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POLITICA / los negocios de los macri, en la mira
sábado 30 noviembre, 2019

Autopistas: Canicoba Corral sospecha que el Ejecutivo oculta información

El magistrado apunta a dar con documentación elaborada por el ex procurador Carlos Balbín (foto), a quien pidió que declare como testigo. Los detalles.

por Emilia Delfino

Causa. Buscan determinar si el Ejecutivo benefició a Abertis. El procurador Balbín se fue del gobierno en 2017 por pedido de Macri. Foto: cedoc
sábado 30 noviembre, 2019

El caso autopistas avanza en los tribunales federales. El juez Rodolfo Canicoba Corral había citado como testigo al ex procurador del Tesoro Carlos Balbín para que declare este viernes en una de las investigaciones que más compromete al saliente gobierno de Mauricio Macri.

En las últimas horas, el magistrado envió el pliego de preguntas para el testigo. Tras su paso por la Procuración del Tesoro, Balbín regresó a su cargo como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña. Al ser magistrado, puede prestar declaración testimonial por escrito, derecho al cual se acogió, confirmaron tres fuentes con acceso al caso.

Balbín ya tiene consigo el pliego de preguntas y estará respondiendo la semana próxima, agregaron las fuentes. Con el testimonio del ex procurador de Macri, el juez busca establecer si la actual Procuración del Tesoro ocultó parte de la documentación del caso a la Justicia, confirmaron las tres fuentes del caso. PERFIL se comunicó con voceros del organismo para consultar sobre este punto, pero no recibió respuesta.

Autopistas: qué dicen los documentos de un caso que puede complicar a Macri y sus funcionarios

El caso. La causa Autopistas se centra en la renegociación de los contratos de dos accesos viales, norte y oeste, con una ex socia de la familia Macri: la española Abertis. La Justicia busca determinar si el Ejecutivo benefició a la compañía en detrimento del Estado.

El rol de Balbín durante su corto paso por el gobierno de Macri es central en el caso. El jurista había iniciado una estrategia de defensa del Estado argentino frente a la demanda de Abertis ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un tribunal internacional que intenta arbitrar entre los Estados y las empresas de capitales extranjeros.

Sin embargo, a fines de abril de 2017, Macri pidió la renuncia de Balbín y el Ejecutivo dio un giro de 180 grados en el caso. La Procuración del Tesoro tiene como misión ejercer como abogado defensor del Estado frente a los reclamos judiciales de empresas y debe ser consultado por los funcionarios sobre las conveniencias legales de contratos y acuerdos.

Cronología de una demanda y un acuerdo bajo sospecha

Abertis demandó a la Argentina por el congelamiento de las tarifas de los peajes en diciembre de 2015. Entonces aún era socia de Sideco (de la familia Macri) en Ausol, la concesionaria del Acceso Norte. Reclamaba supuestas deudas por US$ 1.721 millones.

Uno de los documentos que busca Canicoba es un escrito de febrero de 2017, que existe, de acuerdo al archivo online del Ciadi, pero que no consta en la documentación remitida a la Justicia por el actual procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, sostuvo una fuente judicial. De acuerdo con el tribunal internacional, la Procuración (con Balbín a la cabeza) había planteado en ese documento que rechazaba la jurisdicción del fuero en el caso y solicitaba al Ciadi inhibirse de tratar la demanda.

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Además, planteó que Abertis no cumplió con las reglas: debía iniciar una demanda en el país antes de acudir a un tribunal internacional. También sostuvo que la empresa esperó 14 años sin hacer ninguna demanda judicial local. Abertis rechazó el planteo y sostuvo que el Ciadi debía arbitrar en el caso. La empresa argumentó que en 14 años no inició demandas porque era una vía “ineficaz” de reclamo. Consta en un documento presentado por la empresa ante el Ciadi. La compañía se negó en reiteradas ocasiones a contestar las consultas de PERFIL.

Diez fallos del Ciadi complican la versión del Gobierno

Desenlace. En 2017, el Ciadi aceptó analizar la postura de Balbín pero antes de que tomara una decisión, Macri expulsó al jurista del organismo. Canicoba también busca establecer si la modificación de la estrategia terminó siendo perjudicial para el Estado argentino y beneficioso para la compañía que había demandado al país.

En junio de 2018, el Gobierno le reconoció a Abertis deudas por un total de US$ 747 millones (US$ 500 millones a Ausol y US$ 247 millones a Acceso Norte), de acuerdo con el Ministerio de Transporte. Como parte del acuerdo, la empresa recupera actualmente esa deuda a través del cobro de peajes (ya que sigue explotando ambos accesos hasta 2030), explicó el gerente de Asuntos Jurídicos de Vialidad, Ricardo Stoddart.


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