La militante antirrepresiva, María del Carmen Verdú, afirmó que, hasta el momento, a Patricia Bullrich no le estaría funcionando frenar las manifestaciones. Además, dijo que las medidas implementadas por el Gobierno son totalmente ilegítimas e inconstitucionales. “Quieren avanzar contra la totalidad de nuestros derechos”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).
María del Carmen Verdú es abogada, militante antirrepresiva e integrante de la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI).
Nuria Am: Hay uno de los puntos de la ley ómnibus que plantea que una reunión de tres personas o más, sin una autorización explícita del Ministerio de Seguridad, podría ser interpretado como un delito. ¿Qué opinión tenes al respecto?
Hoy por la mañana, mientras revisaba las redes (un hábito de la época), me encontré con un tuit de alguien que no conozco, pero que la clavó en el ángulo. Decía: "Avisen a los Reyes Magos que tienen que notificar al Ministerio de Seguridad antes de salir a repartir los regalos, sobre todo a Baltasar, que es el más propenso a llevarse un tiro". Y es así, tal como lo describió.
Este sábado, tenemos una jornada de debate en el local de CORREPI, y le aviso a la señora Bullrich, que se encuentra en Humberto Primo, entre Virrey Cevallos y Solís. Nuestro local es pequeño y no cuenta con aire acondicionado, por lo que, durante los intervalos y recreos, para comer algo al mediodía, nos sentamos en la vereda. Seremos más de 30 personas.
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NA: ¿Vos crees que de verdad las manifestaciones y estas reuniones serán combatidas o que en realidad se anuncia el protocolo con otra intención?
Fijate que la misma disposición, la ley ómnibus, contempla lo que llama "las manifestaciones espontáneas", algo que en Argentina sucede todo el tiempo y en cualquier lugar. Si hay un barrio sin luz o agua durante más de dos días, naturalmente, todos los vecinos salen a la esquina con mayor circulación a reclamar, y los medios de comunicación se acercan para visibilizar su protesta. Esto ocurre en cualquier circunstancia porque forma parte de nuestra idiosincrasia como pueblo. Cuántas veces se ha intentado regular las actividades en la vía pública, las manifestaciones, las movilizaciones, incluso el uso de los parques; recordemos que durante la gestión de Macri llegaron a poner rejas en todas las plazas.
NA: Bueno, eso también fue implementado para reducir la delincuencia, para proteger los parques.
Lo concreto es que, en la plaza que está a la vuelta de mi casa, yo no me puedo sentar a leer a la nochecita, como yo solía hacer en un lugar agradable, mientras una mamá miraba a su chiquito andar en triciclo.
Alejandro Gomel: ¿Qué pensás que puede ocurrir con las presentaciones hechas en la Justicia contra el DNU?
Creo que la experiencia de tantas décadas con el aparato judicial argentino nos pone a salvo de cualquier especulación en ese sentido. Hay más de una docena de iniciativas judiciales distintas presentadas contra el DNU: amparos, medidas declarativas, etc. Están avanzando lentamente, siendo trámites que deberían ser rápidos y definir las cautelares de la suspensión de la medida denunciada como inconstitucional. En la mayoría de los casos, están buscando un juez que se haga cargo. Entonces, más allá de que hay que agotar todas las herramientas, no es por este lado. Nosotros estamos respaldando algunas de esas iniciativas, pero lo más importante es que este tipo de situaciones, tanto en nuestro país como en el mundo, se han resuelto con la imaginación y la creatividad del campo popular. Cuando a un grupo de mujeres que quisieron manifestarse en Plaza de Mayo les dijeron que no podían estar ahí porque eran más de tres y porque estaban en estado de sitio, y les gritaron "¡circulen, circulen!" e inventaron las conocidas rondas de las abuelas y madres de Plaza de Mayo.
Claudio Mardones: Una consulta sobre este escenario que se está abriendo. ¿Cómo evalúas el accionar, en las últimas manifestaciones, de las fuerzas de seguridad bajo el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich?
Si hubo pocas detenciones en proporción a la magnitud de las movilizaciones ocurridas en estos días en la Ciudad de Buenos Aires, no fue por falta de decisión política del Gobierno, sino porque las organizaciones y las personas que se manifestaron de manera individual, sin pertenecer a ninguna organización específica, tomaron todos los recaudos y precauciones. Incluso, algo que vemos con beneplácito en el caso de CORREPI, es que la gente que concurre de forma independiente se toma el trabajo de decidir con qué organización se va a encolumnar para no estar sola o solo. Esto es fundamental porque siempre desde lo colectivo tendremos más recursos para cuidarnos, ya que estamos con otras personas que también se preocupan por nuestra seguridad.
Y a los hechos me remito: no les estaría funcionando frenar las manifestaciones porque, de hecho, las tres manifestaciones que mencionaba fueron realmente muy masivas y absolutamente prolijas por parte de las personas que participaron. Además, se destacaron episodios de solidaridad colectiva, como el caso del mozo que ayudó a unas pibas a resguardarse dentro del local cuando la policía quería apretarlas.
En ese sentido, lo que es muy valorable desde nuestro lado, el lado de las organizaciones populares, es que estamos comprendiendo la situación en la que estamos y aplicamos un ajuste, una actualización, al máximo de nuestros protocolos de cuidado y seguridad, tanto individual como colectivo.
Otro dato es la aparición y consolidación de una serie de espacios de cooperación, de colaboración, de coordinación, que, en algunos casos, nuclean más de 100 organizaciones como es la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia. Esta iniciativa surgió de la Federación Judicial Argentina, la cual viene armando guardias para dar una respuesta rápida y asistencia a las personas detenidas. Funcionó como un relojito suizo tanto el 20 como el día del acto de la CGT en Tribunales, donde de las cuatro personas que fueron detenidas, pudimos conocer inmediatamente sus nombres y situación. De hecho, hubo abogados de las organizaciones que concurrieron al lugar de detención.
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Dicho sea de paso, habilitaron una mega alcaldía en el Instituto Superior de Seguridad Pública, en Lugano. Se trata de una especie de acumulación de manifestantes, que viene a ser, para los que tenemos un par de décadas en esto, como el Gral. Paz y Madariaga de la Ciudad o como aquella de alcaldía en la cárcel de Batán que habilitaron tres días antes de la movilización de la Cumbre en el 2005.
Frente a ese escenario, desde el campo popular hay respuestas de mucha responsabilidad, sin abandonar el eje central, que es enfrentar a estas medidas absolutamente ilegítimas e inconstitucionales que avanzan contra la totalidad de nuestros derechos.
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En la ley ómnibus hay algunas cuestiones que todavía no han tenido demasiada visibilidad pública y que son gravísimas. Está incluido el proyecto de reforma del artículo 34 del Código Penal, que establece la impunidad absoluta en todo caso de gatillo fácil y la prohibición a la familia de la víctima para querellar, ya que no pueden constituirse como querellantes. Textualmente, la ley dice: “Quien comete un delito, aun en grado de tentativa, así como sus parientes en caso de fallecimiento, carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida, aunque no concurrieren los eximentes de este artículo en favor de quien se defiende u obre en ejercicio de su deber, autoridad o cargo”, es decir, el estado de necesidad, la legítima defensa, el legítimo cumplimiento del deber. Con este artículo desaparece toda instrucción para investigar un potencial caso de gatillo fácil. Tengo un pibe con tres tiros por la espalda o un tiro en la nuca y basta que el policía diga “yo traté de impedir la huida” para que la causa se archive y la familia no pueda querellar.
MDP JL