La creación del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas (NODIO) dentro de la Defensoría del Público a principios de octubre, fue un acto fallido originado en preocupaciones legítimas sobre temas acuciantes y con sólidos fundamentos, pero cuya conducción no puede recaer sobre un organismo que forma parte de la estructura del Estado.
Los observatorios en materia de información, comunicación y cultura han proliferado en numerosos países de Iberoamérica al menos durante los últimos 20 años. Organizados en torno a una gran variedad de temas, objetivos, metodologías, ámbitos de actuación y mecanismos de financiamiento, su actividad ha contribuido a recopilar, organizar y analizar información, y producir conocimiento sobre temas de interés general, logrando en ocasiones incidir en la formulación de políticas públicas. La búsqueda del término “observatorio de medios” en Google arroja hoy casi 32 millones de resultados; es un fenómeno extendido y habitual.
La creación del NODIO ¿es legítimamente democrática?
El caso particular de los observatorios que analizan el funcionamiento de los medios de comunicación despierta suspicacias legítimas por el cruce conflictivo entre la fiscalización del discurso mediático y el respeto a la libertad de expresión. La relación entre los medios y sus observadores se basa en la desconfianza. "Los medios son los que siempre reclaman contrapoderes y ellos mismos funcionan como un contrapoder, pero no soportan un contrapoder mediático", decía en 2008 el escritor español Ignacio Ramonet, quien años antes había impulsado la creación de un observatorio internacional de medios.
La tensión crece cuando la tarea de “observar” el discurso mediático se realiza desde la propia estructura de alguno de los poderes del Estado, con quienes muy frecuentemente mantienen relaciones simbióticas. De esta forma la intervención estatal es bienvenida por los medios cuando avala procesos de concentración en trámite express afectando la competencia, condona deudas previsionales, asigna generosa pauta oficial o flexibiliza regulaciones indeseables, pero es vehementemente rechazada, y con buenas razones, cuando se orienta a “observar” sus contenidos.
Tras un amplio estudio realizado en 2006 sobre casi 60 observatorios de comunicación de Iberoamérica, sus autores, Luis Albornoz y Micael Hershmann concluyeron que aquellos destinados a fiscalizar los contenidos emitidos por los medios eran la minoría. Además, la existencia de medios que funcionan como voceros de la comunicación política de algunos gobiernos y gobiernos que ejercen formas de presión y censura indirecta sobre medios, sumado a la juventud de las democracias en la región deslegitima cualquier intervención estatal sobre los contenidos mediáticos. Frente a esta situación, concluyen los investigadores, “los observatorios dedicados a fiscalizar el propio sistema mediático y sus contenidos no pueden provenir sino de la iniciativa propia de la sociedad civil”.
Paradójicamente la propia Defensoría del Público que propone NODIO monitorea desde hace años temas vinculados a contenidos informativos en televisión, y en ningún caso sus informes, que son públicos, devinieron en actos de censura o restricciones al ejercicio de la libertad de expresión. Pero la desinformación y la violencia simbólica son categorías polisémicas (cada quien las llena del sentido que su identidad y pertenencia política previa le permiten)y toca además fibras sensibles en sociedades altamente polarizadas como la nuestra, por lo que presentar en sociedad un observatorio de estas características sin tener antes una metodología robusta para mostrar no pareciera ser una muy buena idea.
Nodio, el "observatorio de la desinformación", genera rechazo de Adepa y la oposición
Un observatorio no es mucho más que su metodología, porque ella anticipa lo que es capaz de producir. Sin metodología a la vista, NODIO es un enunciado político que nació antes de tiempo, posiblemente en el lugar equivocado y destinado a generar más de aquello que pretende combatir. Todas estas cuestiones corregibles, no obstante, porque aunque el Estado no debiera conducir el proyecto, el proyecto es necesario y el Estado tiene cosas que decir al respecto.
Ezequiel Rivero. Becario Conicet en UNQ/UNC. Integrante del Programa de Investigación Industrias Culturales y Espacio Público, UNQ.
