Desde hace más de cinco años, un grupo de familias de San Pedro lleva adelante un doloroso proceso judicial en reclamo de cárcel efectiva, para los dos acusados de abusar de sus niños en el Jardín Belén de esa ciudad. Se trata del cura, Tulio Matiussi, y el portero Anselmo Ojeda, ambos condenados a 15 años de prisión. Los denunciantes aseguran que el sacerdote vive en una quinta del Obispado de San Nicolás y el portero en la casa de un familiar.
El proceso de las familias denunciantes y afectadas fue un recorrido dispar de fortaleza y fragilidad. Desde el descreimiento social hasta el hostigamiento de la Iglesia.
En 2017, Matiussi, representante legal del Jardín Belén de San Pedro, respondió con mesura ante la consulta de “Noticias San Pedro”, medio local de la ciudad homónima, sobre la denuncia por abusos sexuales a alumnos y alumnas de ese Jardín de Infantes. “Prefiero no dar detalles por respeto a las familias”, dijo entonces y agregó: “Vamos a acompañar a los padres en todo lo que sea necesario y me sumo a la búsqueda de la verdad”.
Cinco años después, el 24 de mayo de 2022, el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás condenó a 15 años de prisión a Tulio Matiussi y Anselmo Ojeda por hallarlos culpables de diversos hechos de “abuso sexual agravado” cometidos en 2017 contra al menos, cinco niñas y niños de entre tres y cinco años de edad.
Indicios. Carla Vitale es una empresaria muy activa en redes, desde donde publicita muebles con maderas autóctonas, y decoración de interiores. Un posteo rompió hace unos días los marrones y ocres de las maderas y telas para pedir, en letras grandes y negras, “que cumplan condena en la cárcel los culpables de abuso”. Fue en agosto pasado, cuando el Tribunal de Casación de la Plata confirmó la condena por abuso sexual a cinco niños que tenían entre tres y cinco años. “Yo soy mamá de una de ellos”, contó ella en un video.
Carla fue la primera que denunció el abuso de su hijita en diciembre de 2017, por la misma época que el abusador hacía reuniones de padres para desviar el tema. Mediante el juego, su nena, a casi un año de empezar las clases, pudo expresar lo que le estaban haciendo en el jardín junto a sus compañeritos. Había tres personas nombradas: el cura, el portero y una preceptora que quedó libre por beneficio de la duda.
Ana Clara Froman tenía a su única hija en la sala de tres. “La nena presentó síntomas físicos durante todo el año”, contó. La llevó a una pediatra conocida que le mandó análisis vaginales ante las continuas irritaciones. “Debe ser el papel higiénico, está empezando a limpiarse sola y el papel del jardín no es el mismo que el de la casa, me decía, y uno confiaba. Hasta que, a fin de año, la llevo al centro pediátrico otra vez, y había otra médica que me dice ‘mamá, ¿cuántas veces viniste por irritaciones no? Y me mira alarmada”. Allí decidió ir a Buenos Aires. En esos días pidió una reunión con las familias donde salieron a la luz distintas situaciones de abuso.
El abogado Ariel Fusco, en el rol de particular damnificado en representación de cuatro de las cinco familias denunciantes, explica a PERFIL el camino judicial recorrido: “Los acusados fueron llevados a juicio oral por el delito de abuso sexual simple, agravado por el rol de guardador en ambos casos y por ser ministro de culto en uno de ellos. El Tribunal Oral Nº 2 de San Nicolás los condenó a la pena de 15 años de prisión, siendo esa condena confirmada recientemente por el Tribunal de Casación Bonaerense”.
“Las familias estábamos solas”, cuenta Ana Clara sobre el juicio. “Desde el Ministerio de Educación, del Obispado de San Nicolás y de la Iglesia hubo una actitud que distaba mucho de ser humana y de velar por el derecho de los niños, no tuvieron compasión”, acota y explica que son cinco familias que siguieron adelante con el proceso judicial, pero “hay más”.
En relación al proceso judicial y su prisión domiciliaria el abogado explica: “porque la sentencia aún no está firme y porque el Tribunal de San Nicolás, teniendo facultades de ordenar la detención frente a la sentencia condenatoria, prefirió mantenerlos en prisión domiciliaria, lo cual también está en sus facultades. El fiscal de instrucción, frente a la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal de Casación, solicitó al Tribunal Oral de San Nicolás que revoque la prisión y ordene su alojamiento en un establecimiento penitenciario, petición que el abogado de las familias comparte, “dado que esa presunción de inocencia se va degradando”, puntualizó el abogado.
“Queremos justicia, cárcel efectiva, ellos intervinieron en la vida y el crecimiento de nuestros hijos de una manera horrenda, y no tienen perdón de Dios”, dice Carla.
En la calle Ansaloni 1100 de San Pedro, el Jardín Belen sigue abierto con niños y niñas de tres a cinco años. Con sus baños, su Iglesia, y su gran puerta debajo de la campana que tanto nombraron los niños y niñas en la cámara Gesell. Dos personas están condenadas por abuso en esas instalaciones, bajo la Dirección de Escuelas Privadas.
“Son delitos que marcan muchísimo”
“Un abuso lleva toda una vida poder sanarlo”, dice a PERFIL Ingrid Figueroa Cruz, (32), quien denunció a Moises Pachado, cura de su pueblo Hualfin, en la provincia de Catamarca, por abusar de ella cuando tenía nueve años con total impunidad. Amigo de la familia y cura de pueblo, también sufrió agravios por enfrentar el poder del “enviado de Dios” en el pueblo. “El sistema de encubrimiento de la Iglesia es cada vez más evidente”, dice Ingrid, hoy parte de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico. “En mi caso, el Obispado de Catamarca le pagó los abogados, fueron dilatando la causa para pedir la prescripción, y cuando estaba a punto de ser elevado a juicio, el cura se murió”, cuenta. Ingrid no quiso seguir con la denuncia civil, pero su lucha sigue desde la Red. Entiende, por experiencia, lo que ocurre cuando se denuncia en algunos contextos. “Cuando son pueblos pequeños la gente cree que vamos contra su fe, los mismos fieles deberían repudiar estos hechos, porque no son pecados, son delitos que marcan muchísimo”, concluye.
