Salvo que el Gobierno lo modifique, el juez Javier Leal de Ibarra dirigirá la oficina de escuchas por los próximos tres años. Presidente de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, reemplazó en ese cargo a Martín Irurzun el lunes pasado. Durante el macrismo, cuando la oficina pasó de la Procuración a la Corte Suprema, Leal de Ibarra fue el segundo de Irurzun en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco). Ahora es el responsable principal de las pinchaduras legales.
—En los últimos cuatro años se filtraron muchas conversaciones. ¿Qué pasó?
—Siempre puse la cara frente a las filtraciones, porque no salieron de la Dajudeco. Lo acreditó el Poder Judicial, que desestimó denuncias. Obvio que son horribles. Es horrible que la gente sepa lo que hablamos, más sobre la vida privada, desde el último ciudadano hasta un ex presidente.
—¿Quién las filtró?
—No sé. Es una investigación para la Justicia. Yo soy director de la oficina. De acá no salieron.
—¿Cuántos ex espías trabajan en la Dajudeco?
—Cuando asumimos, la mitad del personal venía de AFI. De a poco volvieron a su dependencia. Designamos gente del Poder Judicial, y ahora ninguno de los 340 empleados es de AFI. Tienen un convenio de confidencialidad. Y seguimos pautas de transparencia con duras sanciones.
—A la oficina entraron muchos familiares de judiciales. ¿Por qué?
—Nos tuvimos que hacer cargo de un día para el otro. No hubo tiempo de hacer un casting y no podíamos estar un segundo sin trabajar. Sin tiempo, nombrás gente de tu confianza que garantice transparencia.
—¿Dispusieron cambios en el pedido de escuchas?
—Sí. Limitamos la cantidad de interceptaciones telefónicas: un juez no puede requerir más de diez en treinta días. Después debe pedir una prórroga fundada.
—¿Qué efecto tuvo la medida?
—Generó sobresaltos en magistrados acostumbrados a otra manera de trabajar. Y hay menos pedidos.
—¿La Dajudeco volverá a depender de la Procuración?
—No tengo idea. Voy a estar hasta el día que corresponda.
—¿Qué diferenciará su gestión de la de Irurzun?
—Seremos diferentes en algunos aspectos y habrá continuidad en otros.
—La ex fiscal Cristina Caamaño estuvo al frente de la oficina de escuchas y ahora es interventora de la AFI. ¿Qué opina de ella?
—La respeto mucho. Fue una muy buena fiscal.
—¿Existe el lawfare?
—Me faltan lecturas. Desde hace cuarenta años trato de administrar justicia de la mejor forma posible. Es una palabra disvaliosa, y en mi tribunal no se aplica. No me meto en decisiones de colegas.
—¿Cómo ve el proyecto sobre jubilaciones para judiciales?
—De ninguna manera el sistema actual es de privilegio. Eso sería si trabajás dos horas y te jubilás con el 82% móvil. Hacemos como mínimo treinta años de servicio y un aporte mayor al promedio. No me parece errado subir el piso de edad: a los 60 años se tienen veinte años por delante.
