Disconforme con la información recibida desde Interpol Washington a la Circular Azul emitida el 30 de septiembre, la Unidad Fiscal de Investigaciones AMIA envió ayer un exhorto judicial a Estados Unidos para intentar obtener una respuesta de la Justicia de ese país al pedido de ubicar al ex hombre fuerte de la inteligencia argentina Antonio Stiuso, socio del kirchnerismo durante años hasta que el Memorándum de Entendimiento con Irán y la denuncia de Alberto Nisman contra la Presidenta derivó en una ruptura traumática.
Los fiscales quieren que Stiuso declare como testigo en la causa AMIA ante las sospechas de que retrasó deliberadamente un entrecruzamiento de llamadas requerido por la fiscalía durante años.
A pesar de la vehemencia con que la presidenta Cristina Kirchner y su gabinete han insistido en la posibilidad de que Estados Unidos esté protegiendo a Stiuso; la medida impulsada por la UFI-AMIA no implica una obligación de extraditar al ex agente.
El exhorto de la UFI se precipitó porque, según indicaron fuentes judiciales, Interpol Washington dio una respuesta considerada como insatisfactoria. En el fondo de la cuestión hay diferencias de apreciación sobre las obligaciones que derivan de los tratados de Interpol y la necesidad o no de que un juez intervenga.
Es la segunda oportunidad en que actúa la fiscalía, que tiene la causa delegada, sin la intervención del juez del caso AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, a pesar de que Estados Unidos advirtió que deberían presentar una “rogatoria judicial” y actuar por la vía de los tratados de asistencia mutua en materia penal si esperaban algo más que la confirmación de que Stiuso había entrado a ese país.
Argentina pide cooperación policial y EE.UU. se ofrece a realizar cooperación judicial. La diferencia clave es que la segunda vía llevará el proceso más allá del 10D, cuando el país esté en manos de un nuevo presidente. Por esta razón, Oscar Parrilli había intentado lograr, sin una causa judicial, que un juez emitiera una orden de búsqueda porque Stiuso violó una resolución –firmada por el propio Parrilli– que buscaba obligar a los ex agentes a que se presenten en la AFI todos los años.
Señales desde Washington. El jueves por la mañana, Interpol Argentina identificó que una agencia de seguridad norteamericana había ingresado en el sistema informático de la agencia policial global. Según indicaron fuentes tribunalicias, la oficina argentina, dependiente de la Policía Federal, habría contactado a sus colegas en Washington tras observar la consulta. En este contacto se habría confirmado, de manera informal, que el FBI estaba preparando una respuesta.
El agente no tiene ningún procesamiento judicial, pero sí cuatro imputaciones en causas que se tramitan en la Justicia Federal y el fuero Penal Económico.
Ante la falta de un avance judicial sobre el ex agente, EE.UU. sólo estaría obligado por los tratados de Interpol a proveer la información sobre su entrada al país, pero no contaría sin una medida judicial con capacidad de forzarlo a que se presente a declarar.
