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OPINIóN / Economía
jueves 7 noviembre, 2019

Todo lo que hay que saber sobre la desindexación

¿Qué es exactamente y qué implicaría en la formulación de una próxima política económica?

por Tristán Rodríguez Loredo

Para los especialistas, atar el peso al dólar sería una medida de última instancia que no soluciona los problemas de fondo. Foto: Cedoc
jueves 7 noviembre, 2019

Desde que la fórmula Fernández-Fernández ratificó su triunfo, la maquinaria de poder se reperfiló. De enfocarse en ganar la elección con la mayor diferencia posible a explorar el margen de maniobra que tendrá a partir del 10 de diciembre para convertir en realidad las promesas de campaña. Con respecto a la inflación y todo lo que derrama, la situación puede agravarse por el mecanismo de ajuste automático a medida que se acelera: la indexación.

Por lo tanto, la desindexación de la economía pasó a ser un objetivo, enfriar las expectativas inflacionarias y bajar un cambio en la vorágine monetaria. Pero ¿qué es exactamente y qué implicaría en la formulación de una próxima política económica?

  • La indexación es un neologismo, finalmente incorporado por la Real Academia Española que significa: “Registrar ordenadamente datos e informaciones, para elaborar su índice”. La forma en que las variables se vinculan con la que va cambiando para asumir su nuevo valor, es la clave de este proceso.
  • En una economía con inflación permanente, algunos precios se van actualizando según la evolución de la variable elegida previamente: el índice de precios al consumidor (IPC) es la más conocida como otras específicas, el índice de precios de la construcción para actualizar contratos de ese sector.
  • En el caso de los préstamos, hay casos en que se utiliza el índice de salarios para actualizar el capital adeudado. El caso más conocido es el del UVA (Unidad de  valor adquisitivo) que es un índice elaborado sobre la base del coeficiente de estabilización de referencia (CER) que a su vez refleja el IPC.
  • Otros casos de indexación automática es el de las paritarias que fijan “cláusulas gatillo”: mecanismo por el cual los salarios se vuelven a actualizar si la inflación supera el margen previsto. Los gremios involucrados no terminaron de dar su conformidad con dicho sistema y el actual Gobierno, a veces lo vio como la tabla de salvación para solucionar conflictos sindicales y otras como un mecanismo perverso de espiralización salarial.
  • Los beneficios de la seguridad social (jubilaciones, pensiones y asignaciones universales por hijo –AUH-) también incluye un mix entre el IPC y el denominado RIPTE (o índice promedio de remuneraciones) que se actualiza trimestralmente. El Gobierno simplemente anuncia el porcentaje de aumento de dichos beneficios que explican más del 60% del gasto público nacional.
  • Otra indexación conocida es la de los contratos de concesiones de servicios y los de obra pública, que establecen mecanismos automáticos de establecimiento de precios y tarifas. Los más conocidos son los del sector energético porque se vinculan con dos variables: el precio del petróleo (o del gas) y el dólar.
  • Los alquileres personales, en cambio y hasta la aprobación de la nueva ley actualmente en discusión parlamentaria, tienen vedada la indexación. Para contrarrestar los efectos de la inflación, en los contratos se prevén aumentos escalonados pero con la incertidumbre de conocer qué parte ganó y cuál perdió finalmente. El actual proyecto con dictamen de comisión de Diputados, establece un índice que combina el IPC y los salarios.
  • Desindexar es el intento por contrarrestar el efecto del arrastre de las variables, mucho más dinámicas en procesos de alta inflación e inestabilidad cambiaria. ¿Cómo se puede lograr? Básicamente alterando el contrato de servicio de común acuerdo entre ambas partes o por una norma legal que altere los términos de dicho contrato en circunstancias de emergencia o fuerza mayor.
  • Una probable ley de emergencia económica apuntaría a alterar los indicadores o suspenderlos en el tiempo para lograr la desindexación de las variables consideradas, empezando por el propio gasto público (prestaciones sociales), las tarifas y los costos de la obra pública. Pero si el Estado debe afrontar el costo entre el viejo y el nuevo índice, el costo fiscal se dispararía.
  • Las paritarias que se empiezan a discutir para el año próximo también se verían afectadas al ponerse en duda la aplicación de las cláusulas gatillo y terminar de ofrecer un porcentaje que es menor que el alza del costo de vida.
  • Los instrumentos de deuda pública también se hallan indexados a determinadas variables, según sea el caso: la tasa de interés, el IPC o el CER, o directamente nominadas en dólares, que de hecho actualizan con cada alteración del tipo de cambio. Cambiar para atrás dicho mecanismo es difícil de común acuerdo y cambiarlo para un futuro puede hacer peligrar la capacidad de contraer deuda de un gobierno ya jaqueado por los vencimientos.

En este caso específico y en otros muy puntuales, asoma el siguiente desafío de la política económica de la administración entrante: pesificar la economía. La ocasión se presenta tentadora: hay amenaza de un verano monetario para diciembre, con abundancia de pesos haría escapar los índices inflacionarios y un dólar fragmentado en varios mercados a veces inconexos y que ocultan un valor claro de referencia. Otro desafío más para la política económica que transitará, una vez más, por la delgada frontera entre lo posible y lo deseable.


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