La motosierra del candidato a presidente Javier Milei rozó un nervio sensible del biosistema cultural argentino, que es la posible eliminación de varios organismos vinculados de un modo u otro a la cultura y al sistema de información público.
Los espacios que se han puesto en la mira recientemente fueron el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), la agencia de noticias Télam, la Televisión Pública (el emblemático Canal 7) y el canal por cable destinado al público infantil Pakapaka. Estos cuestionamientos no figuran en la plataforma de trece páginas presentada por LLA frente a la Cámara Electoral –todas las plataformas estuvieron alrededor de esta cantidad de páginas–, pero sí se puede deducir por declaraciones del candidato a jefe de Gobierno Ramiro Marra. Más allá de estos comentarios, que se pueden considerar de campaña, el análisis de este sistema estatal en cuanto a sus finalidades, financiamiento y formas de funcionamiento se ha transformado en un tema tabú en Argentina y solo sale a la luz tras las propuestas de detonación, sin encarar la pregunta de fondo: ¿necesita el país que el Estado impulse y sostenga a la cultura? La respuesta dista de ser un monosílabo, pero la crítica y la revisión resultan imprescindibles.
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hay que observar diferencias funcionales de los distintos organismos (entenderlas no es tarea de lego). La Televisión Pública es parte de Radio y Televisión Argentina (RTA) que es una sociedad del Estado (SE), y que también administra a Radio Nacional que son en realidad cuatro radios: Clásica, Folklórica y Rock y AM870. Esta última son unas 48 emisoras distribuidas por todo el territorio nacional –de allí su alcance único– y que combinan programación local con la de la matriz. Pakapaka pertenece a otra SE, Contenidos Públicos junto con canal Encuentro, DeporTv, y Contar que es una plataforma de contenidos poco conocida. La agencia de noticias Télam es otra SE. Todo esto figura bajo el paraguas de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Esta dependencia en el organigrama genera problemas de entrada, ya que este conjunto de medios queda bajo la línea política gubernamental.
El Incaa, en cambio, funciona como un instituto descentralizado y autárquico, ya que se financia casi totalmente por el Fondo de Fomento Cinematográfico que se integra mediante impuestos especiales, como por ejemplo, a las entradas de cine o a la exhibición de películas extranjeras. Más allá de las intensas discusiones en el propio sector audiovisual sobre el funcionamiento de Incaa, debe ser uno de los casos más exitosos de interacción público-privado, si bien en el organigrama del Estado figura bajo el paraguas del Ministerio de Cultura –tal vez otro problema–. Este ministerio sería uno de los once actuales que se eliminarían (siempre en caso de que LLA ganara las elecciones presidenciales), ya que no parece que fuera a ser absorbido por el nuevo Ministerio de Capital Humano que tomaría las competencias solo de Salud, Desarrollo Social, Trabajo y Educación.
Bajo la órbita de este olvidado Ministerio de Cultura funcionan institutos como el Sanmartiniano, el Belgraniano, el Newberiano, entre otros –que quizás se podrían fusionar en un gran instituto histórico–. También aquí se desarrollan el Ballet Nacional, el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro, y sobre todo funcionan más de 20 museos en todo el país que reúnen la historia y el arte de la Argentina, entre ellos el Museo Nacional de Bellas Artes, uno de los más bellos y poco visitados del planeta. El presupuesto total del ministerio es ínfimo en comparación con los gastos generales del PE, y ni hablar si se lo pone en perspectiva contra los servicios de la deuda externa. Seguramente se podría reformular, hacer más eficiente, que se difundan con mayor precisión sus actividades y que todo el mundo tenga acceso a los bienes culturales en forma virtual, como lo hacen los grandes museos del planeta. Hoy los países europeos compiten y tienen arduas disputas legales con los asiáticos para obtener nuevas piezas –o disponer de las antiguas– a fin de consolidar su capital museístico. En el capitalismo avanzado, más allá de si se piensa que las obras artísticas son mercancías o no, el capital cultural tiene un peso propio a la par del capital económico.
Un capítulo diferente son los medios de comunicación estatales. Siempre los medios privados se diferenciaron de los públicos porque se los clasificaban como comerciales (parte de su finalidad es generar ganancias), mientras que a los de órbita estatal se los planteaban como servicios públicos, considerando, por ejemplo, que no debían tener publicidad, así como sus contenidos debían privilegiar cuestiones no cubiertas por los comerciales (como programación educativa). Los objetivos fueron cambiando con el correr del tiempo, incluso en ejemplos clásicos como la BBC, la RAI o la RAE, ya que, si los contenidos no son atractivos, no incluyen el entretenimiento, o no se mudan al streaming las señales pierden su razón de ser.
En Argentina gran parte de los medios públicos en estas dos décadas no fueron perdiendo creatividad, sino pluralidad. Tanto por los lineamientos generales, quienes conducen los programas, los entrevistados, en general, comparten una visión y hasta adscripción política. No es una cuestión de nombres, sino de lógicas. Además, con la monotonía llega el aburrimiento, nada más entretenido que ver un debate con personas que opinan en forma diversa de un tema. Hasta el debate sobre cómo limitar las opiniones extremas debe debatirse en diversidad. En términos de otro tipo de producciones como de ficción es cierto que muchas veces se discutió sus costos y contenidos, lo que no quiere decir que no se pueda hacer de otra forma, por ejemplo, con coproducciones con las grandes plataformas de streaming internacional.
Sacar al 40% de la población de la pobreza –si esa es la discusión– no solo significa que esos sectores obtengan los recursos económicos para acceder a la canasta de bienes, sino que también puedan alcanzar los bienes culturales que en los países pobres suelen ser considerados de élite. El desafío es ir más allá de las propuestas dinamitadoras.
