Frente a la disponibilidad de vacunas efectivas contra el Covid 19 a partir del mes de enero, iniciaron en el planeta profundos debates acerca de una distribución de las mismas que sea humanitaria, transparente, justa y eficaz, dado que hasta que no lleguemos a un piso global de vacunados el virus podrá seguir mutando y volverse más esquivo y peligroso.
En paralelo, argentinos y cordobeses, con la llegada de las primeras vacunas Sputnik al país, hemos visto salir a la luz denuncias de que se habían vacunado de manera furtiva, discrecional e ilegal funcionarios, empresarios, gremialistas y amigos del poder, arropados en una muy cuestionable figura de trabajadores estratégicos o esenciales. La sociedad pronto entendió la gravedad de este hecho y se negó a aceptar que un bien público relevante, que puede significar la vida o la muerte de un anciano o un enfermo grave, sea un botín más del clientelismo.
Vacunas VIP: jueces cuestionan los dichos de Alberto Fernández sobre las "payasadas" judiciales
La propia ciudadanía, desde su más elemental sentido común, cuestiona a su presidente cuando señala que la vacunación VIP no es un delito tipificado en el código penal, intentando minimizar la gravedad de los hechos sucedido, tildando a las denuncias como payasadas. Abuso de poder, incumplimiento del deber de funcionario público, tráfico de influencias, manejo de información privilegiada y malversación de fondos públicos son, al menos, tipos penales que encuadran en lo sucedido.
En Córdoba ha pasado lo mismo. Hemos visto a un gobierno provincial intentando justificar lo injustificable. Aportamos la evidencia de 500 personas que se vacunaron indebidamente apelando a atajos discursivos para ponerse al frente de la fila. Personas que no debieron vacunarse y están vacunadas. Personas que estando habilitadas para vacunarse recibieron su dosis días o semanas antes de lo debido. Personas que, habiendo sido vacunadas, no figuran en ningún registro oficial.
Naturalizar lo que está mal nos empuja a la anomia y a la consolidación de una sociedad de sujetos desiguales
Hemos denunciado estas arbitrariedades, como así también hemos propuesto la creación de un registro público de personas vacunadas, en donde la información sea disociada permitiendo la confidencialidad de los datos sensibles, pero resaltando que los deberes de un funcionario público están por encima del alcance de la normativa nacional en la materia, y exigen que sean debidamente publicitados.
Tanto el gobierno nacional y de muchas provincias pretenden dar vuelta la página de estos escándalos de la vacunación a los funcionarios y amigos del poder. Aquí hay dos problemas. El primero de ellos es naturalizar lo que está mal, y resignarnos a pensar que existen capas o esferas de poder a partir de los cuáles derraman bienes públicos, como las vacunas. El segundo es igual de atroz, y consiste en asumir que jamás tendremos una dirigencia política que adopte como propios los valores del servicio público con convicción y atados a una ética inclaudicable de las responsabilidades.
Confundir desde el Estado lo que está bien de lo que está mal rompe con la ejemplaridad, valor que debe guiar toda conducta pública. Naturalizar lo que está mal nos empuja a la anomia y a la consolidación de una sociedad de sujetos desiguales. No podemos ni queremos consentirlo.
*Legislador de la Provincia de Córdoba-UCR.
