Ayer, a cincuenta y un días de la desaparición de Santiago Maldonado, la causa tuvo un movimiento clave: la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia decidió el apartamiento del juez federal de Esquel, Guido Otranto, quien entendía en el caso desde el comienzo y decidió que a partir de ahora quede a cargo de su par de Rawson, Gustavo Lleral. Maldonado, de 28 años, fue visto por última vez en medio de un violento operativo de desalojo a manos de Gendarmería Nacional, en la zona de Cushamen.
La recusación de Otranto había sido pedida por la familia Maldonado y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Poco después de conocerse la remoción, la familia de Santiago, a través del sitio web creado especialmente por ellos para transmitir información del caso, celebró la decisión de la Cámara, pero manifestó su preocupación por los “argumentos desechados”. En el comunicado detallaron que el tribunal “sólo tuvo en cuenta las expresiones públicas del Dr. Otranto vertidas al diario La Nación publicadas el 17 y 18 de septiembre del corriente”. Y agregaron que para “la Cámara no hubo “parcialidad subjetiva” contra la comunidad mapuche como así tampoco consideró nuestras denuncias de maltrato”.
En una entrevista reciente, al diario La Nación, el magistrado había sostenido que la principal hipótesis sobre qué podía haber pasado con el joven era que se hubiera ahogado en el río, alejándose así de la sospecha sobre desaparición forzada.
La decisión de la Cámara, que hizo lugar al apartamiento, fue con fundamento en el temor de la familia Maldonado, pero al mismo tiempo resaltó que “no existen elementos que nos permitan abrigar ninguna duda acerca de la honestidad intelectual y apego al cumplimiento de sus funciones del juez Otranto, mas dicha circunstancia no resultan óbice para resolver del modo que lo hacemos”.
La resolución de los jueces, Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman, incluyó la designación de Lleral, titular del juzgado federal 2 de Rawson, como magistrado exclusivo para el caso para los próximos dos meses.
Cerca de Otranto, ayer lamentaron la decisión de la Cámara y resaltaron el compromiso que el magistrado tuvo desde el comienzo con la causa y su dedicación para responder qué pasó con Santiago. También hubo quienes insistieron en el perfil medido que siempre tuvo el magistrado y que nunca fue un juez “antimapuche, ni mucho menos”. Y recordaron que en 2015 rechazó aplicar la Ley Antiterrorista contra la comunidad mapuche que poco antes había ocupado tierras de la estancia del empresario Luciano Benetton. También que a comienzos del año pasado, armó una mesa de diálogo por el caso de “La Trochita” y después ordenó la libertad del líder Jonas Huala, lo que le valió una de las dos denuncias que tiene ante el Consejo de la Magistratura. Se la hizo el propio gobernador de Chubut, Mario Das Neves. La otra, un apoderado del grupo Benetton. Ambas se adjuntaron y tramitan en la vocalía del radical Angel Rozas.
El perfil de Lleral es distinto. Se convirtió en juez hace menos de un año, tras quedar segundo en la orden de mérito ante el Consejo de la Magistratura en agosto de 2015, cuando el kirchnerismo todavía tenía mayoría en el organismo. Y recibió la aprobación del Senado en los albores de la gestión de Cambiemos.
Recibido en la Universidad de La Plata, pasó toda su carrera en el Poder Judicial chubutense. Los últimos diez como secretario del Juzgado Federal de Rawson. Especialista en Derecho Penal, según pudo reconstruir PERFIL hasta ahora no tuvo mayores contactos con causas que involucren a pueblos originarios. De perfil bajísimo, a su jura asistió el propio gobernador Das Neves.
La fiscal no cambia
A poco de que se cumplan dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado, las causas de Habeas Corpus y Desaparición Forzada pasaron de la Justicia Federal de Esquel a la de Rawson. La decisión de la Cámara de Comodoro Rivadavia indicó que el juez Lleral tenga acceso de inmediato a los expedientes, que por ahora tramitan en paralelo. También tendrá dedicación exclusiva, por dos meses.
A pesar del cambio de juzgado, la fiscal seguirá siendo Silvia Avila, quien cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). Fue esta unidad la que accedió a los primeros testimonios de los miembros de la comunidad mapuche, en Cushamen.
