El 30 de diciembre de 2004, en la Ciudad de Buenos Aires, múltiples falencias ocasionaron un trágico siniestro en el local de baile conocido como República Cromañón, causando una gran cantidad de muertos y heridos. Este hecho puso en evidencia extrema -entre múltiples cuestiones- la deficiencia de los sistemas que en su momento debían garantizar la seguridad de la población.
Tales circunstancias condujeron a revisar, ordenar y actualizar de manera inmediata los marcos normativos para una adecuación que eficientice, garantice, agilite y facilite su aplicabilidad.
En ese marco, se creó una Comisión Asesora en materia de incendios, siniestros y prevención (Decreto 174/05), conformada por una veintena de prestigiosas instituciones profesionales de la Ciudad, con el propósito de elaborar propuestas de actualización normativa, de políticas preventivas, de control comunitario y de asistencia técnica, con acciones en el mediano y largo plazo.
En esas mesas de trabajo se puso de relieve cómo la principales causas que entorpecían o bien desalentaban el contralor en materia de seguridad lo constituían la existencia de un severo distanciamiento entre la realidad construida y la realidad burocrática, indispensables ambas, pero que se encontraban en estado de colisión.
Se constató cómo los inmuebles atraviesan en su vida útil por distintos actos administrativos y legales en los que el Estado interviene -construcción, seguros, habilitación, transferencia, etc.- pero que, como no eran vinculantes entre sí, su cambio de estatus no conllevaba la verificación sobre el cumplimiento de los otros.
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Los verdaderos escollos administrativos para obtener permisos, registros, habilitaciones y aprobaciones fueron zanjando un abismo entre los edificios y su representación documental, entre los espacios reales donde se desarrollaban las actividades y los textos que los deberían reflejar.
Huellas de vida para una ciudad post-Cromañón
De manera que el trabajo de la Comisión planteó un escenario “post-Cromañón”, de cara a evitar futuras tragedias, ofreciendo caminos ágiles y transparentes para conciliar las lógicas de gestión con las propias dinámicas de producción de ciudad.En términos generales, el conjunto de propuestas elaboradas contribuyó a alimentar un debate superador donde, más allá de la reformulación del marco normativo, se enfatizó en la redefinición de mecanismos de presentación, revisión, aprobación, control y registro de la realidad.
Desde esta perspectiva, la Ciudad ha debido transitar por una tragedia que puso en evidencia fragilidades: por un lado, se encontraba enmarañada en un sistema de disposiciones cruzadas que dificultaban su accionar y, por otro, daba cuenta de ciertos vacíos en la gestión local respecto de la seguridad de la población y del ordenamiento de actividades con limitada capacidad de control y fiscalización.
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En este lapso de trabajo han logrado generar un discurso común y una serie importante de acuerdos para lograr la mejora sustantiva en la gestión.
Recientemente, el edificio y entorno del antiguo local República Cromañón fue declarado Monumento Histórico Nacional. Responde a la necesidad de preservar íconos urbanos que evidencian a sitios signados por tragedias acaecidas en la ciudad, con el propósito de constituirse en marcas en memoria permanente de las víctimas por parte del conjunto de la sociedad.
En consecuencia, en nuestras calles encontramos cada vez más altares, ermitas, estrellas, zapatillas, murales, árboles, barandas y parques que buscan condensar de manera contundente la memoria, el dolor, la anomia y el tributo, como marcas de una tragedia urbana que debió haberse evitado.
Mediante estas “huellas de vida”, aparecen ciertos íconos que balizan la ciudad en llamado a un luto público, en demanda de una curación colectiva.
