Después de 15 años de negociaciones y una última ronda de 36 horas ininterrumpidas, este domingo a la madrugada representantes de 193 países acordaron en la sede neoyorquina de la ONU proteger las aguas internacionales, hasta hoy abiertas a la explotación comercial sin reglas claras y con una aplicación errática. Fue posible gracias al poder combinado de la Unión Europea, Gran Bretaña, Estados Unidos y China, y a la presión del hemisferio sur por alcanzar un pacto justo.
El Tratado de los Océanos, que deberá ser ratificado por cada estado, fija un marco para crear reservas internacionales, avanzar en evaluaciones de impacto ambiental y repartir los beneficios de los recursos genéticos, uno de los puntos más álgidos, ya que el genoma de esponjas, corales, algas y bacterias es objeto de interés creciente para su uso en drogas y cosméticos.
Las aguas de alta mar son aquellas que no están incluidas en las zonas económicas exclusivas de los países, es decir, las que van más allá de las 200 millas (320 kilómetros) desde la costa. Aunque producen la mitad del oxígeno que respiramos y absorben buena parte de las emisiones de dióxido de carbono, están acechadas por el cambio climático, la invasión de plásticos y la incipiente minería en sus lechos.
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Su desprotección también permite el avance de flotas particulares, muchas veces auspiciadas por los estados, sobre recursos que pertenecen a toda la humanidad. Algo especialmente preocupante para Argentina, que desde ahora tendrá más herramientas para controlar a los barcos asiáticos que año a año depredan sus reservas de calamar. Aunque se muevan mayoritariamente fuera de las aguas de nuestro país, su actividad afecta directamente a los recursos propios, que naturalmente desconocen fronteras.
El acuerdo fue bienvenido por distintos expertos. “Es enorme su importancia para el futuro de la humanidad (…) Puede asegurarnos la viabilidad de los factores claves que han permitido la vida en este planeta”, se esperanzó ante La Nación.
El chileno Maximiliano Bello, uno de los principales impulsores de áreas marinas protegidas en América Latina. Jessica Battle, experta en gobernanza de los mares de la Fundación Vida Silvestre, le dijo a The Guardian que “lo que pase ahora en alta mar ya no se tratará de «ojos que no ven, corazón que no siente»”. Desde hoy, sólo queda asegurar una implementación rápida y, sobre todo, efectiva.
