La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) recibió, el 29 de junio pasado, la orden judicial para destruir todo el material recabado durante la investigación iniciada a su pedido y que buscaba comprobar si el último titular de ese organismo durante el kirchnerismo, Oscar Parrilli, junto a otros ex funcionarios, se habían llevado material para montar una agencia de espionaje paralela.
Así lo muestra el escrito que el juzgado a cargo de María Servini dirigió al director de Asuntos Judiciales de la AFI, José Padilla, y al que tuvo acceso PERFIL. Es más, la AFI había pedido prorrogar las escuchas para intentar probar su teoría, pero desde el juzgado lo rechazaron al estar cumplidos los dos plazos de sesenta días cada uno que prevé la Ley de Inteligencia para las denominadas “pre-causas” y tras no haberse encontrado elementos que probaran la tesis inicial. “Hubo una pre-causa, no se encontraron delitos, y se destruyó el material”, aclaró Servini a este diario sobre lo que pasó en su juzgado en vista de ese trámite.
A pesar de la directiva de la Justicia al organismo, la transcripción sobre dos supuestos diálogos entre Parrilli y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, primero, y luego con Juan Martín Mena, subsecretario de Inteligencia, fueron difundidas por los medios. Eso motivó una presentación judicial por supuesto “tráfico de influencia”, que fue impulsada por el fiscal Ramiro González, quien pidió una serie de medidas, entre ellas las escuchas. Al no poder contar con ellas, la causa podría tener poco futuro. En ese punto coincidieron todas las fuentes consultadas. “Las escuchas ya no existen. Y si existen, son nulas. La pre-causa se archivó por inexistencia de delito”, detallaron. Otras de las voces consultadas fueron más lejos y explicaron que el material “era de Inteligencia, lo que hace todo más grave aún”. Cerca del kirchnerismo no dudaron en insistir en que lo que en realidad sucedió por parte de la AFI fue un caso de “espionaje político”, para saber sobre CFK, y marcaron como “burdo” que pidieran las escuchas justo cuando se rumoreaba la posibilidad de que Mena fuera el abogado elegido por ella para enfrentar el escenario judicial en su contra. Los artículos 42 y 43 de la Ley de Inteligencia detallan la pena que puede caberle a quien con orden judicial “omitiera destruir o borrar los soportes de las grabaciones”.
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El escrito del juzgado a la AFI fue contundente para poner fin a la investigación: “No se han vislumbrado indicios de prueba que ameriten dar curso a la nueva solicitud de intervención telefónica”, dice. Y agrega: “No observándose, en consecuencia, elementos que justifiquen el inicio de causa judicial”.
