El entonces secretario de Acción Social de la CGT, Armando Cavalieri, trajo el mandato de la central obrera. Había acuerdo. La entonces ministra de Salud, Graciela Ocaña, puso en marcha su proyecto para que el Estado compre los medicamentos de alta complejidad –como los recetados contra el cáncer, VIH y hemofilia– y abastecer a las obras sociales. Era 2008.
“Empecemos con las drogas para hemofílicos”, propuso la ministra. La decisión molestó en Camioneros, y Hugo Moyano se presentó en su despacho junto al director médico de su obra social, Oscar D’Onofrio. Entonces no hubo acuerdo. El argumento del gremialista fue que, con ese sistema, los medicamentos saldrían más caros, pero la ministra sospechaba que en realidad no quería perder el control de “la caja”.
Ocaña había tomado la decisión luego de recibir un informe que afirmaba que el 20 por ciento de los expedientes presentados por los gremios ante el Estado incluían troqueles falsos, es decir que cobraban reintegros por medicamento que no entregaban. Si el Estado comprara los medicamentos, el negocio de los expedientes falsos se terminaría, creyó Ocaña. Un llamado al ex presidente Néstor Kirchner ayudó a Moyano a desactivar el proyecto. Así nació la guerra entre Ocaña y el camionero, que terminó con la renuncia de la funcionaria.
Tres años después, en medio de la tensión entre la presidenta Cristina Kirchner y Moyano, el Gobierno volvió a estudiar la medida para que las obras sociales ya no compraran medicamentos. Pero PERFIL confirmó esta semana que el Gobierno decidió dar marcha atrás con la reforma, eliminando así un foco más de tensión con el líder de la CGT.
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