La fuga de 75 narcotraficantes de una cárcel paraguaya próxima a la frontera con Brasil, junto a los 18 asesinatos ocurridos en Rosario en los primeros 18 días del año –uno de ellos durante el ametrallamiento al casino de la ciudad–, ocupó los titulares de la semana pasada.
Hechos “menores”, comparados con las espectaculares fugas del Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, o con los cuerpos que aparecen colgando de puentes en México (los últimos nueve, en agosto pasado), las masacres entre pandillas o los asesinatos de periodistas, fiscales, abogados y testigos acusadores en muchos países. Aunque ocupan los titulares de una prensa que en general se limita a sacar provecho del escándalo sin hurgar en sus causas, estos hechos han pasado a formar parte de la vida cotidiana.
En 1997, el secretario general de Interpol, Raymond Kendall, declaró ante el congreso anual de la Organización Internacional de Policía del Crimen que “la amenaza real para nuestras sociedades es una combinación del crimen organizado y el tráfico de drogas. (...) La guerra contra las drogas va mucho más allá de los daños que infligen a los individuos. Los grandes beneficios del narcotráfico indican que el crimen organizado puede corromper nuestras instituciones en el más alto nivel. Si pueden hacer eso, nuestras democracias están en peligro”. Han pasado más de dos décadas, pero la “amenaza real” sigue sin tenerse en cuenta, ni mucho menos resolverse.
Luego de la fuga en Paraguay, se estimaba que el túnel descubierto fue una maniobra distractiva y que en realidad los narcos salieron por la puerta… En cualquier caso, ¿cómo pueden presos peligrosos proveerse de herramientas y cavar cientos de metros sin llamar la atención? ¿De dónde salieron las cinco camionetas que los esperaban? En 2013, el periodista rosarino Carlos del Frade brindó a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Santa Fe “nombres concretos y detalles precisos sobre abogados, empresarios y agentes de las fuerzas de seguridad pública de la provincia que aparecen en las investigaciones a las cuales tuvo acceso, vinculados al narcotráfico” (https://www.unosantafe.com.ar/santa-fe/carlos-del-frade-ratifico-su-denuncia-narcotrafico-y-corrupcion-frente-diputados-n2130850.html). Hoy diputado provincial, Del Frade insistió en que el envío de la gendarmería y/o fuerzas federales a la provincia no resolverá el problema, ya que les caben las generales de la ley.
En fin, que el tema da para mucho, pero puede resumirse así: la única solución es legalizar todas las drogas, lo que permitiría deshacer el multimillonario negocio ilegal, controlar las adicciones y destinar los impuestos a la concientización, prevención y cura. Ocurre que todas son drogas, sean legales o ilegales. ¿Qué porcentaje de la criminalidad debe atribuirse a drogas legales como el alcohol? El Centro Regional de Alcoholemia de Coimbra, Portugal, señaló en 1996 que en ese país había entonces más de 700 mil alcohólicos crónicos –además de los bebedores habituales– sobre una población de 10 millones; que las 1.200 agresiones sexuales denunciadas en 1995 (se estima que los casos denunciados son solo el 20% del total) estaban “directamente relacionadas con el alcohol”. ¿Se deberían entonces prohibir el alcohol, las anfetaminas, los somníferos, etc., responsables de millones de adicciones graves en el mundo?
El monto y las ganancias multimillonarias del narcotráfico, uno de los “negocios” más rentables ya que no paga salarios ni impuestos, permiten comprar a policías y jueces, financiar campañas políticas y alegrar a bancos y paraísos fiscales, los principales beneficiarios. Y lo que “el narco” no puede comprar, lo elimina. Así de simple.
Y así de complejo, ya que a la legalización se oponen no solo ignorantes y moralistas, sino el sistema político, económico y financiero, del que “el narco” es hoy uno de los más influyentes actores.
*Escritor y periodista.
