Julieta Rossi —exnovia de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell en enero de este año— se sumó esta semana a las críticas al otorgamiento de la prisión domiciliaria a presos en el marco de la pandemia, y pidió que los rugbiers acusados de matar al joven no sean liberados.
Aunque los implicados en el crimen no entran en el grupo de los beneficiados, ya que la medida es solo para detenidos por delitos leves y con riesgo sanitario, la joven se pronunció sobre el tema en sus redes. "Fernando Báez Sosa también tenía derechos esa noche. Por una vez, pongámonos del lado de las víctimas", escribió en su cuenta de Twitter junto a una imagen del momento del homicidio.
No fue la única que adhirió al reclamo. Días atrás, La Asociación Civil Usina de Justicia, encabezada por su presidenta Diana Cohen Agrest, envió una carta a la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en la que reclamaron la marcha atrás de estas medidas argumentando que "las víctimas no tienen voz para ejercer sus derechos" y que "las condenas se dictan para ser cumplidas, no para ser incumplidas". Entre los familiares que realizaron un video se encontraba Graciela, la mamá de Fernando.
"Permiten que cientos de asesinos que deben permanecer en penales estén en sus casas. Exigimos de manera inmediata que se tomen medidas. Los asesinos deben estar en penales, no en comisarías ni en sus domicilios. Deben dejar de darles privilegios. A nuestros seres amados los silenciaron a sangre fría sin ninguna posibilidad de vivir. Nos sentimos burlados, que nuestro dolor no tiene valor. Que la pandemia no esconda a los asesinos. Permitirles que vuelvan a la comodidad de su hogar a cumplir condena es volver a matarlos. Cada cosa en su lugar, el delincuente en la cárcel", expresan en las imágenes.
Desde el 13 de marzo, Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (19), Ayrton Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20) y Lucas Pertossi (20) se encuentran en la alcaidía penitenciaria de Melchor Romero, en el partido de La Plata. Allí, llegó a mitad de abril el peor de los fantasmas para los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando.
Un suboficial mayor de 46 años que presta servicio en el sector de vigilancia de la unidad dio positivo de Covid-19. El resultado del estudio disparó los protocolos y los quince compañeros de la guardia que estuvieron en contacto con el infectado fueron puestos en cuarentena. Sin embargo, el hombre no estuvo en contacto directo con los internos y se reforzaron las medidas de prevención en la alcaidía.
En este penal, unos 150 reclusos pidieron ser liberados el 20 de abril tras la suspensión del régimen de salidas transitorias por la pandemia de coronavirus. Los rugbiers no formaron parte del reclamo ya que se encuentran en otro pabellón, según consignó el sitio de noticias de TN.
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