La incidencia y capacidad transformadora de la política científica, que se formule y ejecute en función de dar respuesta a las necesidades, demandas y potencialidades de los territorios y sus poblaciones, es significativa. Sus externalidades se imbrican e interconectan con otros sistemas gestionados por el Gobierno, mediante el aparato estatal, como son el sanitario, educativo, energético, ambiental, alimentario, cultural, social y económico.
La política científica tiene un rol performativo en diferentes ámbitos y escalas y cuenta con la posibilidad de constituirse en un agente gravitante para la transformación económica. En tanto parte de las políticas públicas, desempeña un papel central en la promoción del conocimiento y desarrollo socioeconómico de los países. Logra tener incidencia en la medida que su gobernanza esté orientada a desarrollar y optimizar capacidades institucionales de anticipación, intervención y compensación frente a la magnitud y velocidad del cambio tecnológico.
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En el caso argentino, en un contexto geopolítico multipolar altamente competitivo, el desafío es mayor. La política científico-tecnológica nacional requiere definiciones y decisiones para constituir alianzas público-privadas en áreas estratégicas que, a partir de nuestro acervo de recursos institucionales y profesionales, posibilite potenciar el aparato productivo.
Inteligencia y tecnología, al servicio de la salud
Esto implica, entre otras acciones, aplicar estándares y normas que se ajusten a requisitos regulatorios internacionales y nos permitan abastecer y expandir el mercado interno e insertarnos competitivamente en mercados regionales y globales.
La posición de economía periférica dependiente de la Argentina, orientada a la explotación extensiva de recursos naturales, la restricción económica externa y los cambios de modelo de desarrollo de país afectan y alteran el financiamiento y continuidad de programas y planes estratégicos del sector de ciencia y tecnología.
La política científico-tecnológica en Argentina
Esto implica dinámicas de desarticulación institucional de conocimientos, saberes, experticias y capacidades tanto científicas como tecnológicas, que luego resulta muy trabajoso reconstruir. Si a esto le sumamos el comportamiento histórico de gran parte de los sectores productivos nacionales (escasamente innovador, con alto nivel de extranjerización en investigación y desarrollo, conservador por abuso en posición dominante de mercado), se configura un sistema en el cual hay baja demanda de conocimiento desarrollado localmente, y escasa densidad en vínculos y espacios de cocreación en alianza con potenciales usuarios.
No se puede esperar que la política en ciencia y tecnología resuelva por sí misma problemáticas socioeconómicas complejas, pero sin una política científico-tecnológica más audaz y desafiante, su abordaje y superación no resulta posible. El desafío para la gestión está en optimizar la capacidad institucional de articular el conocimiento experto con el generado por otros actores, para formular diagnósticos, instrumentos y nexos colaborativos y construir senderos de desarrollo promisorios.
