Estamos a tiempo, no perdamos la razonabilidad y prudencia para vivir civilizadamente, lo que debemos mantener incólumne entonces son los principios de debate e identidad plural, no su silenciamiento.
Horror. La mano de Sabag Montiel empuñando el arma que gatillo frente a la cara de Cristina Kirchner. |
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El intento de magnicidio hacia la Vicepresidenta de la Nación reavivó lo peor que la vida en sociedad puede esperar: la ruptura de las reglas de convivencia y la tentativa de delito contra la vida de una de las personalidades políticas más importantes de nuestra historia política contemporánea reactualizó y amplió justificadamente el sentido de la proclama del Nunca Más.
Lo que hay que dejar en claro dentro de la vorágine de especulaciones, posturas extremas y declaraciones que no parecen estar a la altura de las circunstancias es que nos acercamos al abismo del sin sentido y el vacío valorativo respecto a la diversidad social e individual que el régimen constitucional argentino consagra y exige respetar.
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Buena parte de lo expresado por la dirigencia expresa su conmoción. Estamos ante un hecho conmocionante desde la perspectiva comunicacional. Pero, no en todos los casos logra encontrar el tono, la palabra ni la postura para que ello sume en claridad, transmita tranquilidad y aporte certidumbre a la sociedad.
Por esto, es importante hacer un punteo mínimo, de 4 dimensiones, sobre qué es parte de las actuaciones dentro de la arena política y la democracia constitucional así lo permite, y qué no, que es parte de la opacidad y el horror.
Primero, la comunicación política, en un sentido amplio, es por definición contradictoria. Está signada al debate por valores y visiones sociales. Entran en franca discusión dirigentes, periodistas, los medios y sus editoriales, los intelectuales e influencers, con fines a ampliar la mirada sobre los hechos públicos. El debate de oposiciones es la norma dado que vivimos en una sociedad compleja y plural. El punto de común denominación es la tolerancia.
Hasta aquí, el debate encausado sin sobrepasar los límites propios sobre las políticas públicas es esperable y ahí puede haber una competencia y hasta exacerbada disputa deliberativa. Se discuten críticamente posturas dirigenciales, modelos de gobierno, distribución de recursos, visión del país. Es lo que alimenta las agendas mediáticas, políticas y públicas. Esto no debería sorprender a nadie y es el motor de la democracia, es un modo de visibilizar nuestras diferencias.
Segundo, la democracia como forma de vida regular en donde todos los ciudadanos pueden intervenir políticamente por intermedio de sus representantes o por los medios institucionales de participación, encuentra aún en posturas encontradas que el límite es: percibirnos como enemigos, convalidar la intolerancia y permitir la ruptura del régimen legal y político que nos conforma como república. Aquí hay una ruptura de las reglas de juego de la política y lo político.
El límite entonces es el peligro que el otro deje de parecernos semejante, alguien con quién diferir no suponga su finitud, que las diferencias no se transformen en una revolución de silenciamiento y apartamiento de los derechos básicos, individuales e inalienables.
Tercero, el ambiente electoral que se nos aproxima más rápido de los esperado, y sus instituciones tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, deben asegurarnos siempre la libertad de expresión y el valor de la incertidumbre, lejos de las posturas que expresan que se deben dar certezas.
Un real proceso electoral democrático sin sospechas ni arreglo debe darnos en verdad incertidumbre respecto del resultado lo cual supone que de antemano ni oficialismo ni oposiciones y la ciudadanía sepan quién ganará la contienda. Si hubiera certidumbre electoral para algún grupo político estaríamos ante arreglos y fraude electoral para el resto de la sociedad.
Cuarto, el Poder Judicial debe volver a ser un cuerpo que debe realzar su función y recuperar el valor de la imparcialidad. Sus funcionarios deben estar por sobre los intereses de las partes en su accionar y decisiones lo cual no supone entenderse así mismos como actores que se encuentren por sobre la igualdad ante la ley y poseer un carácter privilegiado. Por esto, se espera neutralidad y decidir conforme a la ley, no según los humores sociales ni las épocas o tendencias políticas.
Finalmente, la imagen del atentado perpetrado simbólicamente y fallido en su ejecución y finalidad, es una imagen ejemplificativa y real de la grieta, del descontrol, de la impericia y de la locura en la que vivimos y nos hemos habituado sin alarmarnos. Es una falla en la cultura cívica, una ruptura identitaria, un intento de dar por terminada la alteridad.
Por esto, la democracia real necesita de instituciones fortalecidas y hábitos consecuentes con la lógica del régimen constitucional que instituyó a los valores de la tolerancia, idoneidad, publicidad y profesionalismo como claves en su estructura y dinámica ejecutiva. Los gestores políticos se deben a sus mandantes -el electorado- y no al revés. Por esto, el llamado a la pacificación hoy es un imperativo transversal a toda la dirigencia y el pedido de cuidado, resguardo y seguridad institucional es sustancial a la posibilidad de mantener la gobernabilidad en sus tres niveles de administración. La crisis nunca fue ni puede ser vista como opción.
Resulta claro entonces que, el Nunca Más se actualizó e incorporó un nuevo hecho simbólico, que debe ser tenido como parte integrante de la proclama y de la defensa de la democracia para no opacar nuevamente nuestra historia. El horror nunca debe ser habitado por más diferencias que se enarbolan dado que corremos el riesgo de normalizar o rutinizar la barbarie bajo una pretensión simulada de civilidad y discursos de odio. Estamos a tiempo, no perdamos la razonabilidad y prudencia para vivir civilizadamente, lo que debemos mantener incólumne entonces son los principios de debate e identidad plural, no su silenciamiento.
*Javier Adrián Cubillas. Analista de Asuntos Públicos.
