El contexto en que se está desarrollando la campaña electoral resulta positivo en cuanto a lo discursivo, toda vez que los tres candidatos con más chances de llegar al sillón de Rivadavia reconocen el desequilibrio fiscal que arrastra nuestra economía, siendo la fuente de la inestabilidad monetaria y cambiaria. Al mismo tiempo, los tres candidatos proponen un drástico ajuste fiscal, aunque sin dar detalles de cómo se pondrá en práctica. Al margen de las distintas primicias vistas hasta ahora: la motosierra de Javier Milei, el déficit cero de Sergio Massa y el ordenamiento que propone el equipo de Patricia Bullrich.
Sin embargo, a pesar de aquellas buenas intenciones, lo que sigue ocurriendo es que las autoridades de turno siguen apelando, durante los procesos electorales, a medidas expansivas en el terreno fiscal para sumar votos. Esto sucedió también durante el final del gobierno de Cambiemos, cuando se suspendieron ajustes tarifarios programados y se pretendió reducir el impacto impositivo de impuestos coparticipables. Sin embargo, las últimas medidas anunciadas por Massa van aún más allá en cuanto a su alcance y se esperan más medidas conforme avance la campaña de cara a la elección general.
A diferencia de lo ocurrido en el pasado, esta vez el FMI parece ir adoptando posiciones más duras con Argentina, las cuales difícilmente se ablanden en demasía, sea quien fuera el gobierno que acceda al poder. El último desembolso del FMI se efectivizó tres meses después de lo previsto, y requirió de acciones previas por parte del Gobierno, como contener la dinámica del gasto primario, en paralelo con ajustes en el tipo de cambio. Más allá de esto, se espera que los compromisos, que fueron flexibilizados en la última revisión, no sean cumplidos por completo, por lo que resta esperar cuál será la magnitud de dichos incumplimientos.
Respecto del reporte, se observa que la meta fiscal no sufrió modificación alguna, siendo el único frente que el FMI dejó sin cambios. Aun así, a pesar del esfuerzo fiscal observado entre agosto y diciembre de 2022, cuando los gastos primarios disminuyeron en un promedio mensual del 8,6% en términos reales, la gestión fiscal del gobierno actual se caracteriza por una persistencia del gasto primario que se ha mantenido prácticamente constante, tanto en términos reales como en relación con el PBI.
Al hacer una comparación de la evolución fiscal en el acumulado de enero a julio de cada año, nos encontramos en niveles de déficit primario similares a los observados en 2017, cuando el déficit alcanzó aproximadamente el 3,8% del PBI para todo el año. El mismo Fondo menciona la necesidad de recortar en términos reales el gasto primario en un 11% para poder alcanzar la meta pactada.
La política tiende a alejarse del cumplimiento de las metas con el Fondo, y bajo esta idea, el Gobierno ha implementado recientemente medidas con objetivos electorales que apuntan en la dirección opuesta a esto. El Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso que busca restablecer los ingresos de ciertos grupos de la población tiene un foco a corto plazo y ejerce una presión adicional sobre el déficit fiscal, alejando aún más la posibilidad de alcanzar la meta fiscal del 1,9% del PBI establecida para este año.
Esto hace que sea todavía menos creíble el compromiso de renuncias al financiamiento monetario. Otra meta clave del programa, como es el financiamiento mediante emisión monetaria, también se ha flexibilizado en un intento por garantizar su cumplimiento. El deterioro fiscal impactó negativamente en las condiciones de financiamiento en el mercado local, lo cual deberá ser cubierto con mayor emisión.
Las medidas recientemente anunciadas se asemejan a las implementadas luego de las PASO de 2019 y de las legislativas de 2021, lo que en su momento resultó en un aumento de la emisión monetaria de aproximadamente un 0,8% del PBI. Extrapolando este escenario a la situación actual, repetir tal proceso significaría un importante desvío de la meta de emisión monetaria.
Finalmente, en cuanto a lo cambiario, el programa se enfrenta a otro desafío crítico relacionado con las Reservas Internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La meta de acumulación de reservas netas fue reducida en US$ 6.700 M, es decir, para fin de este año se espera que tengamos un nivel a los US$ 3.500 M. En este aspecto, se puede observar que la sequía ha impactado significativamente en la entrada de divisas al país, lo que a su vez ha limitado la capacidad del BCRA para acumular reservas. Este último problema se agrava debido a la constante apreciación cambiaria de los últimos años.
El actual régimen cambiario, en el que la tasa de devaluación no logra mantener el ritmo con la inflación, conduce a una apreciación en términos reales que obstaculiza la mejora de la competitividad del país en el comercio internacional. Este contexto ha resultado en una constante disminución de las reservas internacionales en los últimos años, un proceso que se ha intensificado en el año en curso. En concreto, durante 2023, las reservas han disminuido en aproximadamente US$ 16 mil millones.
En un intento por abordar esta situación, el Gobierno aceleró el ritmo de depreciación diaria durante los días previos a las elecciones primarias, y luego de las PASO, el peso se devaluó por encima de un 20%. Esta última medida parece haber sido un esfuerzo por recuperar la competitividad perdida en el pasado reciente. Sin embargo, la decisión del ministro de Economía de dejarlo fijo, por lo menos hasta las elecciones, hará que a fin de octubre, el tipo de cambio real vuelva a niveles similares previos a lo visto de la devaluación de agosto, pero con una mayor nominalidad en la economía.
Todos estos factores se alinean para generar un deterioro ulterior en la ya dramática situación inflacionaria. La inflación mensual de agosto alcanzó un 12,4%, marcando un posible piso para lo que queda del año. El último relevamiento de las expectativas del mercado ya anticipa una inflación del 170% para este año, estimación que seguramente empeore en los próximos meses.
En resumen, la economía se mueve a una mayor nominalidad que antes, y las recientes medidas de enfoque a corto plazo, que presionan sobre la ya delicada situación fiscal, aumentan los riesgos de recurrir a la emisión para cubrir el déficit, lo que se traducirá en una mayor inflación.
Bajo estas premisas ocurren las elecciones, con candidatos que no detallan planes sólidos para abordar estas problemáticas de manera efectiva. Independientemente de quién resulte ganador, el cierre de este año se caracterizará por una mayor incertidumbre y una economía aún más delicada.
Es importante destacar que todo esto se ha repetido en varias ocasiones a lo largo de los últimos treinta años, con excepciones ocasionales. El desequilibrio fiscal no es un problema reciente, sino que persiste desde hace mucho tiempo. Dicho esto, se hace claro que mantener los mismos lineamientos económicos actuales sería altamente riesgoso, sobre todo porque se suma una creciente fatiga con Argentina en el seno del FMI, lo que plantea un escenario muy complicado para el próximo gobierno. El reciente reclamo de Jay Sahmbaugh, el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Asuntos Internacionales, se puede interpretar como una solicitud al FMI para que el organismo sea más rígido en el cumplimiento de las condiciones del programa después de las elecciones presidenciales argentinas.
Justamente, lograr un equilibrio fiscal podría considerarse el comienzo de un cambio en el régimen económico del país; solo queda seguir de cerca esta etapa de transición y comenzar a ver a qué tipo de políticas económicas se suscribirá la Nación luego de las elecciones presidenciales.
* Economista de la consultora ACM.
