Urgido por la deuda pública y el déficit fiscal, el Gobierno de Italia, cuyo titular es Matteo Renzi, decidió poner en subasta una serie de islas, palacios y castillos para poder solventar sus cuentas. El plan es parte del programa de privatizaciones antes anunciado por ex presidente del consejo de ministros Enrico Letta.
Según cálculos revelados en un reciente informe elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas italiano, el patrimonio arquitectónico de todo el país tiene un valor superior a los 281.000 millones de euros, lo que equivale a cinco veces la fortuna del multimillonario Bill Gates, según cálculos del diario El País.
El nuevo gobierno de Renzi, dispuesto a impulsar el plan de privatizaciones que ya anunció su predecesor Letta, pretende enajenar desde una hermosa isla abandonada en la laguna de Venecia —en una concesión de 99 años— hasta un castillo del siglo XV que está en Gradisca d’Isonzo, cerca de la frontera con Eslovenia. También se subastarán unas barracas militares en el centro de la localidad de Trieste y una residencia en la centro de peregrinación de Loreto.
El objetivo es destinar esos fondos a reducir su deuda pública, que asciende al 130% del PIB.
El gran inconveniente es contabilizar el valor del patrimonio, dado que la cifra arrojada por el informe de la cartera de Economía es sólo una estimación. Organismos privados estiman que la cifra podría ascender hasta los 400.000 millones de euros. Porque, aunque parezca increíble, el Estado italiano desconoce la magnitud del patrimonio que posee en realidad. El 40% de las administraciones públicas —incluida la presidencia del Gobierno— no comunicó aún la cantidad de su patrimonio inmobiliario.
Un ejemplo de esto, también reflejado en el matutino español, es que la Cámara de Diputados de Italia firmó un nuevo contrato con el empresario Sergio Scarpellini, considerado el rey del ladrillo en Roma, para alquilar por nueve años, renovables por otros nueve, algunos edificios en el centro de la ciudad por un valor total de más de 20 millones al año. Pero fue grande la sorpresa para los italianos cuando el empresario inmobiliario admitió en una entrevista en diciembre: "Con todo el dinero que me ha pagado el Parlamento por los alquileres, más de 369 millones de euros, podrían haberse comprado un par de palacios, pero prefieren seguir pagando la renta".
