La paz social es un valor central de la vida social al que se ordenan muchos otros. La sociedad argentina cuenta entre sus activos el haber construido un encomiable diálogo interreligioso, cuya referencia puede orientar el desarrollo de una estrategia de promoción humana integral comprehensiva de la diversidad de sectores sociales, políticos e institucionales del país.
La reciente convocatoria a un espacio de intercambio multiactoral a la luz de la encíclica Fratelli tutti resaltó la prioridad de establecer mecanismos institucionalizados para la búsqueda de consensos estratégicos que, aunque supongan la integración de intereses divergentes, se basan en la convicción de que su materialización es ante todo una obra colectiva asentada en valores compartidos.
Nuestra democracia requiere de la institucionalización de la solidaridad para remover las injusticias económicas y sociales.
Existe entre los actores sociales un acuerdo generalizado en torno a la centralidad del trabajo como instrumento privilegiado de integración social.
Sin embargo, es compartido el diagnóstico respecto del carácter estructural de las falencias del mercado laboral argentino y de la estrecha vinculación de esas deficiencias con las dinámicas de producción de la pobreza y la marginación social.
La experiencia histórica ha demostrado que el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para la promoción de fuentes de trabajo y la generación de empleos de calidad en las cantidades exigidas.
El mantenimiento de un abultado sector informal destaca la necesidad de planificar una política concertada de transición a la formalidad que contemple, además de la articulación de políticas laborales y de seguridad social, la concurrencia de las políticas tributarias, financieras, productivas y de desarrollo tecnológico que impulsen coordinadamente la progresiva formalización de una amplísima variedad de actividades microempresariales, independientes y autogestionadas.
La economía popular demanda nuevas herramientas y acciones que permitan potenciar sus capacidades productivas. Entre ellas, la asistencia técnica, financiera y tecnológica para la mejora de los niveles de productividad, la formación para el trabajo y el fortalecimiento de las políticas de empleo, y el impulso y acompañamiento a los procesos de organización y representación colectiva de los trabajadores.
El reconocimiento y la incorporación de las organizaciones de representación colectiva de los sectores informales y de la economía popular en los ámbitos oficiales de diálogo social, en conjunto con el establecimiento de estatutos laborales y de seguridad social específicos para dichos colectivos, son alternativas promisorias en la perspectiva de los derechos económicos y sociales.
Es prioritario, además, desarrollar la cobertura de la seguridad social extendiendo su alcance a través de la implementación de componentes semicontributivos cuya calibración evite la generación de desincentivos a la contratación de trabajo registrado. En particular, la cobertura legal de los regímenes de salud y de riesgos del trabajo, así como el sostenimiento de ingresos ligados a la participación en los servicios de empleo son orientaciones claves para la protección de los trabajadores informales y de la economía popular en el actual escenario de fragilidad social.
Finalmente, no debemos dejar de destacar que el diseño de mercados laborales inclusivos en un marco de concertación económica y social implica realzar el rol social de las empresas y de los dadores de trabajo en un contexto en el que, más allá de los límites de la mera racionalidad económica, es absolutamente necesario que “se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos”, tal como el propio Francisco afirma en Laudato si´ retomando lo dicho antes por Benedicto XVI en Caritas in veritate.
*Director del Programa Pobreza, Inclusión y Política Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y miembro del Comité Organizador del seminario Hacia una Argentina con Desarrollo Humano Integral.
