POLITICA
estrategia oficialista

Apuestan a hacer campaña con la recuperación de bienes de la corrupción

El Gobierno se entusiasma con realizar anuncios del tema en la puja electoral. Tiempos judiciales y falta de una ley de decomiso, los limitantes. Diferencias en el monto.

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Misiones. El mes pasado, Macri inauguró un jardín hecho con dinero de la valija de Antonini. | presidencia

“Este día tan importante, que empieza a reparar tanto daño que se ha hecho de la mano de la corrupción, y transformarlo en algo concreto para el futuro de todos”. Con esas palabras, Mauricio Macri anunciaba hace un mes la inauguración de un jardín de infantes en Villa Bonita, Misiones, que se construyó con parte de los US$ 800 mil que se le habían incautado al venezolano Antonini Wilson. En Cambiemos, hay quienes se ilusionan con que esa imagen pueda ser un acto de campaña repetido durante la carrera electoral de 2019.

El Gobierno ya sabe que el año próximo será difícil hacer campaña hablando de la situación económica, por lo que el eje se mantendrá en línea con el discurso de un cambio cultural y la búsqueda de un país “normal”.

En ese punto, la lucha contra la corrupción promete ser central, y en ese marco hay funcionarios que ya están planeando hacer campaña con anuncios sobre la recuperación de bienes de la corrupción.

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“Recuperar lo robado”, es el lema de las campañas que se hacen en redes sociales. El año próximo promete ser muy activo en lo que se refiere a juicios orales contra ex funcionarios del kirchnerismo. Sin embargo, el tema puede terminar siendo redundante (de hecho, la imagen de Cristina Kirchner ya parece inmune a cualquier nuevo paso por Tribunales). Así, los anuncios sobre bienes recuperados podrían convertirse en la vedette de la campaña.

“Vamos a recuperar mucha plata el año que viene”. Esa frase resonó en una oficina de la Casa Rosada. Desde allí están siguiendo activamente lo que hacen las distintas dependencias del Estado que están trabajando en la búsqueda de bienes provenientes de hechos de corrupción. El Ministerio de Justicia, la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera (UIF), e incluso la AFIP están trabajando como sabuesos para cerrar acuerdos de cooperación con otros países que ayuden a encontrar los bienes. Hay otro camino también para rastrear el dinero: contratar a terceros para que hagan un trabajo de detectives. ¿Está pensando el Gobierno en avanzar por ese camino? Difícil que lo confirmen, sobre todo porque creen que cualquier filtración perjudicaría la búsqueda.

Algo por el estilo paso con el caso Muñoz. A través de convenios de cooperación de la UIF, Estados Unidos encontró propiedades vinculadas al ex secretario privado de Néstor Kirchner en Nueva York y Miami. Esa información llegó al juzgado de Luis Rodríguez -que tenía la causa hasta que esta semana se la quitará la Cámara Federal-, se filtró y los allegados a Muñoz pudieron vender parte de esos bienes y girarlos a otros países. Uno de los funcionarios involucrados en la temática se imagina ya viajando a Estados Unidos a recibir un cheque por los montos restituidos. Hasta ahora había detectados unos US$ 70 millones y una nueva arrepentida habría aportado información por otros US$ 20 millones.

Para avanzar con el recupero de los bienes hay un limitante: el Congreso sigue dilatando la aprobación de la ley de extinción de dominio.

Sin embargo, los organismos oficiales vienen trabajando en conjunto con el Ministerio Público Fiscal para que se pueda avanzar por otras vías. En el caso de los cuadernos, por ejemplo, ya están trabajando en conjunto en los acuerdos que los fiscales hacen con los arrepentidos, para poder identificar más bienes. Un atajo que se busca aplicar tiene como base el artículo 305 del Código Penal, que establece la posibilidad del decomiso sin condena en operaciones de lavado de activos. El problema es que los jueces no son adeptos a considerarlo. Este mes, sin embargo, hubo un cambio: el juez Sebastián Casanello lo aplicó.

¿Cuánto se puede recuperar? Es un misterio. En el mundo se suele estimar entre el 1% y el 5% de lo robado, pero hay quienes se entusiasman de llevar ese número al 10%.

Solo en el caso de los cuadernos, estiman que se perdieron US$ 36 mil millones, por lo que el 10% sería US$ 3.600 millones. En las causas que lleva la OA, sin contar el caso Muñoz, llevan embargados o inhibidos bienes por $ 210 millones. “Está el compromiso y es viable identificar los bienes, pero el trabajo de recuperar es muy difícil, porque la plata se mueve rápido”, expresó otra fuente que prefirió la cautela y concentrarse en identificar la mayor cantidad de bienes.