Especialistas de un hospital público bonaerense recomendaron no abortar a una niña de 13 años, embarazada de seis meses tras una violación, al asegurar que la práctica "pone en riesgo su vida", pero legisladores y organizaciones advirtieron que se trata de "objetores de conciencia", por lo que harán una denuncia penal.
El ministerio de Salud bonaerense informó en un comunicado que la niña ingresó el sábado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno "con una infección y contracciones" y sostuvo que en el centro de salud "no se negó la aplicación del Protocolo de Aborto No Punible".
La niña presentaba fiebre, producto de una infección urinaria, y contracciones, por lo que quedó internada, reportó la cartera sanitaria, y manifestó que la madre pidió la aplicación del protocolo que prevé la práctica de un aborto cuando el embarazo es producto de una violación.
"Los médicos le hicieron una ecografía que arrojó como resultado un embarazo de 23 semanas de gestación y un peso de 600 gramos del producto del embarazo", sostuvo el ministerio, y manifestó que se le explicó a la madre que la niña "ya no estaba en condiciones de ser sometida a un aborto por lo avanzado del embarazo y las condiciones de salud".
La práctica, afirmó el ministerio, "implica un alto de riesgo de muerte para la paciente", recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS), que define como aborto "la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 20-22 semanas y/o hasta que el producto del embarazo alcance los 500 gramos", y dijo que la Guía Técnica Nacional de aborto no punible "se basa en esta definición".
La directora asociada del hospital, Mariana Dunayevich, explicó que "la inducción del aborto en estas condiciones aumenta significativamente el riesgo de una eliminación incompleta de la placenta y de una hemorragia post-parto con riesgo de muerte y de histerectomía". La niña y su familia son asistidos por personal especializado de programas del ministerio, que reportó que el hospital "denunció ante la Justicia el delito de violación y se puso a disposición de la familia".
El hospital recomendó practicar "una cesárea programada y la posibilidad de dar en adopción al producto del embarazo", expresó el ministerio, mientras la coordinadora del Programa Provincial de Prevención y Atención de la Violencia Familiar provincial, Lidia Tundidor, explicó que "la denuncia de violación se radicó hace un mes. En ese momento hubiera estado en la situación adecuada para someterse al aborto no punible".
La diputada de Libres del Sur en el FAP, Victoria Donda, afirmó en un comunicado que "los médicos del hospital se empecinaron en retener el embarazo contra su voluntad, declarándose objetores de conciencia". "Me comuniqué con el director del Hospital, Dr. Rossi, a quien le pedí explicaciones de por qué dicha institución se negaba a garantizarle a la niña su derecho a interrupir ese embarazo no deseado que pone en riesgo su vida", sostuvo Donda.
La legisladora expresó que el director "no tuvo claridad en su respuesta en base a fundamentos legales claros de por qué no le realizada el aborto no punible debido, y se excusó en la semanas de embarazo que llevaba la niña, y en que no tenía instrucciones de la Justicia". Donda dijo que junto a organizaciones de mujeres realizará una denuncia penal "de estos funcionarios que se niegan a cumplir con su función pública, ya que estamos ante un caso gravísimo de violación de los derechos humanos" y exigió "la inmediata intervención de profesionales de la salud y de la Justicia en este caso".
