El gobierno encabezado por Javier Milei suscita consternación en prácticamente todos los ámbitos, siendo el económico uno de los más afectados. La actitud temeraria y desproporcionada del nuevo gobierno se manifiesta con mayor agresividad a través de reformas que, más allá de la discusión sobre su necesidad, urgencia y deseabilidad, se impulsan mediante mecanismos que socavan el andamiaje institucional de la democracia. A pesar de obtener solo el 30% en la primera vuelta, este novel gobierno busca imponer sus decisiones modificando numerosas leyes, menoscabando así consensos democráticos construidos a lo largo de décadas.
Dos preguntas se imponen: ¿es consciente el Gobierno de los efectos recesivos y regresivos que conllevan las medidas que ha adoptado y se propone tomar en el futuro? Y en caso afirmativo; ¿qué busca con ello?
Si repasamos las medidas anunciadas, vemos que la prioridad del Gobierno es alcanzar el superávit fiscal, acorde con un diagnóstico en el que la crisis inflacionaria y cambiaria tendría como causa el desequilibrio fiscal y su financiamiento monetario por el Banco Central (BCRA). La inflación, el desequilibrio externo y el endeudamiento excesivo tendrían como causa básica la tendencia del Estado a gastar por encima de la recaudación.
Para alcanzar el equilibrio fiscal global en 2024, el Gobierno buscará implementar un ajuste fiscal equivalente al 5,2% del PBI (una baja del gasto del 2,9% y un aumento de ingresos del 2,2%). Paralelamente, se dispuso un aumento del tipo de cambio oficial, de 366 a 800 pesos por dólar (+118%), para luego establecer un crawling peg del 2% mensual. Se restablecen derechos de exportación a sectores no agropecuarios abriendo la posibilidad de liquidar el 20% de las ventas externa al CCL. Asimismo, se sube el impuesto PAIS a importaciones, se reemplaza el SIRA por un nuevo sistema que no requerirá de la aprobación previa y se emitió un bono para compensar la deuda de los importadores.
La dolarización evita el riesgo cambiario, pero amplía el riesgo de default, como muestra la experiencia de Ecuador
¿Cuáles son los efectos probables de estas medidas? Existe un consenso entre los economistas profesionales en que la devaluación de la moneda es inflacionaria y contractiva. ¿Por qué? El aumento del tipo de cambio impulsa los costos y precios en pesos de los bienes transables (importables y exportables) y produce una caída del salario real. Esta caída del salario se extiende a toda la economía y produce una transferencia de ingresos desde los asalariados hacia el sector empresario en general.
Como la propensión a consumir de los asalariados es mayor que la de los empresarios, la devaluación produce la caída del consumo privado. Por otro lado, como las exportaciones e importaciones responden poco a las modificaciones en el tipo de cambio, la eventual mejora en el saldo comercial (aun si existiera) no puede compensar la disminución del consumo. Por ende, el PIB cae y esta caída desestimula la inversión, profundizando la recesión. Justamente es la recesión lo que lleva al desplome de las importaciones.
Para tomar conciencia de la dimensión del salto cambiario, conviene tener presente que equivale a alcanzar un tipo de cambio real multilateral similar al de 2002. Sin embargo, existen diferencias importantes que agravan los riesgos de esta medida en el presente ya que en aquel entonces la economía se encontraba en un contexto deflacionario y sin indexación; todo lo contrario al contexto actual.
Para colmo, la magnitud de la devaluación, sumada a la desaprensión de las autoridades, hace virtualmente imposible que su efecto inflacionario pueda ser compensado por refuerzos del gasto social (AHU y Tarjeta Alimentar) o por bonos a las jubilaciones mínimas. Así, las grandes devaluaciones son, por el mecanismo descripto, los factores de impulso de una rara combinación conocida como “estanflación” (estancamiento con inflación).
Pero, además, como muchos impuestos dependen del nivel de actividad, la caída del producto dificulta el objetivo de ajustar el déficit fiscal. Muchos sectores, a riesgo de quebrar, optan por no pagar impuestos y también crece la informalidad, con el mismo resultado en términos de ingresos fiscales.
¿Cuál es el objetivo de esta política económica? Pensamos que el Gobierno adopta este conjunto de medidas consciente de que producirá una fuerte aceleración inflacionaria y una aguda recesión (estanflación). ¿Por qué hace esto?
Vemos un doble objetivo. Primero, poner en marcha un proceso de liberación de precios de la economía que el gobierno anterior habría mantenido “reprimidos”, en especial el tipo de cambio nominal, las tarifas y otros precios regulados (salud y educación privadas, combustibles, etc.). En la visión oficial, el mercado cuenta con fuerzas endógenas cuyo libre juego conduce espontáneamente a un equilibrio con asignación óptima de recursos y máximo bienestar social. En ese mecanismo, los precios (“libres”) tienen un papel central en la asignación de recursos.
Dicho mecanismo de mercado, siempre según la interpretación del gobierno actual, fue obturado por la acción del gobierno anterior y la principal medida de esa “distorsión” es el déficit fiscal, que es lo que lleva a un aumento insostenible de importaciones, genera inflación y produce escasez de dólares. Por eso, el ajuste fiscal y cambiario es parte de un mismo (doloroso) proceso de ajuste para llegar cuanto antes a la supuesta tierra prometida del equilibrio.
El segundo objetivo busca solucionar el problema de los stocks de pesos “no deseados”, que aumentan el pasivo remunerado del BCRA, como parte de ese proceso de ajuste y también como condición necesaria para ir hacia un régimen de dolarización plena.
Así, este severo conjunto de medidas tiene como objetivos un cambio estructural en la lógica de la política económica (el sector privado debe liderar el crecimiento) y un cambio de régimen (dolarización plena).
Esta vía hacia la dolarización es altamente riesgosa. Y más riesgosa aún cuanto menor es el acceso al financiamiento externo (la negociación en ciernes con el FMI brindará indicaciones más precisas sobre este punto). El riesgo de descontrol inflacionario es creciente. Además, el Gobierno parece desconocer que existe una restricción social sobre el ajuste. Nuestro país no se encuentra en el escenario de 2015 (años de expansión económica, recuperación salarial y reducción de la pobreza), cuando el gobierno de Macri inició el despliegue de medidas regresivas y de ajuste.
El problema es que, sea para dolarizar o no, es muy difícil estabilizar sin dólares, con una deuda en moneda extranjera insustentable y con una receta de política (como la del FMI) que favorece la inestabilidad inflacionaria y las tendencias contractivas. El desembarco del Fondo en Argentina, de la mano de Macri y el actual ministro Caputo, y su criminal endeudamiento han sido un corsé condicionante de una posible recuperación nacional. La ausencia de audacia y miopía política de la gestión de Alberto Fernández imposibilitó una renegociación disruptiva en un momento extraordinario global como el de la pospandemia, consecuencia que permitió la victoria electoral del tándem Milei-Macri.
La idea detrás de la dolarización es tomar prestada confianza de las instituciones de otro país. Esto limita severamente las posibilidades de la política fiscal porque el foco pasa a ser el resultado presupuestario. Por otro lado, se termina la política monetaria autónoma, condenando al país a la primarización y a la extinción de su matriz industrial presente o futura.
El programa supone ingenuamente que el contexto económico, político e institucional generado a partir de la aplicación del DNU producirá una fuerte recuperación de la confianza y llevaría a un “shock de inversiones”, que sería el factor crucial en la recuperación económica tras la fase de ajuste.
En una economía dolarizada, si se va a realizar alguna forma de gasto público, el país tendrá que emitir bonos denominados en moneda extranjera. La dolarización evita el riesgo cambiario, pero amplía el riesgo de default, como lo muestra la experiencia de Ecuador, e introduce un sesgo creciente en el riesgo país. Las tasas de interés más altas hacen que el gasto público sea muy costoso, creando una postura fiscal contractiva permanente, que elimina cualquier forma de estímulo del gasto público como política anticíclica frente a las crisis económicas.
Todo pasará a depender del sector privado, especialmente de la inversión y las exportaciones. Pero la inversión privada en capital depende del propio crecimiento y las exportaciones son un factor exógeno que depende del crecimiento de los socios comerciales del país (variables fuera del control nacional). Además, las ventas externas constituyen una porción relativamente pequeña de la demanda agregada.
Por ende, aun en una economía dolarizada, las posibilidades (más acotadas) de crecimiento y mejoras sociales seguirán dependiendo de las políticas económicas del Gobierno más que del sector privado, como lo muestra la experiencia de Ecuador bajo los gobiernos de Rafael Correa. Pero esas posibilidades solo estarán vinculadas a una gran bonanza externa y el modelo subyacente terminaría incentivando el endeudamiento externo hasta tornarlo insostenible.
Aquí radica el secreto de “la política económica del todo o nada” que propone Milei: en una economía periférica plenamente dolarizada, las opciones terminan siendo más deuda externa o estancamiento. A la larga, solo queda el estancamiento, para pagar entre muchos el negocio de la deuda externa de pocos.
*Exministro de Educación de la Nación.
