Desde Salta Desde que salieron a la luz las denuncias contra el juez federal de Orán Raúl Reynoso, acusado de liderar una banda que beneficiaba a narcos, también surgieron otras causas en su contra. Ahora, un gendarme del norte salteño pasado a disponibilidad acusó al magistrado “de hacer desaparecer un expediente que compromete a sus superiores, también ligados a la venta de drogas”. A mediados de año, el su-boficial principal Luis Alberto Pacheco fue apartado del Escuadrón 54 de Aguaray, por supuestas irregularidades. En diálogo con PERFIL, allegados a Pacheco explicaron que “lo pasaron a disponibilidad por una constante persecución, debido a que él les hizo una grave denuncia a sus superiores en la fiscalía federal, el 8 de octubre de 2014, por venta de drogas”. Los involucrados en la presentación son el comandante principal Ricardo Daniel Castillo y el comandante general Gustavo Walter Schvind, “íntimos amigos del juez Reynoso y hasta habituales concurrentes en las actuaciones de Kamila, la joven cantante e hija del magistrado investigado”. “El expediente 16.905/14, con 254 fojas, en contra de las autoridades del Escuadrón 54 de Aguaray, desapareció extrañamente el 17 de junio pasado en el despacho de Reynoso. Y además no le dieron participación a la querella”, aseguró una fuente. Meses más tarde –siempre según la denuncia– Reynoso habría dictado la falta de mérito y después decidió apartarse de la causa. “A través de nuestra abogada presentamos una apelación, pero el expediente está escondido”, dijeron desde el entorno de Pacheco. El denunciante trabajó durante 24 años en el Escuadrón 20 de Orán y ahí conoció a Castillo. “En ese tiempo vio muchas cosas graves y años más tarde se reencontraron en Aguaray”, agregó la fuente. Según los voceros, el magistrado federal de la capital salteña, Julio Bavio, sumó este hecho a las otras denuncias contra Reynoso y otros supuestos siete imputados. Al juez federal de Orán lo acusan por los “delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales y prevaricato”. Esta semana los fiscales Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y Eduardo Villalba, titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia Nº 2 de Salta, pidieron su procesamiento y exigieron que se le trabe un embargo de 30 millones de pesos. Para los fiscales el magistrado “dirigía y coordinaba la asociación de carácter estable, con soporte estructural, división de roles, regulación interna de las facetas de organización, liderazgo, con la capacidad para articular acciones de modo de sostener el desarrollo de la actividad ilícita”.
