Con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich y de Justicia, Germán Garavano, ingresó esta tarde a la Cámara de Diputados el proyecto del Poder Ejecutivo para combatir la violencia en el fútbol y castigar a los barrabravas.
De acuerdo al texto al que tuvo acceso PERFIL, la iniciativa tiene como objetivo “instrumentar un régimen penal especial en materia de espectáculos futbolísticos denominado ‘Régimen Penal y Procesal para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos’” y apunta a ser tratado en las sesiones extraordinarias que convocará el Presidente en las próximas horas.
El decreto sería firmado el jueves por Mauricio Macri pero recién se publicaría el lunes en el Boletín Oficial, una vez que finalice la cumbre del G20 en Buenos Aires, detallaron a este diario fuentes parlamentarias.
En principio, el tema debería ser tratado en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Deportes y Seguridad Interior, aunque todavía no hay certezas sobre la celeridad que se le busca dar al trámite.
Luego del escándalo por la suspensión de la final de la Copa Libertadores a raíz del ataque contra el micro que transportaba a los jugadores de Boca Juniors, el Gobierno decidió reflotar un tema que ya había llegado al Congreso en 2016, pero que caducó por la postergación de su tratamiento ante la falta de acuerdo entre los distintos sectores políticos.
El ámbito de aplicación de la ley incluye a “espectáculos futbolísticos nacionales e internacionales, amistosos y hechos que se cometan con motivo, en ocasión o vinculados a la realización de los mismos, contemplando prácticas, entrenamientos, y traslados concurrentes o protagonistas, resultando indistintos los sitios y los momentos en los cuales la violencia pueda tener lugar”. Con esta norma se prevé un “agravante genérico de la pena” para los delitos que ya están contemplados en el Código Penal que son cometidos en el marco de un espectáculo futbolístico.
Para quienes tuvieran en su poder armas blancas, piedras, botellas u otros instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia; o cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para intimidar, ejercer violencia o agredir, habrá una pena de entre tres y diez años de prisión, según la gravedad de los hechos.
En tanto, corresponderán penas de entre tres y doce años de prisión para quienes realicen intimidación individual o grupal, con el agravante del uso de armas de fuego. La iniciativa apunta también hacia los “organizadores, protagonistas o responsables de la emisión y distribución de entradas a espectáculos futbolísticos, que las provean, sin pagar el precio correspondiente” y los pena con entre dos y cuatro años de prisión. Asimismo, serán penados quienes realicen venta de entradas sin autorización con prisión de entre un mes y un año, aunque se contempla la duplicación del castigo si eso se produce en las inmediaciones del estadio.
Otro de los puntos centrales del proyecto es el castigo a los “trapitos”, bajo el delito de “cuidado de vehículos sin autorización". Allí se especifica que se impondrá prisión de uno a dos años a la persona que ofreciere ese “servicio” sin autorización y con “pago a voluntad en las inmediaciones del estadio”. Por último, corresponderá una pena de entre tres a cinco años a quien viole la prohibición de “concurrencia administrativa o del derecho de admisión”.
