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ELOBSERVADOR / Informe de unicef
sábado 8 diciembre, 2018

La pobreza infantil va más allá de la falta de dinero

Los autores del estudio del fondo de la ONU que reveló la gravedad de la situación de millones de niños explican a PERFIL cómo se llegó a estas cifras que tanto preocupan.

Sebastian Waisgrais *, Jorge Paz **, Luis Beccaria ***.

Derechos del niño. Del 48% de niños pobres, el 20% de ellos se encuentran en condiciones severas. Un 27% sufren privaciones. Foto: cedoc
sábado 8 diciembre, 2018

La divulgación de nuevos datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec del primer semestre de 2018 nos permite realizar un diagnóstico de la situación de la pobreza en general y de la de la niñez y la adolescencia en particular, a partir de un trabajo conjunto de investigadores de Unicef, Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de Salta y Equidad para Infancia.

Medimos dos conceptos globalmente reconocidos: privaciones no monetarias, es decir aquellas que no se estarían cumpliendo según la Convención sobre los Derechos del Niño –educación, protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura y un hábitat seguro– y monetarias, a partir del cálculo de líneas de pobreza realizadas por el Indec.

Los resultados no son alentadores. El 48% de las niñas, niños y adolescentes presentan privaciones en al menos una de las seis dimensiones consideradas. De ese 48%, 20 puntos corresponden a las que pueden clasificarse como severas. Esta incidencia se sitúa diez puntos por encima de la población en general que alcanza al 38%.

Con relación a la pobreza monetaria, el 42% de las niñas y niños residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrir una canasta básica de bienes y servicios y más del 8% no alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria (indigencia). Estas cifras contrastan con la de la población en general: 27,3% y 4,9%, respectivamente. Aparece así revelado un fenómeno conocido donde la pobreza en la niñez es significativamente más elevada que la pobreza en adultos.

En términos absolutos 17 millones de personas tienen privaciones no monetarias y 6,3 millones de niñas y niños ven vulnerado el ejercicio efectivo de sus derechos. Por el lado de los ingresos, son 12 millones las personas que residen en hogares con ingresos insuficientes, y 5,5 millones de niñas y niños que se encuentran en esta situación.

Los resultados muestran que la calidad del empleo es un determinante central para estar fuera de la pobreza. Un niño que vive en un hogar cuyo referente se desempeña como trabajador informal tiene una probabilidad tres veces más alta de estar en la pobreza que aquella otra u otro que reside en un hogar cuyo referente tiene un trabajo formal. Asimismo, la pobreza infantil es más elevada en los hogares monoparentales que cuentan con una única (o único) proveedora de ingresos, que además debe asumir tareas domésticas y de cuidado debiendo aceptar en algunos casos inserciones laborales precarias o informales.

En un contexto de elevada vulnerabilidad nuevamente resaltamos la importancia de las transferencias monetarias como la Asignación Universal por Hijo. A modo de ejemplo reduce en promedio un 31% la pobreza extrema en niñas y niños.

Por último, combinando métodos monetarios y no monetarios, encontramos que el 27% de niños y adolescentes sufren ambas privaciones, lo que equivaldría a 3,5 millones de chicos. Las mediciones que tienen en cuenta ambos aspectos proporcionan una imagen completa de las privaciones superpuestas que afectan a la niñez.

Hay al menos tres recomendaciones a tener en cuenta. En primer lugar, los datos utilizados nos permiten realizar una aproximación, pero distan de ser una fuente adecuada para medir las múltiples manifestaciones de la pobreza. Segundo, si bien los resultados muestran una elevada incidencia de la pobreza todavía no se están  captando los efectos de la actual situación macroeconómica y fiscal. Por ello, resulta central que el Estado disponga de una fuente de datos oficial y pública para monitorear y rendir cuentas sobre las privaciones que afectan a la población. Por último, nuevamente abogamos, y particularmente en el contexto económico actual, para que el Estado adopte todas las medidas administrativas, legislativas y presupuestarias para hacer efectivos los derechos de la niñez y la adolescencia.

*Especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef Argentina

**Director del Ielde, Universidad Nacional de Salta.

 


 

Es clave tener acceso a los derechos

La pobreza puede definirse, de manera general, como la situación de privación de las necesidades básicas y/o derechos fundamentales. Para contar con evidencias acerca de ella, se calcula regularmente la proporción de personas que pueden considerarse pobres y se brinda información sobre sus características. Para ello, frecuentemente se adopta un método (que cuenta con una larga tradición) según el cual son pobres quienes viven en hogares cuyos miembros perciben, en conjunto, un ingreso monetario total inferior al valor de una canasta mínima de gastos. Precisamente, hace pocos días el Indec difundió las cifras correspondientes al primer semestre de 2018 basadas en este enfoque y que indicaban que 27,3% de la población se encontraba en situación de pobreza (42% entre los niños). El hecho de que cerca del tercio de la población (y la mitad de los niños) se encuentre en tal situación es de por sí preocupante y un claro desafío que debe atenderse urgentemente, más aún cuando se comprueba que esta proporción no ha cambiado mucho durante los últimos años.

Este enfoque “monetario” de identificación de la pobreza parte de reconocer que la falta de ingresos suficiente es la razón básica por la cual las personas no pueden acceder a bienes y servicios que satisfacen las necesidades básicas o alcanzar los derechos fundamentales. Sin embargo, no es el único que se viene empleando ya que desde hace varios años, un número creciente de países recurren a un método basado en la indagación directa del grado de satisfacción de las necesidades o del acceso a los derechos fundamentales. Esta perspectiva es relevante, y complementaria de la monetaria, por varias razones. Una de ellas es que el acceso a los bienes y servicios que evitan las privaciones no depende solo del ingreso sino de la acción del Estado, que debe garantizarlo. Asimismo, un ingreso “suficiente” en un momento determinado (que lo haría “no pobre” según el enfoque monetario) no siempre evita ciertas privaciones. Por ejemplo, acceder a una vivienda adecuada puede requerir algún tipo de ahorro o tener la expectativa de que ese ingreso no fluctúe mucho en el tiempo. De allí que evaluar el grado de insuficiencia de ingresos resulta necesario, pero también importa conocer directamente las situaciones de privación. Lamentablemente, Argentina no cuenta con medidas oficiales de este tipo, denominadas usualmente “multidimensionales” o de “privaciones múltiples”. Precisamente, Unicef, con el apoyo de investigadores de algunas universidades, efectuó recientemente una medición que recurre a este enfoque. El mismo evalúa los aspectos habitacional y de servicios básicos, de accesos a mecanismos de protección y, para los niños, también a la educación. Sus resultados arrojan que el 38% de las personas registraba al menos una de esas privaciones en el primer semestre de 2018 y si nos enfocamos en niñez y adolescencia ese valor asciende a 48%.

La disponibilidad conjunta de ambos enfoques es de suma importancia en tanto contribuye a una mejor comprensión del fenómeno y al diseño de políticas públicas. Así, se verifica que el deterioro de los ingresos, que ha sido particularmente marcado este año, y la desmejora en las posibilidades de empleo (aumento del desempleo y la precariedad laboral) ya han elevado las cifras de pobreza monetaria (pasó del 25,3% en el segundo semestre de 2017 al ya mencionado 27,3%) y cabe esperar incrementos más intensos en la segunda parte del año y posiblemente hacia principios de 2019, sin cambios mayores en su segunda parte. Las privaciones materiales han mantenido también su elevado nivel en los últimos años, consistente con una dinámica primero mediocre y luego claramente negativa, del ingreso y del empleo que no ha sido compensada con políticas públicas. El uso de ambos enfoques permitirá precisamente indagar  las características que asuma la dinámica de ese proceso. Pero también facilita la identificación de acciones públicas prioritarias, así como el seguimiento de aquellas que deberían desplegarse con el fin de morigerar el deterioro de las privaciones que puede preverse a partir de la evolución económica y laboral global.

***Universidad Nacional de General Sarmiento.


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