Luego de una mañana de discusiones y debate entre funcionarios, operadores y consejeros, el Secretario de Justicia y representante del poder ejecutivo, Julián Álvarez, arrasó el jueves pasado con el cuerpo de auditores del Consejo de la Magistratura, tal como lo adelantó Perfil.com.
Alvarez impulsó el plan inicial y desvinculó al órgano de contralor, integrado por el presidente Pedro Meydac, José Luis Pivetta y Luis Molinari Romero. Todos ellos de origen radical, vinculados a la Universidad del Litoral y a Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, explican voces judiciales. La única que sobrevivió a la embestida fue la funcionaria Paola Prado, que continuará en el cargo.
Con el poder de veto que constituye la mayoría simple de siete votos, el líder de la agrupación que dirige Máximo Kirchner, avanzó “sin miramientos” luego de la ruptura de un supuesto acuerdo entre los camporistas, el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, y operadores vinculados al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, según sentenciaron altos funcionarios judiciales.
Como titular del organismo que debe controlar finanzas y el estado de los juzgados, nombró a Ingrid Jorgensen. Una abogada del rinón del diputado nacional kirchnerista Carlos Kunkel a quien asesoró durante años en el órgano encargado de seleccionar, sancionar y remover jueces.
En tanto, en el lugar de los apartados asumirán María Lucila Pampillo, hasta ahora asesora de la Comisión de Disciplina y Acusación, y Claudia de la Malba, funcionaria del Consejo. Ninguna de las partes involucradas en la presunta negociación quedó conforme.
Álvarez hubiera preferido alfiles propios pero se vió limitado por la reglamentación que exige en ese tipo de cargos, personal de carrera. En tanto el radicalismo y Lorenzetti perderían poder de disposición en el manejo de los fondos del poder judicial a través del Comité de Inversiones creado en 2011.
Pero además, este avance camporista “debilita no sólo la ingeniería financiera sino también los nexos a través de funcionarios afines”, destacan fuentes judiciales. “Ha sido un puñal a Ricardo Lorenzetti”, explicó a Perfil.com un asesor de Kunkel que participó de la desarticulación del cuerpo colegiado.
En medio de una acalorada discusión, Meydac fue informado de la decisión el día martes por Claudia Levín, Secretaria Académica de la Escuela Judicial y representante del Consejo de la Magistratura en el Comité de Relaciones Internacionales del Poder Judicial de la Nación.
Levin habría sido desde el 2004 el nexo entre el radicalismo y Lorenzetti. La abogada de la provincia de Santa Fe y profesora de la Universidad del Litoral, mantiene una férrea amistad con el presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, candidato a Ministro de Justicia de Macri, ratificaron a Perfil.com voces de la justicia federal.
Todos los funcionarios desvinculados mantendrán sus cargos y salarios pero ya fueron transferidos a diversas vocalías para trabajar como asesores. Meydac pasó a la vocalía del senador radical Ángel Rozas, Piveta a la de Miguel Piedecasas, representante de los abogados provinciales e íntimo amigo de Lorenzetti, según insisten allegados. En tanto, Molinari Romero se resguardó con el diputado nacional por la UCR, Gustavo Valdéz.
Mientras cercanos a Lorenzetti niegan cualquier tipo de acuerdo, los Camporistas mantienen en la mira a otros funcionarios que ocupan cargos “claves” y que responden al estamento judicial.
