El muerto número 18 fue un joven de 22 años. Lo apuñalaron el viernes a la noche en la zona oeste de Rosario, en una aparente pelea entre conocidos. La ciudad santafesina suma 18 crímenes en 17 días. Este último homicidio, sin embargo, no parece cargar con el sello mafioso que sí tuvieron algunos de los anteriores. Especialmente el de un gerente bancario en el casino City Center de Rosario. Ese contexto de violencia, con supuestas conexiones con la banda narco Los Monos, generó la intervención de la Casa Rosada.
“El caso más impactante es el del casino, porque tiene un componente de intimidación pública. Pero hay otros. La emergencia refiere a la cantidad de hechos. Las mesas de coordinación se tienen que mantener. Ya se están realizando allanamientos y hay un despliegue importante de agentes”, detalla el intendente radical Pablo Javkin.
El jueves pasado, Alberto Fernández y el gobernador Omar Perotti acordaron el envío de fuerzas federales. Firmaron un esquema de coordinación entre Nación, provincia y municipio. El pacto incluye al intendente Javkin, quien asumió el 10 de diciembre. Integrante del Frente Progresista Cívico y Social (alianza entre socialistas y radicales no cambiemitas), el espacio que gobernó Santa Fe los últimos 12 años, Javkin quedó parado en medio de un tironeo entre oficialismo y oposición. La pulseada fue protagonizada por el peronista Perotti y el diputado socialista Miguel Lifschitz, ex gobernador y líder del frente.
Si bien Javkin pertenece a la fuerza de Lifschitz, intenta tender un puente con Perotti. Días atrás se reunieron: “Trabajamos en conjunto y muy bien. No existe ninguna posibilidad de fisuras”, afirma. Y agrega: “Hay que tener un frente único fortalecido. No tenemos margen para jugar a la política. Voy a trabajar junto a provincia y Nación. Es un momento para transmitir eso a la sociedad. La amenaza que se plantea nos obliga”.
—Perotti afirma que la ola de violencia es una reacción a la purga de la conducción policial. ¿Coincide?
—La cantidad de hechos coincide con los cambios en las autoridades de la policía. Pero en Rosario vivimos una situación contradictoria: es grave la cantidad de crímenes, pero a la vez no hay una retracción en la vida del espacio público. Esto no significa negar la crisis. Pero tampoco Rosario es la imagen de los chalecos, cascos y balas.
—El socialismo rechazó el proyecto perottista para decretar la emergencia en seguridad. ¿Qué postura tiene?
—Estoy a favor de tener todas las herramientas disponibles para afrontar la crisis. Se puede discutir el texto, pero no la necesidad de contar con la herramienta en la urgencia. El texto tuvo objeciones, y será tarea de los legisladores emprolijarlo. Pero necesitamos mecanismos más ágiles para el Ejecutivo.
—¿Cómo explica el avance narco en Santa Fe?
—Es un fenómeno que no se reduce a Santa Fe y Rosario. El país no encuentra respuestas contundentes para la entrada de droga. Hay una cuestión logística que acá lo hace favorable: ríos, puerto, accesos. Además hay un nivel de violencia que se alimenta del desbande. Es un uso de la violencia por parte de grupos en disputa que conmociona a la provincia.
—¿El Frente Progresista se debe una autocrítica?
—Hay responsabilidades comunes entre funcionarios políticos, judiciales y legislativos. La salida requiere una respuesta coordinada del Estado. Mi tarea es salir del debate sobre si oficialismo u oposición. Necesitamos reformas estructurales: integración urbana de algunos barrios, controles, mayor seguridad vial, accionar de las fuerzas y ampliar la cantidad de juzgados federales de Rosario, que son dos desde hace 70 años. Tengo una agenda puntual. Quiero salir de la discusión sobre culpas.
