Diplomáticos y judiciales coordinan esfuerzos para responder a la ofensiva del Gobierno sobre sus regímenes jubilatorios a los que cataloga como “de privilegio”. La alianza entre sus gremios, que no es nueva, apuesta más a la negociación que a la confrontación, con una serie de propuestas que buscan llevar a una futura mesa de consenso a partir de mediados de enero, cuando el Congreso reabra sus puertas.
El anuncio del presidente Alberto Fernández de avanzar sobre la letra legal que regula las jubilaciones de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación y los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, luego que estallara la polémica porque ambos sectores quedaban exceptuados del congelamiento, puso en alerta a sus representantes gremiales. Esta semana, entre brindis navideños, cruzaron mensajes para consensuar posturas y sumar fuerza ante el Ejecutivo aunque esto no se traduzca aún en un frente común.
Tanto la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (Apsen), que representa a los diplomáticos de carrera, como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que nuclea a jueces, fiscales, defensores públicos y secretarios, mantienen canales abiertos desde que el gobierno de Mauricio Macri amagara con avanzar en la misma dirección mediante decretos, sin concretarlo. Aquello motivó que ambos trabajaran en borradores con modificaciones a sus regímenes que, en las últimas horas, desempolvaron para reanudar el debate con sus asesores previsionales. De ahí que la movida del Ejecutivo los tomó por sorpresa, pero no con la guardia baja a fin de conseguir su objetivo: que no los lleven al régimen común.
Los magistrados, por caso, mantuvieron conversaciones con la ministra Marcela Losardo en las horas siguientes a conocerse el mensaje de la Rosada aunque fuentes de la asociación aseguran que la titular de Justicia no pudo brindarles mayores detalles del proyecto en cuestión. Por su parte, el lunes último, la Apsen envió una carta al canciller Felipe Solá para expresarle su inquietud y solicitarle una cita que todavía no se concretó. En una segunda etapa, piensan en requerir también una audiencia en Trabajo.
La principal preocupación de ambos sectores es remover el concepto de “privilegio” del eje de discusión. Afirman que son regímenes particulares que se ajustan a condiciones laborales específicas aunque entienden que pueden reformarse. Del lado judicial, por caso, están dispuestos a elevar la edad común jubilatoria para hombres y mujeres de los actuales 60 años. Forma parte de lo que han dialogado con sus representantes en el Consejo de la Magistratura esta semana.
En la casa diplomática, por su parte, barajan alternativas como reducir su jubilación garantizada del 85% del mayor sueldo en actividad al 82% o combinarlo con aportes extras. Argumentan que sus aportes, al igual que el de los magistrados, no están sujetos a topes, aunque en su caso es del 11 por ciento, como el régimen común, un punto menos que la contribución de los judiciales.
Por lo bajo, mientras tanto, apuestan a la capacidad de resistencia de un tercer sector afectado por esta ofensiva: el de los empleados judiciales, el sindicato que comanda Julio Piumato. Entienden que la circunstancia los beneficia al encontrarlos junto a ellos y los magistrados para negociar con el Gobierno. Y ponen sus fichas en aceitar los contactos con legisladores en el Congreso para prepararse para el debate que se dará en la segunda mitad de enero. Pese a ello, como los magistrados, tampoco pudieron acceder aún al proyecto del Ejecutivo.
