Esto no es un capricho, es la representación de las mujeres en espacios públicos con capacidad decisional, como es la Corte, que afecta la vida en la muerte de todos los argentinos, y es la última palabra con respecto a un conflicto. Incluso en cosas de índole privado, como el enfoque sobre adopción, dirime conflictos que hacen a la vida de todos los argentinos, en lo público y lo privado. Necesitamos miradas más amplias.
Hay 161 años en la historia de la Corte y solamente tres mujeres. Esas tres mujeres, que llegaron en momentos muy distintos y con perfiles muy distintos, le hicieron muchísimo bien a la justicia en el país. Menciono, por ejemplo, el caso de Elena Highton de Nolasco, que fue la última que estuvo. Ella creó la oficina de violencia doméstica en la Corte, qué es la que produce estadísticas y la usa todo el país.
Entonces, son miradas que tenemos que incorporar porque eso habla de un país moderno y, sobre todo, porque somos el 51% de la población. Las mujeres necesitamos ser dichas, miradas, cuidadas con miradas más inclusivas. Sobran profesionales excelentísimas, hay juristas de primer nivel en todas las provincias. Entonces, aspiramos a que se cumpla la ley, porque la ley dice que para la selección de los magistrados que van a la Corte hay que cumplir con dos requisitos, tener un equilibrio territorial federal y equidad de género. Es el artículo 37 de la Constitución nacional, igualdad real, no solamente formal. Así que aspiramos a eso y vamos a tener una estrategia incisiva para que esto ocurra en el Senado.
El dengue y la reacción gubernamental
Usted planteó, acerca del tema dengue, un pedido de informes y que el propio ministro de Salud, Mario Russo, vaya a la cámara de diputados. ¿Es así?
Es así. Empezamos hace 20 días. Empezamos hace más de 20 días, somos más de 30 diputados de distintos partidos. El dengue fue disruptivo en Argentina. Nos dimos cuenta porque las guardias de los hospitales públicos y privados estaban explotadas. El traspaso de gobierno no vio el dengue, y es la epidemia más fuerte en quince años. Estamos en la lista de los tres primeros países que están transitando esta epidemia, que ya en Argentina es endémica, llegó para quedarse, y no solo en las provincias mesopotámicas. En el corredor centro hay 19 provincias afectadas. No teníamos repelentes, las guardias estaban colapsadas, una enorme desinformación.
Entonces, citamos al ministro a que venga a informar a la comisión de salud, y lo estamos esperando, pero por ahora no tuvimos éxito. El primero de marzo el Congreso empezó su actividad parlamentaria normal. En el periodo de extraordinarias solamente funcionaban 4 o 5 comisiones, que eran las que trataban la ley ómnibus.
Ahora empezamos a formar el resto de las comisiones. Le hemos solicitado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que convoque urgente la comisión de salud.
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El pueblo necesita saber, y que el ministro deje de enojarse, porque debe informar, explicar y gestionar. No es una cuestión de incomodidad. Esta semana se peleó con todos los periodistas. El problema no son los periodistas ni los diputados y los referentes de los ministerios de salud de las provincias. El ministro no entiende que su obligación no es solamente coordinar nacionalmente y no hacer, es coordinar haciendo, tomando decisiones, e informar.
Hay ministros y ministerios. En algunos, uno puede tener un margen de opacidad o de mala gestión, pero hay áreas donde el márgen de error es cero, y eso es Salud, porque se juega la vida y la muerte de las personas. Es cómo la Coneau, qué es un ámbito que evalúa las carreras de educación superior en la Argentina, a algunas les exige poquito y a otras les exige todo. No es lo mismo lo que le exige a sociología, que trabaja con ideas, que lo que le exige a medicina, que trabaja con la vida y la muerte.
El Presidente es muy ejecutivo, cuando un funcionario no funciona no dura ni 24 horas, bueno, ese es el caso de Salud. Si no está funcionando, que lo hagan funcionar, porque la vida de los argentinos no puede esperar.
¿Cree que este funcionamiento se debe a errores particulares o a una política pública del Gobierno?
Es una pregunta excelente. Hay sectores en los que cualquier gobierno democrático puede tener mucho margen de innovación sobre cuánto Estado, menos, más. Ahora, hay áreas de gestión que otorgan derechos garantizados constitucionalmente. La salud pública no es interpretativa, es exigible, es un derecho para todos. Estamos en un gobierno democrático y eso lo establece la Constitución. Hay un marco constitucional Y esa Constitución dice lo que el estado debe hacer hacer. Hay una mala gestión.
Lo primero que empezamos a escuchar de parte del gobierno era que es un problema domiciliario, que los mosquitos están en los barrios, en las macetas, pero es un problema público, no domiciliario. Tendrían que haber fumigado. El caso de las vacunas. Dijeron que las vacunas no evitan la multiplicación, que el dengue se va a seguir expandiendo, pero lo que evitan es la intensidad y la muerte. Y sobre todo frente a lo que va a ocurrir, porque ya no es un problema estacional, es endémico. Tenés que vacunar porque esto llegó para quedarse. Si la política del gobierno es esperar el invierno, está todo mal, porque el dengue no se va a ir.
La Nación está para garantizar que todos somos iguales ante la ley independientemente de la provincia en la que vivamos. Esa es la responsabilidad del ministerio, y se lo vamos a exigir. Esperemos que el Presidente de la cámara esté en sintonía con nosotros y que la semana que viene se abra la comisión de salud y vengan los funcionarios a explicar cuál es el plan para un problema que llegó para quedarse, además del enojo.
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La nueva ley ómnibus
Claudio Mardones: ¿Cuáles crees que van a ser los tiempos del tratamiento de la nueva ley de Ómnibus? Hay otro tema importante que tiene que ver con el rol del radicalismo en el debate jubilatorio. Finalmente el radicalismo se quedó con la comisión de Previsión y Seguridad Social. El Gobierno había prometido que iba a implementar el Índice de Precios del Consumidor a partir de abril, finalmente quedó para junio, y en ese contexto algunos consideran que el radicalismo quedó pegado a una estrategia dilatoria del oficialismo para quedarse con el control de la comisión de previsión y seguridad social. ¿Cuál es su punto de vista al respecto?
Es una buena pregunta. La reunión con los gobernadores fue buena. En el sentido de que hay una necesidad de que hay una necesidad de gobierno, porque las provincias necesitan ser financiadas, pagar sueldos, salud, educación, seguridad, y hay un problema profundo de déficit fiscal en las provincias. Imagínese un panorama en el país donde se pierdan los tres servicios básicos. Que la policía empiece a hacer paro, las escuelas estén cerradas y los hospitales sin guardias.
Eso es lo que está en juego. Los gobernadores le dijeron cosas muy concretas al Gobierno. Que no se paralicen las obras, que necesitan resolver el dinero de los jubilados de las cajas provinciales, y que necesitan resolver en el financiamiento del impuesto a las ganancias, pero no lo roban a resolver si el impuesto a las ganancias es coactivo y multiplica la pobreza en Argentina. El impuesto a las ganancias tiene que ser el impuesto más justo, que es lo que siempre fue, como lo es en todos los países democráticos. Paga proporcionalmente el que más gana. En Argentina ya no es así. En Argentina lo pagan todos, hay privilegios y los que más ganan no pagan, y pagan los de la cuarta categoría. Si un trabajador tiene que pagar a partir de ganar 1.200.000, eso es coactivo, es vesubio, eso es lo que está en discusión. Cómo restituir la equidad con los impuestos en Argentina, esa es la agenda de las provincias.
Después, depende un poco de ellos si esta ley va a ser más o menos compleja, porque en función de eso a ver si entra la parte de los recursos fiscales o no y cuál va a ser la disposición de los gobernadores para seguir con esta palabra de “queremos contribuir y colaborar, pero necesitamos tener recursos para gobernar”.
Ahora bien, en Diputados el Gobierno aprendió, porque hasta ahora no tiene ningún éxito legislativo. Tiene una expectativa de llegar a mayo con un mensaje de gestión para la continuidad del mandato, marcando cuál va a ser la hoja de ruta del Gobierno. Esa hoja de ruta tiene la expectativa en el Pacto de Mayo. ¿Cómo se llega a eso? Hasta ahora recogió la política de la impotencia por no entender que un gobierno de minoría tiene que coordinar eficientemente con el Congreso nacional.
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La derrota legislativa fue un aprendizaje, y ahora estamos con una ley que es mucho más chiquita. De los 600 artículos pasamos a 280 y se sacó todo lo que, de alguna manera, generaba tensión. Ahora hay tres cuestiones que estamos trabajando. Hay tres temas que eran los más tensionantes y los que generaron el fracaso. Lo primero era que entiende el gobierno por reforma de la administración pública. ¿Es básicamente un derecho absoluto y arbitrario del Gobierno para intervenir todos los organismos públicos hechos por ley sin ley? Nosotros pensamos que no. Queremos saber cuál es el plan. Si tenemos eso resuelto vamos a acompañar, queremos un Estado que funcione, no que sea un obstáculo, pero no a cualquier precio. ¿Cuáles son los organismos que quiere achicar o intervenir? Que nos mande la lista, no un cheque en blanco.
Segundo punto: fondos fiduciarios. Hay 29 fondos fiduciarios en el país, seis de esos fondos son creados por resoluciones administrativas, el Gobierno los puede modificar como quiera sin que el Congreso diga nada. Después tenés 23, que de esos, 9 son absolutamente inocuos porque no le quitan un solo peso a los argentinos y las argentinas. Te digo un solo caso: el fondo fiduciario para las víctimas de trata, que se creó durante el gobierno de Cambiemos con una lucha de las víctimas y las organizaciones. Ese fondo se financia con bienes decomisados de casos de trata, no va un solo peso del Estado ahí. Entonces quedan 12, queremos que mande la lista. Que no sea una cosa a ciegas.
Tercero, el tema de la privatización. De 40 empresas, hay doce que tienen tres formatos distintos. En algunos casos privatización completa, en otros está la idea de darle competitividad como el modelo de YPF. Que el Estado tenga el control estratégico con las acciones mayoritarias. En otros casos, es mejorar las concesiones. Bueno, queremos los informes, porque hay empresas que funcionan bien y otras que funcionan mal, no es todo lo mismo. Necesitamos un informe completo de la auditoría, que nos digan por qué, porque necesitamos dar un debate público. Ya sabemos que cuando se hace una privatización o una estatización mal, no funciona, y el pueblo tiene derecho a saber.
FM
