Primero, la falta: llamativamente, la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina- único actor colectivo en el país, compuesto por un equipo multidisciplinario,- no fue consultada. Publicado el informe, el abogado de la Red, Carlos Lombardi, pidió el derecho a réplica por los dichos del obispo de San Francisco (Córdoba), Sergio Osvaldo Buenanueva, a quien el Episcopado eligió para diseñar la estrategia local sobre cómo enfrentar el problema por parte de la curia.
En las líneas que envió a La Nación, sin respuesta, Lombardi sostuvo, fundamentalmente, estos tres puntos:
A) Las declaraciones del obispo Sergio Buenanueva en La Nación son, realmente, lamentables. Cuando dice “Hubo un sistema enfermo en la Iglesia que encubría los abusos", es de un cinismo atroz. No sólo hubo. Actualmente, el sistema de encubrimiento continúa. El mismo es parte del sistema ya que – como sostiene el ex sacerdote mexicano Alberto Athie – existen tres niveles de responsabilidad institucional. El primero es el del cura abusador. El segundo, del obispo encubridor, el que aplica las normas pergeñadas en el Vaticano para proteger a los violadores. El tercer nivel, es el de aquellos que han elaborado premeditadamente el sistema, concentrado en el Código de Derecho Canónico, el auténtico huevo de la serpiente.
B) Siguiendo el orden de las declaraciones, cuando refiere que “la Iglesia argentina no tiene un registro de abusadores entre sus miembros”, está reconociendo una cuestión que forma parte de la estrategia institucional: el mantenimiento de los archivos secretos, caja de Pandora donde van a parar, conforme el canon 1339 inc. 3 del Código Canónico, todas las denuncias y amonestaciones a los abusadores.
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C) Preguntarse ¿cómo fue posible que perdiéramos de vista que el bien para defender no era la buena imagen de la Iglesia, sino el bien de una persona que Cristo ha puesto en el centro de nuestra misión?, es una expresión digna del personaje de Moliere, Tartufo. Semejante acto de hipocresía oculta cómo el propio Buenanueva es parte del mecanismo ilícito (…) ¿No había conciencia? ¿Hoy la hay? Preguntémosle entonces al obispo de La Plata Víctor Manuel Fernández, por qué sigue sosteniendo al cura Eduardo Lorenzo, denunciado por abuso sexual a un joven y nombrado a principios de este año en el colegio “Nuestra Señora del Carmen”, en Tolosa. O al obispo de Mendoza, Marcelo Colombo, quien esgrimió como fundamentos para pedir una prórroga de jurisdicción para juzgar al monje Diego Roqué – es decir, que le saquen el problema de encima – “la necesidad de ofrecer la más absoluta independencia e imparcialidad al acusado” y “evitar, conforme antecedentes que ya existen en la Arquidiócesis de Mendoza y con resultados negativos para la misma, la posible judicialización, en sede estatal, de las actuaciones de nuestro tribunal”.
Omisiones y pruebas
La Nación pasó por alto los elementos que prueban que Francisco es parte del problema, sosteniendo el sistema de encubrimiento de curas abusadores hasta que explota públicamente.
El 28 de octubre de 2015, el joven italiano Giuseppe Consiglio se acercó al Santo Padre, en el Aula Paulo VI. Calvo, con una línea de barba que va de un lóbulo al otro y con campera negra que supera la cintura, estrecha la mano derecha de Francisco mientras que con la otra le da un fichero, en el que consta el recorrido realizado por los 14 curas que fueron trasladados luego de los abusos que cometieron en el Instituto Próvolo veronés. Se lo explica mediante el lenguaje de señas. El sucesor de San Pedro le pide disculpas tímidamente y le pide que “recen por mí”.
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Ese instante-entrega y mirada fija del joven/gesto esquivo del Papa- fue retratado para la posteridad por la Rete L'Abuso. Años después, esa foto recorrió el mundo. ¿Cuándo? A partir de diciembre de 2016- o sea más de un año después-, cuando comenzaron las detenciones de curas y personal administrativo en los institutos que el Próvolo tenía en La Plata y Luján de Cuyo, Mendoza. A pesar de que las primeras denuncias en Italia se conocieron públicamente en los primeros años del siglo XXI y creyendo que Jorge Bergoglio, por entonces arzobispo de Buenos Aires y cardenal, nunca se enteró, siendo la cabeza del Vaticano no intervino ninguno de los dos institutos hasta que fue insostenible. A lo que hay que agregar otro antecedente que tampoco puede haber pasado desapercibido: en agosto de 2015, en la conferencia mundial organizada por Survivors Network of Those Abused by Priests (SNAP), en Washington, la sobreviviente Julieta Añazco denunció que curas italianos habían sido enviados al Próvolo argentino luego de haber abusado en Verona de chicos hipoacúsicos. Tampoco hizo nada ahí el Papa.
Asimismo, Julieta contó en La Trama, porqué rechazó la invitación del papa Francisco para viajar al Vaticano, donde supuestamente le pediría perdón: “Una calurosa tarde de febrero de 2014, fui a lo que creía que iba a ser un encuentro con uno de los denunciantes del cura Julio César Grassi, ya que necesitaba conocerlos, abrazarlos, compartir nuestro dolor y nuestra lucha. Había podido dar con ellos por intermedio de varias personas y esa tarde creí que alguno de ellos iba a estar en esa reunión, pero no fue así. Me encontré con una invitación para viajar al Vaticano. Hacía 5 meses que había hecho pública mi denuncia, estaba en plena crisis y muy vulnerable. Resulta que la persona con la con la cual tuve la reunión conocía al embajador argentino en Roma, Eduardo Valdes, el cual estaba organizando un encuentro entre el papa Francisco y víctimas de abuso eclesiástico de Argentina, para pedirnos perdón.
También me dijo que la misma invitación se le habían hecho a otro sobreviviente y éste ya había dicho que sí, que viajaría para que el Papa le pida perdón. Yo ni lo pensé y también le dije que sí, pensé en ir y llevar todas nuestras causas, que en ese momento eran pocas, para que el Sumo Pontífice se enterara y pudiera hacer algo. Ya en ese tiempo nos estábamos organizando como Red, por lo que, cuando conté sobre la invitación, automáticamente todos mis compañeros me dijeron que no. Por suerte, dentro de la Red, ya estaba el doctor Carlos Lombardi y la psicóloga Liliana Rodríguez, además de mamás y sobrevivientes, que hace muchos años que vienen luchando. Todos habían querido llegar a Bergoglio cuando era cardenal en Buenos Aires, todos le escribieron, pidieron audiencias con él y él jamás atendió a ninguna víctima. Entonces, fue así que comprendí que lo único que harían conmigo es sacarse fotos y publicarlas con un título que diga el papa Francisco pidió perdón a las víctimas de Argentina, y mientras tanto las monjas y los curas que abusaron de nosotros seguirían en contacto con niños, que es lo que más nos preocupa. Así es que, mail de por medio, le dije a la persona que intercedió entre nosotros y el embajador en Roma que no viajaría y le explique por qué”.
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Segunda omisión
En enero de 2014, cuando el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas difundió las “Observaciones finales sobre el segundo informe periódico de la Santa Sede”. Lo primero que cuestionó el informe es que “lamentablemente, debido a que el segundo informe periódico se entregó con un importante retraso, el Comité no ha tenido la oportunidad de analizar la implementación de la Convención por parte de la Santa Sede por 14 años”.
En el punto 29 de las observaciones emitidas en 2014, con lenguaje burocrático, el Comité subrayó que “le preocupa especialmente que en el tratamiento de las denuncias de abuso sexual infantil, la Santa Sede ha colocado sistemáticamente la preservación de la reputación de la Iglesia y la protección de los autores por encima de los intereses de los niños, según lo observado por varias comisiones nacionales de investigación”. Luego, en el 34, hizo referencia a un aspecto vinculado al pacto de silencio, aunque en este caso en relación con los hijos de sacerdotes que, a priori, debían practicar el celibato: “El Comité recomienda que la Santa Sede evalúe el número de niños nacidos de sacerdotes católicos, identifique quiénes son y tome todas las medidas necesarias para asegurar los derechos de estos niños a conocer y ser cuidados por sus padres, según corresponda. El Comité también recomienda que la Santa Sede asegure que en las iglesias ya no se impongan acuerdos de confidencialidad al proporcionar a las madres con planes financieros para mantener a sus hijos”.
Pero el apartado en el que con mayor dureza se apuntaba contra lo hecho por la Iglesia Católica es el D, titulado “Violencia contra los niños”. En el inciso 43, el Comité, más allá de reconocer “el compromiso expresado por la delegación de la Santa Sede para mantener inviolable la dignidad e integridad personal de todo niño”, sostuvo que, en los hechos, “la Santa Sede no ha reconocido la gravedad de los crímenes cometidos, no ha tomado las medidas necesarias para hacer frente a los casos de abuso sexual infantil, ni para proteger a los niños, y ha adoptado políticas y prácticas que han llevado a la continuación de la explotación abusiva y la impunidad de los culpables”. Posteriormente, identificó el traslado de sacerdotes como una de las estrategias en pos de proteger a los agresores, lo que, a la par, incrementó el peligro de los chicos que mantienen contacto con los curas desplazados geográficamente.
En el punto siguiente, el Comité le reclamó al Vaticano que proporcionase datos sobre todos los casos de abuso sexual infantil puestos en su conocimiento. Por otro lado, aunque admitieron que la Santa Sede estableció su jurisdicción plena sobre los casos de abuso sexual infantil en 1962, y los colocó en el año 2001 bajo la competencia exclusiva de la CDF, lo cierto es que abordado como “grave delito contra la moral”, siempre resguardando la confidencialidad y el silenciamiento, en realidad no ha hecho más que conseguir que “la gran mayoría de los abusadores, y casi todos los que ocultaron los abusos sexuales a menores, escapen de los procedimientos judiciales en los Estados en donde se cometieron abusos”. El Comité no tenía dudas: el Vaticano desarrolló una “ley del silencio”, impuesta al clero bajo la amenaza de excomunión, lo cual explica, en parte, que no se denuncie y permanezca así a lo largo de décadas.
Entre muchas otras cosas, el Comité dejó asentado que antes del 1 de septiembre de 2017 el Vaticano debía presentar un informe en que conste información sobre la aplicación de las observaciones. El procedimiento es el mismo que corre para todos los estados miembro. Hasta el presente no hubo respuesta alguna.
* Autor de La Trama detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica (Ediciones B, 2018)
