La sola presentación del proyecto de Ley del Poder Ejecutivo en busca de introducir reformas en las condiciones de jubilaciones del Poder Judicial –que se comenzará a tratar esta semana en el Congreso– abrió una compuerta en la que en esta primera semana se registraron más de treint renuncias entre jueces y fiscales. Sobre estos últimos, el hecho despertó preocupación en tribunales respecto de cómo sería posible con ese escenario, que podría crecer el número de fiscales que dejan sus cargos, la implementación del sistema acusatorio.
Este ya se lleva adelante en algunas regiones del país y su proyección a nivel nacional en menos tiempo del estimado inicialmente es una de las prioridades del Ejecutivo en materia judicial. En el sistema acusatorio los fiscales son los principales protagonistas de las investigaciones penales, por lo que la apertura de vacantes que se está haciendo atentaría contra una ágil implementación.
El sistema acusatorio se caracteriza por brindar las herramientas a los fiscales para poder avanzar en la investigación y que el juez observe de forma imparcial el proceso. Todo con un equilibrio entre las partes que acusan, defienden y deciden, explotándose nuevas herramientas que ayuden a la resolución del caso. Por eso, el protagonismo de los fiscales es clave.
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La puesta en marcha a mayor velocidad que el planteado inicialmente, se convirtió en un objetivo del Ejecutivo desde su llegada al poder y se hablaba de este sistema como uno de los pilares que contribuirían a la anunciada reforma judicial.
En ese sentido, tras el recambio de gobierno, también se ponía precisamente la mirada en la eventual llegada a la Procuración General de la Nación del juez federal Daniel Rafecas, para lo que debe conseguir acuerdo del Senado.
El sistema comenzó a implementarse desde la Procuración bajo la gestión del Procurador interino, Eduardo Casal, a mediados del año pasado. Salta y Jujuy fueron las dos primeras provincias en las que se implementó el sistema que se prevé que en 2025 ya debería estar en funciones en todo el país. Sin embargo, tras la asunción del kirchnerismo, todo indicaba que iba a acelerarse, lo que ahora despierta dudas.
Precisamente sobre la situación de los fiscales y las salidas de varios de ellos se manifestó en las últimas horas la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affum). “No podemos dejar de señalar las graves consecuencias que ha provocado dicho proyecto normativo en el sistema de Justicia, producto de la abrumadora presentación de renuncias de los integrantes del Poder Judicial y los Ministerios Públicos Nacionales y Federales, que decidieron acogerse al beneficio jubilatorio en vigencia y ante la incierta situación que provoca el texto pretendido por el Poder Ejecutivo Nacional”.
Desde la Justicia piden ser invitados al debate
El proyecto de ley sobre reformas en las jubilaciones de miembros del sistema judicial y del servicio exterior se encamina rumbo a su tratamiento parlamentario y los distintos actores que componen el escenario intentan participar en el debate. Así lo hizo saber entre otros la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affum), a través de un comunicado. La asociación, presidida por el fiscal federal Carlos Rívolo, anunció que busca participar “para clarificar diversos aspectos técnicos que han sido erróneamente plasmados y que meritan ser determinantemente considerados previo a su tratamiento en el plenario”.
En diálogo con PERFIL (ver página 14) también señaló la necesidad de diálogo con los representantes del Poder Legislativo, Marcelo Gallo Tagle, juez del fuero civil y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn).
Además de las asociaciones y entidades vinculadas al mundo judicial, los sindicatos como la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) liderado por Julio Piumato, se mostraron sorprendidos ante el avance del Ejecutivo, sobre lo que fueron críticos desde que se conoció, una semana atrás.
En el proyecto se detalla que en el régimen correspondiente al Poder Judicial, existen 17.600 funcionarios y magistrados en actividad que aportan en promedio $ 32.600 mensuales. En tanto que son siete mil los beneficiarios que perciben un haber medio jubilatorio de $ 289 mil, excluidas las pensiones. En tanto, la jubilación ordinaria más alta abonada es de $ 770.100, lo que representa 55 veces el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino, establecido en $ 14.068; y más de siete veces el haber máximo de dicho sistema, que asciende a $ 103.064. Según dijeron desde el Ejecutivo, el propósito es “fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, asegurando, al mismo tiempo, la sustentabilidad económica, financiera y actuarial del mismo en el largo plazo”.
