“Perdón, hoy estoy un poco distraida”, asumió Cristina Kirchner entre risas al inicio de la sesión número 26 del 2020, cuando no lograba acertar los números de las órdenes del día que debían tratarse en la jornada. Es que la de ayer fue la segunda sesión que la vicepresidenta y titular del cuerpo encabezó en la misma semana, como parte de la estrategia del Gobierno para dejar resuelta la mayor cantidad de asuntos parlamentarios antes de fin de año.
Precisamente, el apuro tenía como eje la sanción definitiva del polémico Aporte Solidario y Extraordinario que logró la aprobación parcial en Diputados luego de una ardua negociación del Frente de Todos.
A última hora el oficialismo se aprestaba a lograr el objetivo, sostenido por la amplia mayoría que tiene el bloque del Frente de Todos alineado detrás del proyecto de Carlos Heller y de Máximo Kirchner. Ahora se descuenta que se abrirá un escenario con disputas judiciales.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Carlos Caserio, fue el encargado de hacer la primera defensa del texto que apunta a gravar a las mayores fortunas de personas físicas, a razón de un 2% por única vez para quienes posean más de 200 millones de pesos.
“Este es un aporte que se ha solicitado en una situación trágica y excepcional y está dentro de nuestro criterio para tener un Estado justo y solidario al servicio de la gente. Esto va direccionado a los grandes patrimonios del país”, argumentó el legislador cordobés, cercano al presidente Alberto Fernández pero cada vez más afín con las movidas internas que encabeza la vicepresidenta desde el Congreso.
Si bien el primer cálculo de AFIP indicaba que el tributo afectaría a menos de 10 mil personas, esa cifra supera a los 11.000 individuos que deberán hacer el aporte de manera extraordinaria, ya que el oficialismo garantiza que no se sumará un nuevo impuesto como especula la oposición. La iniciativa surgió durante el primer mes de la cuarentena, cuando el oficialismo buscaba una manera de sostener el parate económico y fortalecer el sistema sanitario, pero las disputas políticas e ideológicas retrasaron hasta el último mes del año la aprobación.
Desde la oposición, el senador radical Martín Lousteau, uno de los pocos que participan de manera presencial de las sesiones, lanzó: “Digámoslo de una vez, esto no es un aporte, es un impuesto extraordinario por única vez, y no entiendo cómo vamos a seguir financiando esas cosas si el aporte es solo por un año, y además ya sabemos qué pasa con los impuestos extraordinarios en Argentina”.
Roberto Basualdo, uno de los senadores que ingresa dentro del selecto grupo que será afectado por el aporte, se quejó porque “parece en este país que fuera pecado que a alguien le vaya bien, al contrario, yo le ruego a Dios que a todos les vaya bien”, enfatizó.
Como contrapartida, la santafesina María de los Angeles Sacnún destacó la relevancia del proyecto para poder cumplir con “derechos económicos, sociales, medioambientales y culturales” tras la crisis causada por el coronavirus y la cuarentena y remarcó la idea de que se trata de un “aporte excepcional”.
Desde Mendoza, el ex vicepresidente Julio Cobos también dio sus explicaciones en contra de la iniciativa impulsada por el Frente de Todos y presentó un gráfico estadístico hecho a mano que fue motivo de humoradas en redes sociales por lo básico de sus datos.
También se aprobaron modificaciones al manejo del fuego que impulsó Máximo
Sin sorpresas, el Senado dio sanción definitiva a una modificación de la Ley de Manejo del Fuego que motivó acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición no solo sobre el contenido del texto sino por las apreciaciones en torno al autor del proyecto, el diputado Máximo Kirchner.
“Cuando uno ve los diputados que acompañan esta iniciativa, es gente con muchísima trayectoria y ahí me preguntó qué pasó”, analizó la bonaerense del PRO Gladys González y siguió conjeturando con ironía: “Me pregunto si de verdad no se animaron a decirle que ‘no’ a su conductor político, no se animaron a sugerir modificaciones a la iniciativa a quien por estas horas parece que va a ser su próximo candidato a presidente”.
El texto sumó 41 votos a favor, 28 en contra y una abstención y apunta a prohibir el uso y destino del suelo de superficies incendiadas por 60 años en áreas protegidas y humedales, y por 30 años en áreas productivas y pastizales.
“No se puede pensar que los incendios solo ocurren por aquellos que quieren hacer desarrollos inmobiliarios o buscan aumentar las hectáreas producidas por sus campos. Ese es un pensamiento de ‘hippie chic’, cómo les llamamos los cordobeses a quienes prejuzgan sin saber”., se quejó la senadora Laura Rodríguez Machado, oriunda de la provincia que más sufrió los incendios durante este año.
En defensa del proyecto se expresó la fueguina María Eugenia Duré, quien citó al biólogo Roberto Bo y resaltó que “esta modificación terminará con la mentira de que al fuego no lo prende nadie, cuando se sabe que el origen de los incendios es humano en un 95% de los casos”, explicó, en línea con la salteña Nora Giménez que dijo que “con su aplicación, este proyecto logra disuadir”.
Desde la oposición surgieron además advertencias sobre la inaplicabilidad de la norma y la posibilidad de que sea declarada inconstitucional, porque según argumentaron, no tiene en cuenta que el manejo del suelo es provincial y también porque avanza contra el Código Civil con restricciones al dominio y al derecho de la propiedad, entre otros puntos.
